Un alto cargo del Gobierno aragonés, nuevo acusado por la trama urbanística de La Muela

ZARAGOZA. Poco después de las ocho de la tarde de ayer, el titular del juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, comenzó a tomar declaración a los veinte acusados por la policía en la «Operación Molinos». Al cierre de esta edición seguían esas comparecencias en el juzgado.
Horas antes, un alto cargo del Gobierno aragonés, el subdirector provincial de Urbanismo, Carlos Martín Rafecas, acudió a declarar a la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Es, hasta ahora, el último en ser incluido en las diligencias. Quedó en libertad tras declarar ante la policía, pero queda a disposición del juzgado porque los investigadores le acusan de un delito de tráfico de influencias. De los otros 19 detenidos hasta el jueves, dos han quedado en libertad a la espera de pasar ante el juez. Los investigadores también los consideran vinculados a la trama.
Tras prestar declaración ante la policía, Carlos Martín Rafecas reconoció que en diversas operaciones urbanísticas de La Muela se han detectado «anomalías» e «irregularidades». Confesó encontrarse «muy mal» anímicamente y confirmó que había declarado en calidad de imputado por la policía. También reconoció su relación con otros de los acusados, aunque las circunscribió a motivos fundamentalmente profesionales, por su calidad de alto cargo autonómico de Urbanismo.
Carlos Martín Rafecas es funcionario de la Administración autonómica desde 1976. Fue secretario general y director gerente del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón durante los años 90. Ocupó altos cargos durante varias legislaturas, tanto con gobiernos PSOE-PAR como PP-PAR, si bien el que fuera presidente del Gobierno aragonés por el PP, Santiago Lanzuela, precisó ayer que Martín Rafecas fue relevado durante su mandato como alto cargo en el área urbanística. Martín Rafecas también fue presidente del Consejo Económico y Social de Aragón, y desde hace unos años es subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno regional.
Periodistas increpados
Tras las diligencias policiales, después de un año de investigación que ha incluido múltiples escuchas telefónicas, ahora llega el momento de conocer los cargos que va imputando el juez. Hasta ahora lo que han existido son actuaciones policiales. Ahora es el juez al que le toca resolver en cada caso las imputaciones.
La primera en ser trasladada ante el juez, ayer por la tarde, fue la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, que fue arropada en el exterior del juzgado por un grupo de afines que increparon y se encararon con los periodistas, entorpeciendo la toma de imágenes. Tras ella entró en el juzgado otro grupo de detenidos, el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela y varios empresarios. Arrancó así la toma de declaraciones por el juez Alfredo Lajusticia, fase del proceso de instrucción que seguirá hoy, cuando pasarán el resto de detenidos, entre ellos el escolta Antonio Royo y el responsable de la inmobiliaria Aranade, Julián de Miguel.
La alcaldesa y el concejal de La Muela que han sido detenidos pertenecen al PAR. El escolta, de una empresa de seguridad privada contratada por el Gobierno aragonés, estaba asignado a la protección del consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné, quien también es secretario general del PAR. Y Julián de Miguel está al frente de Aranade, empresa con la que el gobierno municipal de La Muela ha estado compartiendo multimillonarios proyectos urbanísticos en la localidad.
El PAR anuncia «firmeza»
Entre los detenidos por la policía figuran también el arquitecto municipal de La Muela, el secretario del Ayuntamiento y una larga lista de empresarios. Entre ellos, Carmelo Aured, un primo de la alcaldesa, considerado como una de las piezas centrales de la presunta trama de corrupción.
Ayer, Alfredo Boné afirmó que la Ejecutiva del PAR actuará con «rapidez, firmeza y seriedad» una vez que conozca las medidas que proponga la dirección provincial del partido, que se reunirá el lunes para analizar lo ocurrido.