sábado, 31 de octubre de 2009

El 20% de las almazaras jiennenses dispone de seguridad privada


El subdelegado del Gobierno central en Jaén, Fernando Calahorro, ha afirmado que entre un 20% o un 25% de las almazaras cuenta con seguridad privada.
En declaraciones a los periodistas, Calahorro apuntó que esta cuestión de la seguridad ha ido "mejorando" y que precisamente en la primera quincena de noviembre celebrarán una reunión con la agrupación de almazaras en la que pasarán "revista a cómo está la seguridad".

Calahorro precisó que hacen esa revisión de la seguridad después de que hace unos dos años actuara en la provincia una red especializada en el robo de aceite de oliva, una banda que, "afortunadamente", ya fue desarticulada por la Guardia Civil en una operación que logró esclarecer "numerosos" robos de aceite ocurridos en diversos puntos de España así como la imputación directa de 18 personas, tal y como se informó en junio de 2007.

Esa operación consiguió esclarecer la mayoría de los robos cometidos en esas fechas en las provincias de Jaén, Málaga, Granada, Tarragona, Toledo y Córdoba en las que se sustrajeron cerca de 1.500.000 kilogramos de aceite de oliva valorados en más de cinco millones de euros.

Gobierno vasco estima en unos 9 millones año el coste de la seguridad privada


Bilbao, 30 oct (EFE).- El viceconsejero de Pesca del Gobierno vasco, Jon Azkue, ha señalado que el cálculo estimado del coste de embarcar agentes de seguridad privada en los once pesqueros vascos que faenan en el Océano Índico se eleva a unos 9 millones de euros anuales Azkue, en una entrevista en Radio Euskadi recogida por Efe, ha puntualizado que la cuantificación real del coste de esa seguridad privada se hará en el momento en el que los armadores contraten el servicio.

Según ha recordado, los armadores han celebrado el real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que permitirá embarcar agentes de seguridad privada con armamento de guerra en los buques que faenan en el Océano Índico.

Sobre la situación del "Alakrana" cuando se cumplen cuatro semanas de su secuestro por parte de piratas somalíes, el viceconsejero ha señalado que las negociaciones para su liberación "están en buen camino".

"Esperemos -ha dicho- que esa vez se concreten en la pronta liberación de los tripulantes para la tranquilidad de las familias".

EFE

Una cámara indiscreta en la comisaría de Santurtzi


Erne denuncia que el equipo instalado para controlar el armero tambien filmaba el acceso al vestuario femenino
Quién vigila a los vigilantes? En la comisaría de la Policía local de Santurtzi una cámara de seguridad. Pero su colocación el pasado año no ha estado exenta de polémica. Y es que, según ha denunciado el sindicato independiente de la Policía vasca, Erne, el dispositivo abarcaba en su campo de visión desde el reloj en el que los agentes registran su hora de entrada y salida, hasta el acceso al vestuario femenino, «viéndose su interior al abrirse la puerta». Ahora, la Agencia Vasca de Protección de Datos decidirá si su instalación fue o no legal.
El Ayuntamiento de Santurtzi instaló la cámara de vigilancia a finales de 2008. Su misión era controlar el acceso al armero de la comisaría, pese a que la orientación de la cámara y las características de su objetivo permitían registrar también el momento en que los agentes fichaban. No sólo eso. Por su ubicación, también quedaba expuesta una parte del vestuario de las mujeres cada vez que se abría la puerta.
Tras la colocación del equipo, los representantes sindicales municipales denunciaron el hecho en varias ocasiones, pidiendo un cambio en la orientación del objetivo. Al no obtener respuesta, presentaron en febrero un escrito en el Ayuntamiento que corrió la misma suerte. Finalmente, en mayo llevaron la denuncia a la Agencia Vasca de Protección de Datos, que inició su tramitación. Ahora, seis meses después, se habría acordado «iniciar el procedimiento de infracción» al Consistorio, tal y como afirma Erne.
300.506 euros de multa
La central explica en un comunicado que, a tenor de la propia Agencia Vasca de Protección de

Donostia, detenido tras sustraer en un comercio y amenazar de muerte a la dependienta



Agentes adscritos a la Ertzain-etxea de Donostia arrestaron ayer por la tarde a un varón de 18 años de edad, después de sustraer en un comercio y amenazar de muerte a la dependienta. Acto seguido trató de apoderarse de una prenda de vestir en otro establecimiento ubicado el mismo centro comercial.
Los hechos se produjeron sobre las siete de la tarde de ayer en un centro comercial ubicado en casco urbano de Donostia, cuando un individuo sustrajo un artículo de uno de los comercios y al ser recriminado por la dependienta se lo arrojó a la cara. Además le profirió insultos y le amenazó de muerte. Acto seguido, el autor se dirigió a otro de los establecimientos del centro comercial donde trató de apoderarse de una sudadera valorada en noventa euros, que llegó a vestírsela pero fue sorprendido y retenido por los vigilantes de seguridad. Poco después, agentes de la Ertzaintza procedieron al arresto de dicha persona, un varón de 18 años de edad, como presunto autor de los hechos.

Sin rastro del preso acusado de maltrato que se fugó en un traslado a un centro médico


La huida se produjo cuando al llegar el vehículo al CARE de San José Obrero, el individuo salió corriendo tras quitarse los grilletes
El recluso de 32 años de la Prisión Provincial de Málaga y acusado de maltrato que se escapó al bajarse de una furgoneta de la Guardia Civil mientras era trasladado a un centro médico el pasado jueves, sigue en paradero desconocido. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para localizar al interno, que estaba en prisión preventiva. Desde la dirección de la Prisión Provincial indicaron que se han tomado precauciones para proteger a las víctimas de maltrato del recluso fugado.

La huida se produjo cuando al llegar el vehículo al Centro de Alta Resolución y Especialidades (CARE) de San José Obrero, el individuo al bajar del furgón salió corriendo tras desprenderse de los grilletes, circunstancia que está bajo investigación. El interno bajó las escaleras del autobús simulando dolor en su pierna y aprovechó para escapar en cuando puso pies en tierra firme. Se desconoce cómo pudo quitarse los grilletes, los cuales arrojó a uno de los guardias que se encargaban del traslado al citado centro médico de la capital.

El preso salió del patio de Barbarela por una pequeña puerta, situada junto a la verja metálica del recinto, que permanecía abierta para dejar entrar al personal de las ambulancias. Media docena de guardias civiles y vigilantes de seguridad del propio CARE emprendieron la persecución del recluso, sin éxito. El preso corrió hacia el barrio de García Grana y por la avenida Juan XXIII dio esquinazo a sus perseguidores. La Guardia Civil sigue volcada en la búsqueda del fugitivo, pero al cierre de este periódico no había noticias de su paradero.

Detenido un varón en Bilbao tras intentar pagar dos ordenadores con documentación falsa



BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 26 años de edad fue detenido ayer en Bilbao tras intentar comprar dos ordenadores portátiles con documentación falsa en el barrio de Txurdinaga, según informó el Departamento de Interior vasco.

Los hechos tuvieron lugar cuando particulares alertaron a la Ertzaintza de que el vigilante de seguridad de un comercio del barrio bilbaíno de Txurdinaga estaba persiguiendo a un hombre. Así, agentes de la policía vasca se dirigieron inmediatamente al lugar y, tras enterarse de lo sucedido, procedieron al arresto del varón.

En el momento de la detención, los policías incautaron la documentación presuntamente falsificada y determinados objetos que el ladrón tenía en su poder y que habían sido adquiridos ayer por la mañana en un comercio de la margen izquierda vizcaína utilizando los mismos papeles que ahora le habían sido retirados.

Detenido por robar 700 kilos de cable de cobre en obras públicas


Santa Cruz de Tenerife, 30 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en La Laguna a un hombre de 35 años como presunto autor del robo de casi 700 kilos de cable de cobre procedente de numerosas obras y arquetas de la vía pública tanto en esta ciudad como en la de Santa Cruz de Tenerife.

Una nota de la Policía informa de que la detención de J.M.P.A.,

de 35 años, se produjo tras la denuncia el pasado 4 de octubre del propietario de una obra que denunció la sustracción de sesenta metros de cable de cobre procedente de varias arquetas de la urbanización.

Según la Policía, dos vigilantes de seguridad fueron testigos de cómo esa noche un hombre estaba levantando las arquetas donde se encuentran los cables eléctricos de la urbanización.

La Policía comprobó que el detenido había efectuado una venta de 18 kilos de cobre en un establecimiento y constató la participación de un segundo hombre que vendió el mismo día la cantidad de 31 kilos de cable de cobre.

Además del cable sustraído, a los dos hombres se les imputa el robo de este material en 46 viviendas, y en diferentes obras y calles de las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna.

Una vez detenido J.M.P.A.. admitió su participación en los robos que cometía en compañía de otro hombre, que ya ha sido identificado y del que se realizan las gestiones oportunas para su localización y detención.

El detenido ha pasado a disposición del juzgado de instrucción de guardia de La Laguna. EFE

Dos nuevas denuncias de maltrato en el centro de menores de Badajoz

El joven que recibió una brutal paliza por parte de sus cuidadores en el Centro de Menores Marcelo Nessi de Badajoz podría no ser la única víctima. Otras dos madres denuncian que sus hijos también han sido maltratados en ese mismo centro.


La difusión de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad han sido la confirmación, para estas madres, de sus peores sospechas.

Tomasa tiene a su hijo de 17 años desde hace un mes, por delito lesiones a otro menor, y le han propinado numerosas palizas los agentes de seguridad. Ayer puso la denuncia. El menor se ha intentado cortar las venas y ni siquiera se lo han comunicado a los padres. Ellos se han enterado en una de las visitas. Tomasa explica que su hijo les decía que "lo ataban de manos y pies. Las palizas eran continuas". Ella se lo comentó al director del centro y éste le dijo que "eso era totalmente falso, que él respondía por sus trabajadores y allí ningún niño había sido agredido".

Tomasa explica que en la primera visita encontró a su hijo totalmente drogado y con heridas en los brazos. Cuando le preguntó que cómo se lo había hecho, su hijo le contestó que con el somier.

La otra madre es Mercedes. Su hijo ahora con 21 años estuvo ingresado nueve meses en este centro de menores. Sufrió golpes y al ver ahora las imágenes en televisión se echó a llorar.


Los padres solicitan que se tomen "más medidas" al respecto y que se "eche del centro" definitivamente a los vigilantes de seguridad.

