VALLADOLID
No sólo está en juego la elección de una u otra parcela en un punto u otro de la capital vallisoletana. También se cuestiona la forma de administrar los recursos públicos por no adoptar un decisión del Ministerio de Justicia a tiempo.
La dispersión en diez sedes judiciales por la ciudad supone también el incremento de los gastos que se abonan por la Gerencia Territorial de Justicia en Castilla y León, cuyo presupuesto anual es de unos 3,9 millones de euros para cinco provincias (León, Palencia, Zamora, Salamanca y Valladolid).
En al menos cinco de los locales de Valladolid, el Gobierno central tiene contratado a vigilantes de seguridad de una compañía privada que controlan los accesos a los edificios. Ello implica más de 6.000 euros mensuales (unos 100.000 euros al año). Si hubiera una sóla sede administrativa este gasto se reduciría por cuanto parte la vigilancia se asignaría a agentes de la Guardia Civil que actualmente se ocupan de las entradas en los dos inmuebles principales de la calle Angustías. «El disponer de sedes en régimen de alquiler supone también una 'sangría' en rentas cada año para el Ministerio, sin que se sepa cuál es el horizonte límite», recuerdan fuentes judiciales.
Los gastos de mantenimiento (luz, agua, calefacción, etc.) son otros de los desembolsos que se tienen que hacer. La dispersión de órganos jurisdiccionales comporta además de la falta de operatividad otro gasto en transportes de los expedientes judiciales y funcionarios. La Gerencia abona las facturas de los taxis que se utilizan para ir de una sede a otra por parte de los agentes, un hecho que se evitaría estando en el mismo edificio.
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