Los atuneros españoles podrán llevar vigilancia privada con armas de guerra a partir del lunes


El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que modifica el Reglamento de Seguridad Privada y el Reglamento de Armas para permitir que la prestación de seguridad a bordo de los buques españoles en aguas internacionales y en "situaciones de especial riesgo, pueda ser prestada por el personal de las empresas de seguridad, mediante la utilización del armamento adecuado para cumplir eficazmente con los cometidos de protección y de prevención".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega explicó tras el Consejo de Ministros, y antes de comunicar los cambios a los armadores, que el decreto establece ya "los supuestos en los que se puede utilizar, establece condiciones, garantías y requisitos". Eso sí, puntualizó, las armas que puedan utilizarse atenderán a las "condiciones y requisitos" que determinen los Ministerios de Defensa e Interior en una orden conjunta que regulará "la tenencia, el control, la utilización y la adquisición por parte de estas empresas de este tipo de armas".

Defensa e Interior, por tanto, decidirán cómo se va a autorizar en cada caso concreto y cual será el tipo de armas según las circunstancias. De la Vega agregó que esta orden está prácticamente hecha porque se diseñó paralelamente al decreto, de tal manera que hoy se publicará en el BOE el decreto y la orden el lunes. "A partir de la semana que viene, por tanto, se podrá ya empezar a actuar de forma inmediata", destacó.

El decreto establece que los vigilantes de seguridad privada, en supuestos excepcionales, podrán portar y usar armas de guerra para garantizar la protección de las personas y bienes, previniendo y repeliendo ataques, con las características, en las condiciones y con los requisitos que determinen Defensa e Interior.

Los armadores aplaudieron la decisión aunque volvieron a reclamar que se pueda embarcar militares y la Xunta criticó que no se tuviese en cuenta la opinión de las comunidades con flota en el Índico para adoptar esta decisión.

Los vigilantes de los atuneros podrán disparar a los piratas


Un buque vasco huye de un abordaje tras pararse el motor de los asaltantes
La quincena de atuneros que faenan en aguas próximas a Somalia podrá embarcar vigilantes de seguridad privada a partir de la próxima semana. Los escoltas están autorizados a llevar fusiles de asalto, rifles y ametralladoras de un calibre inferior a 20 milímetros que podrán usar para prevenir y repeler ataques de los piratas.
El objetivo es proteger a los marineros e impedir secuestros como el de los pesqueros 'Playa de Bakio' y 'Alakrana', de acuerdo a la reforma aprobada ayer por el Gobierno, que modifica los reglamentos de seguridad privada y armas.
La nueva norma sólo afecta a los buques mercantes y pesqueros que navegan bajo bandera española en aguas extranjeras en situaciones de «grave riesgo» para la seguridad de personas y bienes. Estas reformas llevan incorporados otros acuerdos económicos. Entre ellos, que los Gobiernos central y vasco se comprometen a financiar a partes iguales la mitad del coste de embarcar a los escoltas privados en los atuneros, un gasto que oscila entre los 4.500 y los 12.000 euros al mes por barco.
La otra parte la asumirán los armadores, que, tras la reunión que mantuvieron en La Moncloa con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, dieron su beneplácito a la medida, ya que supone «un paso muy importante» para que los buques puedan trabajar con «relativa tranquilidad, según José Ángel Angulo, director de la Asociación Nacional de Buques Atuneros Congeladores.
A este gasto habría que sumar el importe de la formación de los guardias, su traslado a las islas Seychelles -base de los pesqueros que faenan en esa zona del Índico- y el equipamiento que lleven, que suele oscilar en torno a los 9.000 euros. Según fuentes del sector, se necesitaría un mínimo de seis agentes para proteger un barco con unos setenta metros de eslora de media como los que conforman la flota atunera española.
Desacuerdo
La vicepresidenta del Gobierno defendió la reforma tras la reunión del Consejo de Ministros y dijo que «todo estaba (legalmente) previsto porque se trata de un tema serio». Pero no todos están de acuerdo. El portavoz de defensa de CIU, Jordi Xuclá, tildó de «apaño» y «mala solución» la nueva norma, pues supone «una temeridad» poner en manos de mercenarios armas del Ministerio de Defensa. «No hablamos de una seguridad privada pacífica, sino de una situación en la que estos agentes deberán hacer frente a ataques que deberán repeler con disparos», afirmó.
De la Vega hizo referencia a un nuevo incidente, ocurrido el viernes en el Índico, que se quedó en nada. Un buque auxiliar de la flota atunera, el 'Iria Flavia', salió indemne de un intento de asalto a 2.000 kilómetros de la costa somalí porque los piratas, al parecer, tuvieron un problema con su motor

jueves, 29 de octubre de 2009

Roban unos G. 500 millones a guardias de Prosegur

GRUPO FUERTEMENTE ARMADO

Roban unos G. 500 millones a guardias de Prosegur

Asaltantes robaron poco menos de 500 millones de guaraníes en un golpe que se registró en la siesta de este miércoles en el predio del supermercado Stock ubicado sobre la Avenida Mariscal López, en inmediaciones de la “curva de la muerte”. Cuatro o cinco delincuentes sorprendieron a custodios de la firma de transporte de caudales Prosegur que se disponían a recargar un cajero de Interbanco ubicado en el local comercial.
Los datos que brindó la Policía indican que los asaltantes estaban fuertemente armados, tenían fusiles M-16, escopetas y armas cortas. El blanco de los asaltantes fueron dos empleados de la firma Prosegur que entraban al supermercado Stock con un bolso que contenía 500 millones de guaraníes. El dinero iba a ser cargado en un cajero de Interbanco ubicado en el sitio.

Uno de los delincuentes aplicó un golpe en la cabeza a uno de los guardias, utilizando la culata de un arma de fuego. El otro fue reducido por otro asaltante.

Llamativamente, cuatro empleados de Prosegur que aguardaban a sus compañeros en un vehículo blindado no se percataron del asalto. Testigos indican que en el interior del supermercado se efectuaron varios disparos, presumiblemente para intimidar a las dos personas que transportaban el dinero.

Los guardias que fueron sorprendidos por los delincuentes fueron identificados como Víctor Daniel Arrúa Gayoso, de 26 años, y Jorge Sosa Rotela, de 34 años. El primero recibió el golpe en la cabeza.

Los asaltantes huyeron del sitio en un Nissan blanco que fue abandonado en el estacionamiento del colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado a unas diez cuadras del supermercado. Imágenes de la huída y el momento en que dejan el vehículo fueron registradas por circuitos cerrados de televisión instalados en el local comercial y en la institución educativa.

Los delincuentes actuaron con sus caras cubiertas con medias,segun los reportes.

Baleares. Dos vigilantes resultan heridos por inhalación de humo tras sofocar un incendio

Dos vigilantes resultan heridos por inhalación de humo tras sofocar un incendio en una peluquería de Porto Pi

Dos vigilantes jurado resultaron esta tarde heridos leves por inhalación de humo, después de haber intentado sofocar un incendio que se inició en una peluquería situada en el centro comercial Porto Pi Terrazas.
Según informaron fuentes del 061 a Europa Press, los dos heridos fueron trasladados a la Clínica Rotger aunque remarcaron que se encontraban en estado leve, tras haber intentado apagar el fuego con varios extintores. Asimismo, el Ib-Salut atendió a otras dos personas por inhalación de humo, concretamente el encargado y un empleado de la peluquería, aunque no fue necesario su traslado.

Según indicaron, inmediatamente llegaron los Bomberos de Palma y agentes del Cuerpo Nacional de Policía. No obstante, hubo numerosos daños materiales. El protocolo de emergencia fue activado a las 18.30 horas.

Preocupación de las instaladoras de seguridad homologadas ante el nuevo Proyecto de Ley Omnibus

ESPAÑA - Puede que la lucha de todos estos años contra el intrusismo profesional, en lo que a instalaciones de seguridad se refiere, no haya servido para nada. Y es que, tras la adaptación que supuso la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) en el tema de la videovigilancia, unas pocas líneas del nuevo Proyecto de Ley Ómnibus puede llevar al panorama legislativo de las instaladoras de sistemas de seguridad a un cambio radical.

Esas pocas líneas se acaban de elevar en el Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales dentro del nuevo Proyecto de Ley Omnibus, que pretende modificar 47 leyes vigentes de 9 sectores de trabajo diferentes, lo que implica una modificación o derogación de unos 116 artículos de las actuales leyes para la adaptación a la nueva Ley de libre acceso al sector de servicios, en el que está incluido la instalación de sistemas de seguridad. El origen de este proyecto de Ley tiene su origen en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios).


En este proyecto de ley, en el Artículo 14: Modificación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica la letra e) del artículo 5.1, que queda redactado como sigue:

«e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta.»
Dos. Se añade una disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad. Las empresas y particulares que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidas de la legislación de seguridad privada siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación.»

De estas líneas se entiende que una empresa (o autónomo) que no esté debidamente constituida y registrada en la DGP como empresa de seguridad podría proceder a la instalación de sistemas de seguridad (alarmas, cámaras de videovigilancia, etc…) siempre que no estén conectadas a una central receptora de alarmas (CRA). No parece lógico, después de todos los trámites que conlleva establecerse como empresa de seguridad, además de formación y asesoramiento, ahora liberalicen el sector de esta forma, tras muchos años de lucha contra el intrusismo profesioan en este sector.

Por ahora, los instaladores de cámaras de videovigilancia podrán 'agarrarse' a la LOPD 15/1999, ya que el nuevo proyecto de ley, en su disposición adicional sexta, acaba con la aclaración de que todo esto será "sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación”, dejando con validez las aplicaciones de Protección de Datos. En aplicación a esto, la AGPD (Agencia Española de Protección de Datos), dispone en la Instrucción 1/2006 de Videovigilancia, que las instalaciones de videovigilancia solo las podrán realizar las empresas de Seguridad Privada debidamente Homologadas por el Ministerio del Interior (DGP).

Esta modificación ha de estar transpuesta al ordenamiento jurídico Español, antes de finales de este año. Desde la publicación de la directiva, la mayoría de organismos afectados realizan gestiones en la materia. El texto del proyecto de Ley ya no coincide con el anteproyecto de ley que se presentó hace varios meses, habiéndose modificado. En la actualidad el proyecto de Ley esta en fase de estudio parlamentario y los Consejos han multiplicado sus gestiones en relación a los aspectos del proyecto que mas les preocupan.

El mercado de seguridad privada creció un 8,4% en 2008 y prevé un descenso del 4,5% para 2009

ESPAÑA - El mercado de seguridad privada cerró el ejercicio 2008 con un crecimiento del 8,4%, hasta situarse en 4.365 millones de euros, y prevé un descenso del 4,5% en la contratación para 2009 debido al deterioro de la construcción, el recorte de la inversión empresarial y la disminución del gasto, según el estudio 'Compañías de Seguridad' elaborado por DBK.

Este sector experimentó el pasado año una moderada desaceleración en su ritmo de crecimiento, pasando del 12,6% registrado en 2007 al 8,4% de 2008, ejercicio que se vio afectado por los resultados correspondientes al último trimestre del año.

Todos los segmentos de actividad moderaron sus tasas de crecimiento el año pasado, si bien el de sistemas volvió a destacar como el negocio con mayor fortaleza, al aumentar un 11,5%, alcanzando un valor de 892 millones de euros.

El segmento de vigilancia registró el mayor peso específico en el conjunto del mercado, con un 64,3% en 2008, alcanzando alrededor de los 2.807 millones de euros. Esta cifra supuso un incremento del 8% respecto a la contabilizada en 2007.

El negocio de explotación de centrales receptoras de alarmas (CRA) se vio perjudicado por la contracción de la edificación y el menor gasto de las familias, obteniendo un crecimiento del 7,2% respecto a 2007 y situándose en unos 341 millones de euros.

El menor crecimiento correspondió al segmento de transporte de fondos, con sólo un 5,5%, situándose en una cifra de 325 millones de euros.

El 31 de diciembre de 2008 se encontraban autorizadas por el Ministerio del Interior un total de 1.298 empresas, lo que supuso un crecimiento del 6,5% respecto a la cifra registrada en la misma fecha del año anterior, en el que la tasa de variación había sido del 4,9%.

CONCENTRACIÓN EN LAS GRANDES COMPAÑÍAS.

Según el informe, la tendencia de concentración del mercado en pocas compañías de gran dimensión se acentúa. En el ejercicio 2008 los cinco primeros operadores -Grupo Prosegur, Securitas Seguridad, Securitas Direct, Eulen Seguridad y Grupo Segur Ibérica- concentraban de forma conjunta cerca del 54% del valor total del mercado, incluyendo todos los segmentos de actividad.

Las previsiones para 2009 por segmentos establecen que el de sistemas será el único que registre una variación positiva, que podría cifrarse en menos del 2%, sustentado en la ampliación y sofisticación de los servicios y el desarrollo de ofertas integrales, robando cuota de mercado al segmento de vigilancia.

El resto de los segmentos experimentarán un cambio de tendencia, destacando especialmente el descenso de en torno al 12% previsto para el negocio de explotación de centrales receptoras de alarmas, sobre el que está repercutiendo muy negativamente la contracción de la actividad constructora, tanto en edificación residencial como no residencial.

En este escenario, cabe esperar que se acentúen los movimientos corporativos, fundamentalmente la adquisición de operadores más pequeños, tendentes a incrementar la dimensión empresarial y ganar cuota de mercado.

Fuente: EUROPA PRESS

martes, 27 de octubre de 2009

¡¡MUY IMPORTANTE!! PROXIMO DIA 3 DE NOVIEMBRE SE REUNE EL TRIBUNAL SUPREMO, PARA DAR RESOLUCION A LA SENTENCIA DE LAS HOAS EXTRAS













Interior concede Menciones Honoríficas a 17 vigilantes, a un detective privado y a un director de seguridad


Diecinueve personas relacionadas con la seguridad privada fueron condecorados este martes en el Hostal San Marcos por el subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, como reconocimiento a los méritos profesionales y de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policia.

Especial reconocimiento tuvieron el director de Seguridad de Eulen, Joaquín Ramos Carro, y el detective privado Demetrio García, a los que se premió por su trayectoria profesional como referentes de la seguridad privada en la provincia de León. A ambos hizo alusión Francisco Álvarez en su discurso, asegurando que "Joaquín Ramos es un ejemplo a seguir para las personas relacionadas con la seguridad privada; y Demetrio García, ha conseguido dar honor y normalizar una profesión muchas veces estereotipada como la de detective privado".

El sector engloba en la actualidad a 31 empresas que emplean a más de un millar de personas, de las cuales 913 son vigilantes de seguridad y 120 vigilantes de explosivos. Además, el subdelegado apuntaba que "es un sector que tiene una gran expectativa de crear empleo".

Francisco Álvarez manifestó también que este sector, complementario a la seguridad ciudadana que desempañan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "ya participa activamente en planes de prevención y lucha contra la delincuencia, como es el caso del Plan de Seguridad de Zonas Periurbanas establecido en la legislatura pasada por la Delegación del Gobierno para prevenir y perseguir hechos delictivos en polígonos industriales y de ocio, así como en zonas residenciales que emergen en los alrededores de las ciudades".

domingo, 25 de octubre de 2009

Los agricultores de la Costa, desesperados: «Los ladrones nos están destrozando»


La indiscriminada oleada de robos que sufren las fincas de chirimoyas de la Costa cansa a los agricultores, que están dispuestos a echarse a los caminos a vigilar
Las vegas de la Costa granadina se han llenado de alambradas, tapias y hasta vigilantes de seguridad privados que trabajan de 'guardaespaldas' de los chirimoyos. Lo nunca visto. Pero es que tampoco se había visto nunca una oleada de robos tan indiscriminada como la que están sufriendo las fincas de chirimoyas de la Costa desde que arrancó la campaña, en el pasado mes de septiembre. Los agricultores y comercializadores están absolutamente desesperados por los robos y han lanzado un SOS a la Subdelegación del Gobierno en Granada para que la Guardia Civil pare este saqueo.
Los hurtos son prácticamente diarios, según relatan los agricultores, y afectan a todas las fincas de las vegas de Río Verde, Río Jate y el Guadalfeo, desde Motril a Almuñécar. Los kilos de chirimoyas se pierden por miles, lo que está arruinando la campaña y provocando unas pérdidas enormes para los agricultores.
«Los ladrones nos están destrozando», relata el agricultor y gerente de Frutas Río Verde Juan Fernández. Pero no solo les preocupa el varapalo económico que están sufriendo todas las familias que dependen de esta campaña de la chirimoya, también les quita el sueño el perjuicio que los robos suponen para la calidad de una fruta con denominación de origen. «No saben coger los chirimoyos, rompen las ramas impunemente, van solo a los gordos y los cogen inmaduros, lo que nos provoca un auténtico destrozo. Además nos obliga a nosotros también a coger el fruto antes de que llegue a su plenitud por miedo a que nos lo roben», apunta este empresario y agricultor, mientras otros labradores vecinos asienten. «O las coges antes de tiempo o te las quitan, así que es el único remedio que nos queda», lamentan.
3.000 kilos
A Joaquín Montes, otro agricultor, le han robado unos 3.000 kilos en lo que va de mes en su finca de Almuñécar. «El vigilante de la autovía vio a las tres de la mañana cómo seis tíos llenaban una furgoneta». Lo que peor lleva este agricultor es «la sensación de inseguridad y desamparo con la que vivimos, nadie trabaja ya tranquilo». «Yo he llegado a estar recogiendo chirimoyos en la parte alta de la finca y los ladrones en la baja, a la vez», apunta. Y añade preocupado: «Lo peor es que encima te hagan algo si los sorprendes en tu propia finca». También Manuel Novo calcula que lleva ya perdidos 10.000 kilos de chirimoya en esta campaña por culpa de los robos. «Tengo 30 marjales, tendría que haber cogido unos 30.000 kilos de fruta y no he llegado ni a 20.000». Teniendo en cuenta que se está pagando a 60 o 70 céntimos el kilo de chirimoya, ya acumula unas pérdidas importantes.
Vigilantes privados
Está tan desesperado y desmoralizado con los robos, que ha recurrido a vigilantes privados de seguridad que le garanticen, al menos, la viabilidad del resto de la campaña. «Todos los fines de semana tengo seguridad privada, así al menos estoy más tranquilo. El otro día el vigilante tuvo que salir detrás de uno que quería robar en mi finca de Lobres», cuenta.
Como los demás agricultores y empresarios, Manuel se está gastando un dineral esta campaña en medidas de seguridad. «Ahora mismo vengo de pagar otros cien euros en cadenas y candados» indica. Otros de sus vecinos llevan ya hasta 6.000 euros gastados este año en vallar las fincas y reparar las alambradas cortadas. Los robos se están concentrando ahora en las fincas de Motril, que son la zona de fruta más temprana, donde los chirimoyos ya se están recogiendo. «Nos encontramos jaulas tiradas por el suelo y pilas de fruta. Antes las hacían por la mañana y luego por la noche sacaban las chirimoyas pero últimamente han perdido el miedo, llegan, los cortan y se van. Hasta les sobran porque nos los dejan en el suelo», lamenta Joaquín Montes.
Los agricultores reclaman soluciones para no vivir, hasta marzo cuando acaba la campaña, con este agobio y esta incertidumbre. «En Almuñécar es fácil pillarlos, la Guardia Civil se tiene que poner en los dos caminos de la vega», aconseja el gerente de Frutas Río Verde. Y hace un llamamiento al Gobierno: «Este es un sector que es de los pocos que está dando trabajo ahora. Gracias a nosotros se emplean jornaleros, transportistas, gente en las corridas de frutas, no nos pueden dejar desamparados». Pero mientras llegan las soluciones, Juan tiene claro que son los propios agricultores los que tienen que hacer algo: «Los agricultores vamos a dar vueltas en grupos para avisar a la Guardia Civil, no nos queda más remedio que salir a vigilar y echarnos a los caminos»

Rubalcaba asegura que los barcos podrán defenderse en Somalia de forma "inmediata"


El ministro del Interior garantiza que tendrán "armamento suficiente" para "poder defenderse de un peligro real".
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que la normativa sobre seguridad privada se modificará de forma "inmediata" para que los armadores y los barcos que faenan en las aguas del Océano Índico tengan "armamento suficiente" para poder "defenderse del peligro real" que constituyen los piratas somalíes.

Tras inaugurar en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera la nueva Oficina de Documentación de la Policía Nacional, el ministro Rubalcaba señaló ante los periodistas congregados al acto que el Ejecutivo está estudiando distintas vías para proporcionar la "máxima seguridad posible" a las embarcaciones que acuden a faenar junto a las costas de Somalia, que se han "revelado como conflictivas". En este sentido, avanzó que se modificará de forma "inmediata" la normativa sobre seguridad privada, con el objetivo de "defenderse del peligro" de los piratas.

Según apuntó el ministro de Interior, la posibilidad de que los barcos españoles puedan incorporar seguridad privada se llevará a cabo siempre que esa seguridad "tenga las mejores armas e instrumentos para desempeñar su misión, que no es otra que defenderse de los ataques" en las aguas del Índico.

No obstante, Rubalcaba explicó que la ley de la Seguridad privada en España es "muy restrictiva" con el tipo de armas que se pueden utilizar. Se trata de "armas cuyo poder defensivo es muy limitado y, probablemente, son insuficientes para poder defenderse de los ataques de los piratas, que a veces vienen fuertemente armados". Por eso, reconoció que su departamento y el Ministerio de Defensa plantearon en el Consejo de Ministros la modificación reglamentaria en esta materia para facilitar que los buques cuenten con los instrumentos suficientes para defenderse del "peligro real".

Por último, el titular de Interior dijo que la norma se modificará de forma "inmediata", con lo que podría aprobarse a lo largo de la próxima semana. Sin embargo, garantizó que esta modificación tendrá un "carácter excepcional" ya que sólo se aplicará "en las zonas donde existe riesgo real", como es la zona donde fue secuestrado hace unas semanas en pesquero Alakrana y que aún permanece bajo custodia de los piratas.

La crisis económica no hunde el número de abonados del Racing


Francisco Pernía lo tenía muy claro: en tiempos de dificultades económicas había que tener muy presente al abonado que es «al fin y al cabo a quien más hay que cuidar». Son las palabras del presidente del Racing, quien asegura que intentó «hasta el final» bajar el precio del abono para que las familias que se vieran obligadas a recortar gastos, no tuvieran que renunciar a su carné de socio esta temporada. «Ellos siempre están apoyando al equipo, había que corresponderles», explica.
Sin embargo no pudo ser. Tras estudiar las cuentas y recortar el presupuesto en cada una de sus áreas, a lo más que se llegó fue a mantenerlo igual: «dejarlo en el mismo precio, sin subida alguna, ya es bastante con la situación que atravesamos», dijo Pernía. Al presidente del club verdiblanco fue lo que más le costó: «recortar en lo que afecta al abonado, eso ha sido lo más difícil».
Así que el abono de este año se ha mantenido y pese a ello «el seguidor te sorprende como casi siempre -subraya Pernía- y la caída en la venta de abonos ha sido menor a la esperada».
Los abonos son el grueso de los ingresos del Racing. Este año se ha registrado un descenso cercano al 6 % existiendo en la actualidad 17.621 abonados. El club ha ingresado por este concepto 4.800.000 euros esta temporada, lo que significa un pérdida de 300.000 euros con respecto a la anterior.
La política del club para afrontar la crisis no presenta este año grandes novedades, según ha explicado Pernía, «no hemos hecho nada especial: únicamente contención de gasto».
El presupuesto del Racing ha caído un 5% con respecto a los 38.400.000 de la temporada pasada siendo ésta temporada 2009-2010 de 36.100.000 euros.
Empleos a la sombra
En una etapa en que la recesión mundial pasa factura a nivel laboral, la dirección del Racing tiene muy claro los importantes beneficios que un club en Primera División reporta a la región. Hay unas 65 personas que, directa o indirectamente, trabajan cada día para o con el Racing. Además, cuando se celebra un partido de fútbol, más de 200 personas trabajan en relación a su celebración (control de accesos, seguridad, personal médico, taquilleros, azafatas, periodistas...)
Los conductores de los autobuses que durante los últimos 10 años han llevado a los aficionados de la región hasta los Campos de Sport. En total, 15 líneas (15 conductores), que de no ser por el convenio que tienen firmado con el Racing, no harían ruta alguna.
En cuanto al personal auxiliar de servicios, en las puertas de acceso para controlar las entradas al campo. El Sardinero tiene 23 puertas, con un total de 46 tornos, es decir, 46 personas que obtienen un ingreso extra en la jornada del domingo. Mayor es el número en materia de seguridad: 70 vigilantes privados costea el Racing para que sus aficionados puedan acudir tranquilos a ver la cita deportiva. Este número se incrementa de forma considerable con la presencia de efectivos de la policía nacional y municipal. En un partido, también trabajan los operadores del sistema de videovigilancia, bomberos, Protección Civil, personal médico y auxiliar de las dos ambulancias e incluso quioscos ambulantes que se colocan en las cercanías del estadio. Todo ello, al margen de los trabajadores del Racing (taquillas, tienda, recepción, delegado del equipo, delegado de campo, relaciones externas, prensa, técnicos, mantenimiento, camareros y azafatas para palco y zona VIP...) y de los medios de comunicación. En toal en cada partido son entre 100 y los 250 profesionales. A añadir empresas de electricidad -por si surge cualquier problema con la iluminación o con el sistema eléctrico o mantenimiento del césped.
Beneficios de la tienda
Al final de la lista de ingresos del club está la tienda oficial del Racing que reportó la pasada temporada 598.000 euros. La presente temporada se aspira aumentar las ventas hasta los 600.000 euros, gracias a que «con Slam se ha contado con la ropa desde el inicio de la temporada», explican responsables de merchandising.
Se suelen vender en torno a las 5.000 camisetas, la prenda estrella, a un precio de 58 euros. El mayor porcentaje se lo llevan las equipaciones de niño, que son las que más se venden.
La bufandas (cuyo precio oscila entre 12, 15 y 25 euros, depende de la que se quiera adquirir), suelen rondar las 10.000 en venta por temporada y es el producto estrella los días de partido.
El abonado cuenta con un 10% de descuento en sus compras en la tienda oficial situada en el estadio.
Ingresos por TV
Las retransmisiones de los partidos en las televisiones proporcionaron la pasada temporada 2008-2009 al Racing 11.038.000 euros. En esta que acaba de comenzar la cifra estimada de ingresos es de 11.236.000 euros. El hecho de que Cantabria a diferencia del resto de autonomías no cuente con televisión autonómica es para el club «una merma importante de ingresos», dice Pernía.

La otra cara de la piedra


Las ocho canteras activas del municipio suman 250 hectáreas en explotación autorizadas por la Consejería de Industria
El sector produce «la segunda materia prima más consumida»
Es la una de la tarde del jueves y un vigilante de seguridad uniformado supervisa el manejo de 1.500 kilos de explosivo en la segunda bancada de una zona de extracción de canteras La Belonga, en Cellagú. Un equipo especializado perfora a 20 metros de profundidad, introduce el material, se aleja, detona y «Puummm». La explosión suena durante un segundo y permite arrancar más de 15.000 toneladas de piedra a la montaña. Al día siguiente, las excavadoras cargan el árido, lo trasladan a la planta de demolición y los camiones lo distribuyen por la región. Sale a venta a unos siete euros de media por tonelada.
En Oviedo hay ocho explotaciones de este tipo, con más de 250 hectáreas autorizadas, según el registro de la Consejería de Industria y Empleo. Su concentración se debe a que es una de las partes de Asturias con mayor masa caliza y sobre todo, tiene una estratégica ubicación geográfica. Anieves, Brañes, Cellagú, El Naranco, Santa Marina de Piedramuelle y Tudela Veguín aparecen en el mapa de esta industria, siempre atacada por dos frentes. Por un lado los vecinos, que se quejan del ruido, el polvo y la suciedad; y por otro, los ecologistas, que aprovechan cualquier tramitación, como el proceso de ampliación iniciado ahora por tres de las minas, para denunciar el daño medio ambiental.
Los empresarios del sector, cuya participación en los medios de comunicación suele ser menor, no están de acuerdo con la imagen tan negativa que les atribuyen. «Es un mundo muy desconocido y se habla desde el desconocimiento. La gente no se suele quejar por un polígono industrial, ¿por qué la cantera tiene una imagen peor? Quizá los culpables seamos nosotros por no hacer ver que es una industria necesaria», lamenta Alberto Fernández desde el despacho situado a la entrada de cantera de Cellagú, de la que salen y entran camiones con bastante frecuencia.
Este ingeniero de Minas, director facultativo de La Belonga S. A., entiende la sensibilización social por la extracción y que haya preocupaciones medioambientales. «Probablemente a nadie le apetecer vivir al lado de una cantera, pero nadie tiene razón al 100%», dice antes de dar un argumento de peso para equilibrar posiciones: «Después del agua, la segunda materia más consumida por el hombre es el árido. Si sobramos, a ver con qué hacemos las carreteras, los hospitales y las casas». Es decir, sin piedra, una región se estancaría. Tampoco tendría edificios históricos de los que ahora presume, como los monumentos prerrománicos o la catedral de San Salvador, continúa.
Otras opciones
La Belonga, con 50 hectáreas autorizadas y más de veinte trabajadores directos, produjo 1,2 millones de toneladas de áridos el año pasado, la mayor después de los 1,5 de la cementera de Tudela Veguín. La actual empresa, creada en 1978, suministra para la construcción de un tramo de los túneles de Pajares y autovías. «El sector tuvo un empujón muy grande con las autovía del Cantábrico, pero ahora este tipo de movimientos irá a menos», reflexiona. La crisis les va a pasar factura. En cualquier caso, el árido también se destina a la desulfuración de centrales térmicas, el calado de montes y productos cotidianos, como la pasta de dientes, el azúcar y los piensos.
Además de defender su necesidad y la estabilidad y formación de la plantilla (en La Belonga son 22 empleados), el ingeniero subraya que las canteras de áridos de la región son respetuosas con el medio ambiente, - «aquí hemos plantado más de 5.000 árboles», pone de ejemplo-; con los vecinos - «tratamos de estar en concordia con ellos y hemos arreglado algunas infraestructuras, como una carretera», asegura-; y con una normativa cada vez más estricta. Hacen continuos estudios de ruido y polvo para intentar reducir sus emisiones, mermadas ya con la instalación de aislantes, balsas de decantación y otras medidas aún más simples, como pasar por agua las ruedas de los camiones para no manchar las carreteras de la zona. Ahora están realizando un estudio para intentar limitar aún más las molestias. En cualquier caso, recuerda Fernández, «el árido es un material inerte, mancha pero no contamina».
Control público
La Administración también les vigila. «Estamos permanentemente controlados por la Dirección General de Minas. Nos visitan, como mínimo, una vez al año para controlar que es cierto el plan de labores que presentamos», garantiza para eliminar cualquier duda de su gestión.
Para abrir una planta, se necesitan varias autorizaciones. Primero para investigar el material y hacerse con el control de una zona. Luego, deben de presentar estudios de impacto ambiental, planes de explotación y de restauración. «Hay que depositar un aval por cada metro a explotar», explica. Así, el Principado se garantiza que, en caso de que el empresario abandone la cantera sin realizar medidas de recuperación, dispone de dinero para hacerlo.
Además de tapar la piedra con verde, Fernández explica que se están dando otros usos a las viejas canteras, como espacios deportivos (en la antigua cantera de La Belonga está la abandonada galería de tiro municipal). Como recuerda, la reserva natural de Las Médulas (El Bierzo, León) y el parque natural de Cabárceno (Cantabria) fueron antiguas explotaciones mineras.
Desde Industria también insisten en el control y recuerdan que, durante un congreso celebrado a principios de octubre en Valencia, se reconoció a Asturias «como referente nacional en materia de planificación y ordenación minera, especialmente en las competencias medioambiental, urbanística y de protección de patrimonio cultural». Aun así, las molestias que genera el sector probablemente continúen provocando malestar.

Más casos de tenencia ilegal de armas


. ESCRIBANO / P.CERRADA Pistolas, escopetas e incluso munición de guerra. Su uso por parte de las peligrosas bandas organizadas asentadas en la provincia se encuentra cada vez más generalizado y así comienza a reflejarse en los juzgados, que en el último año han abierto el doble de procedimientos por delitos de tenencia ilícita de armas. Pese al descenso de la delincuencia detectado por la Fiscalía, este tipo de asuntos sigue aumentando al pasar de los 16 casos de 2007 a los 33 de 2008, la cifra más alta de los últimos cinco años, según las diferentes memorias publicadas por el ministerio público.
A estas cifras hay que sumar parte de los 4.682 casos que se tipifican como robo con violencia y que llevan aparejada la posesión ilegal de armamento. Aunque en estos casos el delito de tenencia ilícita no aparece reflejado en las estadísticas, fuentes judiciales confirman que se han incrementado notablemente los casos. Por los juzgados han pasado todo tipo de armas prohibidas incautadas a los delincuentes, desde revólveres, a pistolas de fabricación propia y estrellas de cuchillas ninja denominadas "xiriquetes".
Los especialistas de las Fuerzas de Seguridad del Estado achacan el incremento de los procedimientos judiciales por tenencia ilícita de armas a la generalización de su uso entre todo tipo de bandas organizadas. Hasta hace unos años eran especialmente los atracadores de bancos los que empleaban pistolas o escopetas para sus asaltos. Sin embargo, el panorama ha cambiado desde hace aproximadamente cinco años y tanto la Policía como la Guardia Civil detectan bandas que actúan con armas de fuego.
Así, a los grupos de atracadores se han sumado los de tráfico de seres humanos para la prostitución, de narcotráfico que atracan a sus propios rivales y de asaltos a viviendas. Según un experto policial, estas bandas que antes no usaban armas, ahora disponen de modernas pistolas automáticas o subfusiles y las usan para cometer sus actividades ilícitas y además para hacer frente a la Policía o para enfrentarse a grupos rivales.
La generalización de las armas de fuego entre las bandas ha provocado que surjan al mismo tiempo negocios de venta de pistolas, revólveres o armas largas. La Policía Nacional desmanteló a mediados de año uno estos negocios y detuvo a un vigilante de seguridad en Alicante con casi un centenar de armas de fuego, 28.000 cartuchos y 20 kilos de pólvora. El informe realizado en Madrid por los especialistas de la Policía Nacional ha revelado que 33 de las armas intervenidas en el domicilio del barrio de Los Ángeles eran aptas para disparar. El estudio continúa ahora para determinar si alguna de las piezas cortas o largas que tenía el vigilante ha sido empleada en algún hecho delictivo, ya que presuntamente vendió armamento a delincuentes. Hace unos meses, la detención de ésta y otras tres bandas dedicadas a la venta de armas a grupos de delincuentes puso en evidencia la proliferación de este mercado ilícito en la provincia.El Código Penal establece penas de uno a tres años de prisión por la tenencia de armas prohibidas o que hallan sido modificadas y de hasta dos años de prisión si están reglamentadas y carecen de los permisos necesarios. En los últimos meses se han dictado varias sentencias en la provincia por este delito. Una de ellas, fue a un hombre acusado de matar a un vecino de Villena porque no le dejaban dormir.

Intrusos con luz verde


Residentes extranjeros, oportunistas para sacar un dinero extra, servicios de chófer sin licencia que se anuncian por Internet... Los profesionales del taxi denuncian que la competencia desleal alcanza cotas extremas
El vuelo procedente de Zurich llega a las 13.30 a la terminal 1, el pequeño edificio anexo al principal. La sala es un ir y venir de familiares, amigos y personas con carteles y nombres escritos. Entre ellos, se camuflan otros, que no han ido a recoger a nadie en concreto, o a cualquiera. Se puede apreciar que están captando clientes, aunque su coche no tiene número de serie ni licencia. Arriba, en la terminal principal, los vigilantes de Aumat -la asociación de autónomos del taxi- han espantado algo a los «piratas», que es como se conoce en el sector a quienes ejercen de conductores, sin serlo.
A los profesionales de este gremio les crecen los enanos por días. Si históricamente se han enfrentado a diversas formas de intrusismo, la crisis ha llevado la situación hasta extremos inverosímiles. Francisco Soria, presidente de la cooperativa Taxiunión, cifra que el 50% de los servicios en el aeropuerto se lo quedan los «ilegales». Junto a Rafael García, máximo responsable de Aumat; Arturo Kindelan, representante de los asalariados, y José Antonio Domínguez, presidente de la Federación de Taxistas de los Municipios Turísticos de la Costa del Sol, desvelan las facetas de una actividad lucrativa que ninguna administración parece estar dispuesta a atajar.
RESIDENTES EXTRANJEROS
Supuestos amigos, previo pago
El inglés, que unas veces va en un Mercedes y otras en un Bmw; el alemán de la furgoneta; el ruso del Volvo, que se queda con todos los clientes de esta nacionalidad gracias al idioma, «¡Y que cuando viene la policía dice que no sabe hablar español, aunque un rato antes estaba charlando como si tal cosa!», exclama Kindelan. Aumat tiene fichadas un centenar de matrículas de residentes extranjeros que ejercen esta actividad, algunos desde hace décadas, sin que puedan hacer nada por impedirlo, más allá de sufragar de su bolsillo a vigilantes de seguridad para controlarlos. Establecen sus contactos en bares de turistas de ambas costas, en urbanizaciones grandes o se ofrecen directamente por Internet. Después, se hacen pasar por amigos para ir a recogerlos, con un precio pactado por trayectos generalmente de larga distancia, a Nerja, a Estepona o a Marbella.
¿Sólo amigos? El representante de los taxistas asalariados asegura que pueden llegar a hacer hasta ocho servicios al día. Cuando se ven descubiertos, algunos alquilan coches para despistar. «Hay un inglés que lleva una furgoneta que carga hasta ocho personas, y cuando le piden la documentación enseña una fotocopia de una tarjeta de transporte de la Junta sin matrícula», añade. «Esto es insostenible. Si en 'Google' pones taxi y aeropuerto de Málaga aparecen miles de referencias, y casi ninguno es taxista.
Para burlar la vigilancia, citan al cliente en el bar de la terminal de salidas, y para que lo reconozca visten una gorra roja o alguna otra prenda llamativa. Luego, cruzan el hall y recogen los coches, que están en el aparcamiento. «Tenemos los números de matrícula, la marca del vehículo, lo denunciamos a la Junta y la Policía Local y no hacen nada», denuncian los taxistas. Los tres vigilantes que Aumat contrata, con un gasto mensual de 3.500 euros, hacen un seguimiento de los reincidentes, con informes que se remiten a la policía y a la Junta.
Desde la llegada del AVE, la actividad se ha extendido a la estación María Zambrano. Y, ante el auge de los cruceros, ya comienzan a merodear también por el puerto, como recuerda el presidente de Aumat. En las inmediaciones de Vialia, el perfil cambia, y operan sobre todo magrebíes. «Tenemos localizados un Opel y un Renault, ambos de color negro, que se llevan el trabajo para Algeciras. Si la tarifa oficial es de 150 euros, lo ofrecen por 90», añade Kindelan.
Pero Rafael García apunta que en otras ocasiones el precio es incluso más elevado que el que tendría una carrera legal. El responsable de Taxiunión, Francisco Soria, añade que estos servicios generan a menudo denuncias de clientes que han sido víctimas de robos o estafas, y que luego generan mala fama entre los taxis de verdad.
PARTICULARES
Un dinero extra para pagar la hipoteca
Personas que se han quedado en paro y que tienen coches de alta gama se están ofreciendo por Internet como chófer sin tener licencia para ello. El gremio lo sabe, y está trabajando para atajar este nuevo frente que se le viene encima. De momento, ha conseguido que se juzgue a un joven que se dedicaba a hacer traslados en su coche particular los fines de semana, un vehículo que además era de color blanco y de un modelo muy común entre los taxistas.
«Le hicieron un seguimiento y le pillaron in fraganti, en una calle del Centro, cuando le cobraba a un cliente», relata el representantes de los asalariados. El caso se denunció al Instituto Municipal del Taxi, fue a juicio y se saldó con una sanción de 1.700 euros, una cifra que Kindelan considera «insignificante».
La picaresca ofrece muchos otros ejemplos, como el de varios guardias de seguridad y otros empleados de complejos residenciales de la Costa, que, según estas fuentes, se ofrecen a llevar a los visitantes al aeropuerto con sus coches particulares por un módico precio.
EMPLEADOS DEL AEROPUERTO
El mejor servicio, para el novio
Al calor de la crisis, la inventiva y la picaresca cobran nuevas dimensiones. Uno de los casos más curiosos es el protagonizado por una empleada del aeropuerto, que, según explican los conductores, guardaba los mejores clientes para su novio. Cuando un turista con un destino codiciado, como puede ser Estepona, le pedía consejo para llegar a su hotel, la joven le ofrecía la posibilidad de que le llevara su pareja en su coche particular, que le esperaba en el 'parking'.
Los guías y empleados de los turoperadores también suelen tener sus «taxis de confianza». En el mismo vuelo llegan turistas que viajan con agencia y otros que lo hacen por su cuenta, y es habitual que estos pregunten al responsable del grupo cómo trasladarse. «Les ofrecen coches de alquiler con conductor, a cambio de una comisión», dice Kindelan.
Quien no corre vuela. Según los taxistas, algunos empleados del aeródromo que viven en Marbella y zonas próximas se colocan en la parada del autobús que va hacia allí y se ofrecen a llevar a un pequeño grupo de turistas a cambio de una propina. Así, comparten los gastos de gasolina y se sacan un extra.
TAXIS DE LOS PUEBLOS
A la capital a buscar clientes
Uno de los aspectos más polémicos es el de los taxistas legales con base en otros municipios que acuden a recoger a turistas a la capital. Francisco Soria explica que el llamado «decreto Peláez», el 11/85, estipula que los coches de cualquier sitio de la provincia pueden ir a cargar a un puerto o a un aeropuerto, previa autorización y cuando haya sido reclamado por un cliente. Para ello, deberán llevar un contrato con el nombre del usuario y el número de vuelo, y presentarlo en la oficina intermodal del aeropuerto.
Al amparo de esta práctica, que es correcta, se producen otras que, según estos colectivos, no lo son. Si el vehículo ha acudido al aeródromo a dejar a un usuario, tiene que regresar a su pueblo vacío, y no puede aprovechar para captar clientes en la terminal. «A ningún taxista de Málaga se le ocurriría ir a un pueblo a recoger a alguien sin permiso», afirma, tajante.
Pero el problema real es que, con la excusa de ir a buscar a un usuario que los ha llamado, y ante la fuerte caída de ingresos en el sector, algunos taxistas de fuera acuden a los enclaves más concurridos de la capital para intentar cuadrar las cuentas de la jornada.
HOTELES
Servicios de traslado sin autorización
La cruzada contra el intrusismo ha puesto el foco recientemente en hoteles de la Costa, que ofrecían servicios de traslado de viajeros sin estar autorizados, con vehículos particulares, que carecen de los permisos y los seguros obligatorios. El presidente de Aumat explica que se han interpuesto denuncias en cinco establecimientos, a los que se les ha hecho un seguimiento, incluso con infiltrados que se entrevistaron con los usuarios para conocer las condiciones. «Se ofrecían portes con el importe pactado para los desplazamientos más caros sin licencia», afirma. Las reclamaciones se han tramitado también ante la Delegación de Transporte, pues los hoteles tienen que recibir un permiso de la Junta para ejercer estas actividades

sábado, 24 de octubre de 2009

INSEGURIDAD CIUDADANA|CUMBRE EN MADRID PARA DESBLOQUEAR LA COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO


Rubalcaba promete acelerar la expulsión de ladrones habituales
Saura arranca el compromiso al ministro del Interior en una reunión secreta
El ‘conseller’ le echa en cara que Madrid repatria decenas de ‘sin papeles’ cada semana

los máximos responsables del Ministerio del Interior y la conselleria homóloga, Alfredo Pérez Rubalcaba y Joan Saura, se vieron el pasado jueves en un encuentro secreto en Madrid. El objetivo era resolver los contenciosos pendientes entre las dos administraciones. La reunión fue breve, no más de media hora, pero bastó para que el conseller arrancara del ministro el compromiso de agilizar los trámites de expulsión de aquellos inmigrantes en situación irregular que acumulan decenas de detenciones. La paralización de estas repatriaciones era la cuestión que más escocía a Saura y en la que el ministerio tiene responsabilidad exclusiva.
Ambos dirigentes acordaron que el contenido de la reunión no se haría público. Ni los respectivos departamentos de prensa la habían anunciado ni accedieron ayer a revelar su contenido. Fuentes de la Generalitat aseguraron que se había tratado de «una reunión privada» y fuentes del ministerio limitaron su alcance a un encuentro para «fijar la próxima junta de seguridad de Catalunya», a celebrarse antes de fin de año.

FRÍA RELACIÓN / Fuentes conocedoras del contenido del encuentro explicaron a EL PERIÓDICO que en la escasa media hora Saura expuso su lista de reivindicaciones. No necesitaron más tiempo porque ni la relación entre los dos políticos pasa por su mejor momento ni quisieron profundizar en los temas a la espera de una nueva cita que será previa a esa reu-nión de la junta de seguridad.
Extranjería es el tema que más preocupa a Saura. Y no era la primera vez que o bien él u otros miembros del Govern e incluso del Ayuntamiento de Barcelona denunciaban a Rubalcaba que en Catalunya las expulsiones de extranjeros en situación irregular se habían paralizado, mientras que desde Madrid despegaban semanalmente hasta dos aviones con inmigrantes. El ministro se comprometió a incrementar la plantilla de las unidades de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía en Catalunya y a desbloquear los procedimientos de expulsión.
Para la Generalitat, la situación de bloqueo de la expulsiones es «insostenible» porque repercute directamente en la seguridad, como revelan los datos publicados ayer y hoy por este diario. Rubalcaba admitió a Saura que en la ciudad de Madrid la policía estaba presionando con contundencia contra el grupo de delincuentes reincidentes y que las expulsiones tanto de estos como de las norteafricanas que ejercen la prostitución había aliviado mucho la situación en los barrios céntricos de la capital de España. Una situación contraria a la de Barcelona.

DINERO BLOQUEADO / El mandatario catalán también pidió en el encuentro el desbloqueo urgente de una importante partida presupuestaria de financiación de los Mossos d’Esquadra pendiente de cobro que asciende a unos 250 millones de euros. Saura explicó que el retraso estaba empezando a crear una situación «complicada» en las arcas de la conselleria, a lo que el ministro respondió que estudiaría la cuestión.
Donde más lejos está el acuerdo es en el último punto planteado por Saura: la presencia de la policía autonómica en los órganos internacionales de Interpol y Europol. El ministerio todavía no ha nombrado a los interlocutores estatales que deben negociar esta integración, pese a que el ministro se comprometió a crear una comisión de estudio conjunta antes de fin de año.

'Desnudos' en el aeropuerto


Desde que en 2001 tres terroristas islamistas atentaran contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos, coger un avión se ha convertido en toda una odisea pero, ¿dónde está el límite entre la seguridad y la vulneración de los derechos civiles?
Cualquier persona que haya viajado en avión en los últimos años sabe de los extensos chequeos a los que son sometidos los pasajeros antes de pasar a la zona de embarque. Olvídese de llevar consigo su botella de agua o su maquillaje, abra su ordenador y quítese los zapatos… ¿son legales estas medidas o suponen un abuso de autoridad?

La medida del aeropuerto de Manchester de instalar unos escáneres que permiten ver los cuerpos desnudos de los pasajeros ha reavivado la polémica a pocos meses de que se cumpla el plazo previsto inicialmente para revisar las medidas de seguridad en los aeropuertos.

Asociaciones de defensa de los derechos civiles en Reino Unido denuncian que esta nueva herramienta (que se probó con anterioridad en aeropuertos de Londres y Estados Unidos, y que fue rechazado por el Parlamento Europeo) puede vulnerar los derechos de la persona y que, en ningún caso, podría ser utilizado en niños.

Pese a que la medida se está empleando a modo de prueba y voluntaria, el hecho ha provocado una oleada de críticas y ha despertado numerosas suspicacias.

Sus defensores aseguran que este tipo de escaner incrementa la seguridad y, además, reduce las molestas esperas de los pasajeros en la cola del arco de seguridad, ya que éstos no se ven obligados a despojarse de sus prendas. Además, afirman que no supone ningún riesgo para la salud ya que "la radiación que emiten es mínima", según afirmaba la directora de atención al viajero del aeropuerto inglés, Sara Barrett, en declaraciones a la BBC.

Sin embargo, los miedos de muchos pasajeros ya se han hecho escuchar y piden una mayor información sobre el tratamiento de las imágenes captadas y sobre las personas que estarán detrás de las pantallas.

"Quítese los zapatos, por favor"

La imagen de una persona descalza cruzando el arco de detección de metales en un aeropuerto se ha convertido en habitual en los últimos años, sin embargo, sólo en el caso de que los zapatos lleven algún elemento metálico que pite al pasar es obligatorio que el pasajero se los quite.

Esta ha sido la lucha durante varios años del eurodiputado de Convergència i Unió, Ignasi Guardans, quien en enero de 2008 denunció el abuso de autoridad de los empleados de seguridad del aeropuerto de El Prat (Barcelona) al obligar a todos los pasajeros a descalzarse.

"Sólo lo que está regulado legalmente y publicado como tal podrá aplicarse a los controles aeroportuarios", se expresaba Guardans en su día, y así lo reconoció posteriormente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de marzo de 2009.

Según esta resolución, sólo deberán descalzarse obligatoriamente aquellos pasajeros que tomen su vuelo en aeropuertos del Reino Unido, el resto podrá mantener su calzado siempre que éste no pite al pasar por el arco de seguridad.

En el caso de que esto no se cumpla, los ciudadanos tienen derecho a solicitar que el vigilante de seguridad se identifique e interponer la denuncia correspondiente.

"Esta botella no puede pasarla, debe dejarla aquí"

Pese a que las medidas "extraordinarias" de seguridad que limitan el acceso de líquidos y otros objetos a los aviones está vigente desde 2002, no fue hasta 2008 cuando la Unión Europea se vio obligada a publicar la lista de objetos prohibidos.

Esta situación de vacío legal provocó miles de inconvenientes a los usuarios y casos como el de Gottfried Heinrich, un ciudadano austríaco que fue desalojado de un avión en el 2005 por subir a la cabina con raquetas de tenis, objetos prohibidos por el reglamento europeo 622/2003 y recogidos en un anexo que, en concreto, en ese momento no había sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La incertidumbre sobre los objetos que se pueden llevar en el equipaje de mano se extiendió en 2006 también a los envases que contenian algún tipo de gel o líquido, elemento que pensaban utilizar los extremistas islamistas para pasar explosivos con los que atentar en un varios vuelos transatlánticos.

Pese a que las dudas se han reducido con la publicación de la lista, lo cierto es que la aplicación subjetiva de algunos criterios como que "se trate de un medicamento o de una necesidad dietética especial" o que sean "alimentos infantiles", sigue provocando numerosos quebraderos de cabeza a los pasajeros.

Sólo la medicina tradicional está reconocida en esta excepción, y no se reconocen cremas solares (aunque se deba utilizarlas por motivos de salud), por lo que si desea viajar con frascos mayores a los permitidos deberá facturarlos o hacerse con algún justificante médico que acredite su necesidad.

Para evitar mayores problemas y que se les amargue el inicio del viaje, las asociaciones de consumidores y usuarios recomiendan ponerse en contacto con la aerolínea para confirmar que no hay ningún problema para viajar con el objeto de clasificación dudosa.

La acusada de matar a su marido recurre por falta de pruebas


La mujer acusada de matar a su marido, un alto ejecutivo del BBVA que murió de dos disparos en el pecho, ha recurrido su procesamiento por falta de pruebas y porque el juez solo ha tenido en cuenta los indicios que la incriminan.

El abogado de la acusada, Manuel Castaño, ha dicho hoy a Efe que ha recurrido el auto de procesamiento porque se basa en el testimonio de un tío de la acusada, al que supuestamente confesó el crimen, pero que es una persona con un trastorno de la personalidad por el que lleva varios años en tratamiento.

El juez de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha dado por concluida la investigación y ha procesado a la acusada N.C.S. por el asesinato de su ex esposo Andrés Toro Barea el 15 de junio de 2008, a la vez que le ha impuesto una fianza de 524.187 euros para hacer frente a las futuras indemnizaciones.

El juez no ha tenido en cuenta las distintas versiones de este testigo ni sus declaraciones sobre otras personas que entraron aquella tarde en la urbanización "La Juliana" de Bollullos de la Mitación (Sevilla), según la defensa, que ha recurrido el procesamiento ante el miSegún la defensa, el juez ha dado credibilidad al vigilante de seguridad de la urbanización donde ocurrió el crimen solo en los aspectos que perjudican a la procesada, pues ha declarado que la vio entrar en su coche a las 15.30 horas del día del crimen y salir una hora después.smo juez y subsidiariamente ante la Audiencia provincial.
La mujer, que permanece en prisión incondicional desde su detención el 31 de julio, está acusada de delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos por haberse apoderado de fotos y cartas íntimas de la víctima y haberlas mostrado a sus hijos y familiares, y un último delito de allanamiento de morada por entrar sin autorización en su chalé.

El fallecido, de 59 años, era jefe para Andalucía occidental del Centro Especial de Recuperaciones (CER) del BBVA, que gestiona el cobro a morosos, y fue hallado por un compañero del banco, extrañado por su ausencia del trabajo.

Según el auto de procesamiento, la separación del matrimonio había sido conflictiva, con "escándalos mayúsculos", discusiones en público y amenazas de muerte.

Sostiene el juez que N.C.S. entró con las llaves que aún conservaba, sorprendió a su marido viendo la televisión después de comer y le disparó dos veces al tórax, causándole heridas que no eran mortales de necesidad pero que provocaron su muerte por hemorragia.

Tras una "minuciosa limpieza" del lugar del crimen, la procesada "rebuscó en los cajones" para aparentar un robo, se apoderó del móvil de su ex esposo y regresó a Sevilla, donde arrojó el revólver al río Guadalquivir.

El juez señaló como una de las pruebas del crimen la declaración de J.J.F., tío de la acusada que le había regalado el revólver, a quien N.C.S. le reveló datos que estaban "exclusivamente el alcance de quien estuviera en el lugar de los hechos" como su entrada por la cocina o la existencia en el despacho de fotos de mujeres.

¿De qué se quejan los vigilantes?


Los vigilantes de seguridad de la empresa Alse S.A. subcontratados por la Diputación Foral de Bizkaia queremos mejorar nuestras condiciones laborales.El año pasado salió a concurso la limpieza de los edificios de la diputación y dichos trabajadores consiguieron la equiparación salarial. No entendemos por qué ahora que va a salir el concurso de seguridad, no sale con las mismas condiciones.

Sólo pedimos cobrar y tener las mimas condiciones laborales que nuestros compañeros de limpieza subcontratados por la diputación porque el Departamento de Acción Social de la Diputación da una renta básica que es superior al salario de los Vigilantes que tiene subcontratados.

¿Sacarán adelante el concurso de seguridad de sus edificios, sin tener en cuenta nuestras reivindicaciones? Esperamos que nos escuchen, pero también tienen que saber que nuestra empresa nos ha congelado nuestros mísero salario el año 2009, y seguramente también los años 2010, 2011 y 2012. Pero, a partir de 2010, va a ser bastante peor para nosotros ya que nos van a rebajar aun más esa miseria, al subirnos dos puntos las retenciones del IRPF. A poco que echen cuentas, verán que el personal subcontratado para cuidar sus edificios esta rozando lo que ellos llama el umbral de la pobreza.

Emilio Martín Clemente Comité de Empresa de Alse

4.000 jóvenes llevan el botellón a 'Teleco' por la presencia policial en Industriales


«Por mucho que hagamos, está demostrado que no hay forma» .La Universidad de Valladolid no ha podido evitar que se celebrara ayer el 'macrobotellón' en sus instalaciones. De nuevo, se ha sentido impotente, aunque el rector intentara adelantarse al evento autorizando el acceso policial al campus del Esgueva (Industriales) donde se había convocado la fiesta a través de la red social tuenti. La cita estaba en las agendas de numerosos universitarios -tercer viernes de octubre, celebración de San Lucas, patrono de la Facultad de Medicina-, pero el escenario resultó un fiasco cuando por la mañana numerosos estudiantes empezaron a llegar al punto de encuentro y la presencia policial les disuadió de hacer el despliegue de bolsas cargadas con botellas, 'tetrabriks' y latas .
No importó. Siguieron el camino hasta la explanada de Telecomunicaciones, en el campus Miguel Delibes, un espacio abierto, sin vallas ni cerramientos, que fue tomado literalmente por 4.000 jóvenes (universitarios en su mayoría), según fuentes de la Policía Municipal.
Al tiempo que las autoridades académicas conocían a primera hora del día este cambio de planes, el rector de la UVA se puso de nuevo en contacto con el Ayuntamiento para autorizar de nuevo el acceso de los agentes al improvisado escenario, en el caso de que fuera necesario. Y hasta allí se tuvieron que trasladar también los vigilantes contratados por la Universidad, mientras los agentes vigilaban y controlaban de lejos. No obstante, estas mismas fuentes confirmaron que la concentración, que prosiguió hasta casi entrada la noche, se había desarrollado sin incidentes. «Lo único que sabemos a esta hora es que han dejado aquello hecho una pocilga», dijo por la tarde el vicerrector de Planificación Estratégica, Alfonso Redondo, quien subraya que a pesar de haber pedido la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hecho muy criticado por algunas asociaciones estudiantiles como Alternativa Universitaria. «No queríamos de modo alguno una batalla campal, eso hay que evitarlo por encima de todo». A su juicio, es necesario que se conciencien. «Les ponemos contenedores y no sirve de nada, acaban volcados en el suelo. Es un problema social, en la Universidad ponemos de nuestra parte todo lo habido y por haber pero por mucho que hagamos está demostrado que no hay forma».
La institución académica tiene una normativa específica para celebrar fiestas en sus instalaciones, en la que se exige que alguien se responsabilice de la organización y haya un seguro de responsabilidad, por lo que la celebración del botellón incumple la normativa. Es más, a pesar de las autorización del rector para permitir el acceso policial a las instalaciones, la Universidad se ve impotente para evitar estas celebraciones que conllevan la contratación de una decena de vigilantes, como en este caso, y el envío de cuadrillas para limpiar la zona de 'acampada'.
Alumnos de Medicina, Empresariales, Derecho, ADE, Económicas, Arquitectura, Relaciones Públicas y Turismo; de institutos como Juan de Herrera y Zorrilla, de la Escuela de Arte y Educación de Adultos, participaron en la cita. Con el carné en la mano, mostraban su mayoría de edad, mientras Jonathan confesaba sus 17 años y estar en paro. Buscaba trabajo. (No en ese momento).

Objetivo prioritario


El secuestro del 'Alakrana' y sus 36 tripulantes, que se prolonga ya tres semanas, encadenó ayer varios episodios que llevan al extremo el desconcierto que rodea la complicada y espinosa resolución del cautiverio. Mientras el Gobierno autorizaba que los vigilantes privados embarcados en los atuneros del Índico lleven armas militares para prevenir posibles asaltos y repelerlos, en un intento de incrementar la seguridad sin subir a los buques a miembros de la Marina, el embrollo judicial en torno a uno de los dos piratas detenidos se agudizó al abrirse un inédito conflicto competencial entre el juez Pedraz y la Fiscalía. El garantismo del primero al inclinarse por la solución más favorable al reo al no dar por acreditada su mayoría de edad, frente al criterio opuesto del Ministerio Público, se ajusta a las previsiones legales. Pero resulta mucho más difícil de entender no sólo semejante disparidad a la hora de valorar el conjunto de los análisis forenses realizados, sino que la justicia no haya encontrado una vía menos gravosa de poner de manifiesto sus discrepancias. Aunque haya sido por otros motivos, no es la primera vez que afloran divergencias entre la Fiscalía y los magistrados de la Audiencia Nacional en un caso de piratería.
La actual peripecia en los juzgados de Abdu Willy debe resolverse lo antes posible por el bien de la legalidad y toda vez que este se ha convertido en el enésimo elemento de perturbación para los familiares de los secuestrados.

viernes, 23 de octubre de 2009

La seguridad en las tiendas de los Centros Comerciales



Tiendas de ropa e indumentaria deportiva, supermercados, hipermercados, locales destinados a la venta de hardware, hiperfarmacias… todo comercio o local perteneciente a la Industria del Retail (venta al por menor) genera en forma periódica (por lo general cada tres meses) un inventario, ello dependerá de la política de la empresa

En él se detalla la cantidad existente de mercadería en stock, la mercadería expuesta en el salón de venta, la mercadería que ingresó y la que egresó.

Por lo general, este procedimiento consiste en el conteo minucioso de la mercadería existente y el cruce de las cifras arrojadas por el mismo con los datos de los libros o del sistema informático del que se disponga para llevar el control; la mercadería que existe y la que debería existir.


Las diferencias de inventario
El inventario dará como resultado faltantes o excedentes. Lamentablemente los primeros son los más populares. Los excedentes se dan, por ejemplo, cuando no se asienta apropiadamente el ingreso de mercadería, mientras que los faltantes pueden ser por distintos motivos:

Mercadería averiada
Error del sistema de control
Error de proveedor
Robo perpetrado por agentes externos
Robo interno
La mercadería averiada es de fácil constatación. Bastará con el visto bueno de un supervisor o encargado de piso para darle de baja al producto y sumarlo a las pérdidas. El porcentaje representado por las averías dentro de las perdidas determinadas en el inventario dependerá del rubro.

Para tener una idea, pondremos como ejemplo a un supermercado. Un valor admisible de pérdidas por averías, en este caso, varía entre el 5% y el 7%. Claro que debemos considerar la calidad del transporte, los depósitos y todo aspecto de la logística que afecte a la mercadería en tránsito.

Una vez en góndola, el riesgo de avería estará representado por las manos de los empleados y de los clientes curiosos.

Los errores de sistema son frecuentes, muchas veces cuando se tienen apartados aquellos productos que saldrán por robo o avería, y la baja no fue volcada aún al sistema se tendrá el faltante de tales productos.

Por lo general, los errores administrativos representan, dentro de las pérdidas por diferencia de inventario, entre el 10% y el 15%. Son simples promedios que dependeran de la politica de cada empresa.

Cuando estos errores representan más del 15% de la diferencia de inventario, debemos prestar atención y considerar la posibilidad de un estudio orientado a la búsqueda de explicaciones, tal vez el sistema no es eficiente o, peor aún, el personal no sabe utilizarlo.

Cuando hablamos de porcentajes superiores al 20%, lo mejor será iniciar una auditoria interna, más aún si hablamos de productos como electrodomésticos, medicamentos de venta libre, ropa, perfumería, etc.

Dentro de las diferencias de inventario, la menor cifra suele estar representada por los errores de proveedores. Estos errores se pueden evitar con facilidad si realizamos tareas rutinarias de control de depósito.

Si son realizadas estas tareas de control, asumiremos la diferencia de inventario arrojada dentro de errores de sistema.

Ahora bien, si estas tareas no son realizadas, lo más conveniente es tratarlo como un ítem separado.

El robo hormiga
El robo perpetrado por agentes externos es conocido como robo hormiga. Es el robo que hace un consumidor en la sala de exhibición de una cadena de retailing.

A fin de evitar este tipo de robo, la atención de los empleados debe recaer sobre:

Cambios de productos sin factura o ticket
Bolsas de aluminio escondida debajo de la ropa
Carteras y bolsos pequeños
Coches para bebés
Periódicos
Doble forro, bolsillos escondidos
Escenas montadas para distraer al personal
Los empleados deben saber identificar las alertas tempranas; mercadería removida, actitudes sospechosas o huecos en góndola, descartes o envoltorios rotos (denominados muchas veces como “muertos”) o partes de alarmas removidas son algunas de ellas.

Muchas veces, el diseño del local en sí genera condiciones propicias para el robo de este tipo, por ejemplo, la existencia de ángulos muertos o estanterías altas (que obstruyen la visión general o parcial del local).

Otras veces, las condiciones para la existencia del robo están dadas por la falta de atención hacia la mercadería exhibida, como ser mercadería no alarmada o mercadería desordenada.

Medidas de Seguridad
Los requerimientos de seguridad no son comunes a todos los establecimientos, dado que las tasas de siniestralidad varían de acuerdo a distintos factores, destacándose entre ellos el rubro al que se dedica el local y la zona en la que opera.

A continuación se enumeran las distintas medidas de seguridad a considerar, desde las más elementales y menos efectivas que puede llevar a cabo el mismo personal del establecimiento hasta la contratación de personal de seguridad especializado:

Saludar cordialmente a cada cliente cuando ingresa al local.
Preguntar a los clientes si necesitan ayuda.
Bolsos. Utilización de lockers y bolsas de seguridad.
Mantener mostradores y góndolas ordenadas (para facilitar un conteo rápido).
Regresar mercadería no vendida a su punto de exhibición.
Llevar la mercadería vendida al check out o línea de cajas o acompañar al cliente hasta que se encuentre abonado el producto.
Limitar la cantidad de prendas que un cliente puede llevar al probador y llevar un control sobre las mismas.
Preguntar a clientes que llevan tiempo prolongado en el probador si necesitan ayuda.
Si se trata de zapatos, sólo dar uno para que el cliente pruebe.
Colocar avisos visibles exponiendo las consecuencias del robo de mercadería.
Colocar los productos más baratos cerca del check out y los más caros lo más lejos posible de los accesos del local.
Organizar la mercadería de tal manera que sea fácil de observar por todo el personal.
Conservar libre de obstáculos el campo visual sobre el salón de venta.
Mantener la mercadería lo suficientemente separada (ya sea en góndolas) para facilitar su rápido conteo y control.
Instalación de espejos comunes y convexos.
Evitar esquinas oscuras en el local. Instalación de iluminación.
Instalación de cámaras falsas
Utilizar etiquetas que simulen ser alarmas.
Utilizar sistema de alarmas (lavels, hard tags).
Instalación de CCTV. Bunker. Monitoreo remoto. Comunicación con el personal del salón.
Contratación de personal de seguridad. Con experiencia
Como podemos observar, las medidas de seguridad enumeradas no sólo fueron ordenadas en función de su complejidad, sino también en función de costos. Son las últimas siete medidas de seguridad enumeradas las que involucran una inversión.

¿Por qué “inversión “ y no “gasto”?
Pues bien, antes de disponer la instalación de cualquier dispositivo o la contratación de personal de seguridad, debe hacerse un análisis costo beneficio.

Por ejemplo, si hablamos de un establecimiento que realiza inventarios mensuales, la contratación de un servicio de seguridad será viable en tanto y en cuanto su costo sea menor a las pérdidas atribuidas a robos determinadas en los últimos dos inventarios realizados.


Suplemento Temático: Seguridad en Centros Comerciales

Asociación de Escoltas alerta del riesgo de embarcar mercenarios extranjeros por su conexión con las mafias


Avisa de informadores en los puertos de toda la zona que ofrecen datos de las rutas de los barcos a los piratas a cambio de dinero
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Escoltas (ASES) desaconseja a los pesqueros españoles contratar a mercenarios extranjeros para la protección de sus barcos en la zona del cuerno de África ya que, pese a su menor coste, existe el elevado riesgo de que muchos de ellos mantengan vínculos directos con las mafias que operan en la zona, llegando a facilitar los asaltos para repartirse las ganancias.

Según explicó a Europa Press el presidente de ASES, Vicente de la Cruz, ya se han dado precedentes en los que son los propios mercenarios contratados para la protección de una embarcación en alta mar los que han dado instrucciones a los piratas sobre las rutas previstas o el paradero de los pesqueros propiciando los atracos para luego beneficiarse de parte del botín.

Actualmente, las mafias que operan en Somalia se dividen en cuatro zonas de distinta intensidad. La situación más conflictiva se vive en el centro del país, incluyendo la capital Mogadiscio. Allí se encuentran instaladas las mafias que cuentan con el armamento más sofisticado y el mayor número de efectivos. Según De la Cruz, muchas de estas bandas mantienen relaciones con la red terrorista Al Qaeda.

En cuanto su 'modus operandi', el presidente de ASES otorgó especial importancia a la red de informadores que trabajan en los puertos donde atracan los barcos antes de partir a faenar en la zona. Según dijo, a cambio de sobornos, estos informadores aportan previamente datos a las mafias sobre las rutas de los barcos, la duración de las travesías y si llevan seguridad a bordo. Según ASES, hay informadores de este tipo en todos los principales puertos tanto de Somalia como del sur de la Península Arábiga.

El hecho de que los barcos porten seguridad en la mayoría de los casos ejerce un efecto disuasorio en las mafias. Pese a que cuentan con armamento superior (antiaéreos de 20 milímetros capaces de alcanzar una embarcación a gran distancia o proyectiles capaces de superar férreos blindajes) en su proceder impera siempre la premisa de evitar enfrentamientos armados en alta mar.

Por todos estos elementos y dada la fuerte implantación de estas mafias en la zona, desde ASES apuestan por la contratación de agentes de seguridad privada formados y seleccionados por empresas especializadas en España, pese a que esta elección pueda suponer un mayor coste a los armadores de los barcos.

De la Cruz se basa en que, a la hora de formar un equipo para proteger un barco es necesario tener en cuenta numerosos factores y cumplir con una serie de requisitos tanto psicológicos, de seguridad o de carácter legal nacional e internacional que sí exige el Ministerio del Interior a diferencia de otros países.

MÁS DE 27.000 EUROS DE COSTE

Proteger un barco pesquero como los que habitualmente faenan en aguas del Océano Índico con agentes de seguridad privada costaría un mínimo de 72.000 euros al mes sin contar con gastos indirectos como desplazamientos, dietas o alojamiento, según ASES.

Ese es el precio que una empresa armadora debería invertir sólo en pagar los servicios de los agentes dado que un barco de unos 40 metros de eslora como los que conforman la flota española necesitaría como mínimo seis agentes para proteger la embarcación (tres en cada bando). El salario que reciben cada uno de estos agentes por la prestación de estos servicios asciende a 12.000 euros al mes.

Además, tras un mes embarcados, los agentes de seguridad precisan una semana de descanso que suelen disfrutar en tierra firme en el país más cercano por lo que, al invertir en seguridad privada, las empresas también deben contar con gastos de hoteles y alojamiento.

Asimismo, los armadores también deben hacer frente a los costes de equipamiento de los agentes (desde el armamento a guantes anticorte, botas adecuadas o cascos especiales...) que suele oscilar en torno a los 9.000 euros por persona. Las empresas armadoras del País Vasco negociarán con la administración autonómica y central ayudas para la financiación.

PERMISOS DE INTERIOR

Fuentes del Ministerio del Interior aseguraron a Europa Press que el Departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha otorgado permisos a varias empresas de seguridad para alcanzar acuerdos con los armadores que lo requieran, si bien, desde ASES, aseguran que en la actualidad ninguno de los cerca de 15 atuneros que faenan en aguas del Índico cuenta con seguridad privada.

En previsión de que en los próximos meses sí se firmen contratos coincidiendo con el inicio de la nueva temporada de pesca en la zona, ASES cuenta ya con cerca de 500 currículos de personal cualificado dispuesto a desempeñar estas funciones en alta mar.

ASES organizará entre el 2 y el 6 de noviembre en Tarragona un cursillo de formación dedicado labores de seguridad a bordo de un barco que le ha solicitado una empresa de seguridad que se encuentra en negociaciones con algunos armadores y sobre la que no ha trascendido el nombre por cuestiones de seguridad.