Bilbao, dos mujeres detenidas por hurto de bolso y utilización fraudulenta de tarjeta de crédito

A primera hora de la tarde de ayer la Ertzaintza detuvo en Bilbao a dos mujeres de 22 y 28 años, acusadas de sustraer un bolso en el interior de un turismo y utilizar una tarjeta de crédito para realizar compras en unos grandes almacenes de la capital.

Alrededor de la una y cuarto de la tarde de ayer los responsables de seguridad de un centro comercial de Bilbao informaban a la Ertzaintza de la presencia de dos jóvenes que habían realizado compras en diversos departamentos con una tarjeta de crédito sustraída. Al parecer, las mujeres habían adquirido objetos por valor superior a los 300 euros y se disponían a realizar nuevas adquisiciones valoradas aproximadamente en otros 700 euros cuando el personal de seguridad tuvo conocimiento de que la tarjeta había sido sustraída una hora antes. Los vigilantes de seguridad retuvieron a las compradoras y alertaron a la Ertzaintza. Los agentes desplazados al lugar contactaron con las presuntas autoras que reconocieron haber sustraído un bolso del interior de un vehículo haciendo uso de una de las tarjetas. Las dos mujeres se habían quedado con un teléfono móvil y la tarjeta de crédito arrojando el bolso y el resto de los enseres en una papelera donde fueron localizados y posteriormente entregados a su propietaria. Ante tales evidencias los agentes procedieron a la detención de las dos mujeres, acusadas de un delito contra el patrimonio.

¡He hecho cosas muy malas!´

B. PALAU / J.F. MESTRE. PALMA. "¡He hecho cosas muy malas! Vengo a entregarme. Quiero hablar con el juez". Un hombre entró el pasado martes al mediodía en los juzgados de Vía Alemania, en Palma, y lo primero que le dijo al vigilante de seguridad fue esto. El sospechoso, con unas enormes gafas de sol, una gorra, bermudas y llevando en una de sus manos una bolsa de deporte, estaba decidido. "He hecho cosas muy malas", volvió a insistir. El vigilante, al no poder averiguar nada más, decidió acompañarlo hasta el juzgado de guardia. Allí, el hombre, sin perder los nervios, repitió las mismas palabras: "Quiero hablar con el juez". Un funcionario trató de sonsacarle qué eran esas cosas tan malas que había realizado y al final se enteró de que hacía poco que había salido del área de psiquiatría de un hospital. El hombre abandonó el edificio a los pocos minutos, esta vez acompañado por la Policía.

Cada semana se expedienta a 140 personas por tomar droga en la calle

La subdelegación sorprende en seis meses a casi un millar de zaragozanos con armas prohibidas.Encartados 86 locales por infracciones tramitadas en materia de seguridad privada.
La Subdelegación del Gobierno en Zaragoza ha abierto en los primeros seis meses del año un total de 3.654 expedientes a ciudadanos por el consumo o tenencia de estupefacientes en espacios públicos, básicamente en la calle, en establecimientos de hostelería y en medios de transporte. Esta cifra supone que en la provincia son expedientadas una media de 140 personas cada semana: una cada poco más de una hora.

No obstante, la cifra de personas sorprendidas por las fuerzas de seguridad cuando consumían o portaban drogas es superior, ya que entre enero y junio las denuncias presentadas por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana ascendieron a 6.445, mientras que los expedientes abiertos suman 4.939, y el 74% de los que se tramita tiene relación con los estupefacientes.

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Corcuera, castiga con multas de 301 a 301.000 euros el consumo y la tenencia de drogas --aunque no estén destinadas al tráfico--, el abandono de útiles o instrumentos utilizados en su consumición --jeringuillas usadas, por ejemplo-- y, en el caso de los responsables de locales públicos, la tolerancia de su utilización y su venta, caso en el que pueden enfrentarse a clausuras de entre seis meses y seis años en función de la entidad de la infracción y el grado de reincidencia.

El consumo o tenencia de estupefacientes en lugares públicos también puede dar lugar a la retirada del carnet de conducir y de la licencia de armas, así como a la expulsión del territorio español en caso de que el expediente le sea abierto a un ciudadano extracomunitario.

No obstante, también existen motivos por los que un ciudadano puede librarse de las sanciones. Pueden suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación de las drogas en un centro acreditado. También, si se demuestra que la presencia de componentes alucinógenos en la droga intervenida resulta inocua --por su escaso porcentaje-- o es inexistente, frecuentemente como consecuencia de la adulteración.

OTRAS INFRACCIONES El precepto de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 más vulnerado en Zaragoza tras el que sanciona la tenencia y el consumo de drogas en lugares públicos es el referente a las armas. La Subdelegación del Gobierno abrió en los seis primeros meses de este año un total de 986 expedientes sancionadores por la posesión de armas prohibidas, caso de los cuchillos y navajas cuya hoja mide más de once centímetros, las de doble filo y las automáticas. Este tipo de falta generó prácticamente el 20% de los trámites sancionadores en el primer semestre del 2009.

Le siguen en número, aunque a mucha distancia, los 86 expedientes tramitados por infracciones a la normativa sobre seguridad privada, ya sea por su ausencia en locales donde es obligatoria su presencia o porque protagonicen actuaciones inapropiadas.

El último bloque de expedientes lo integran 67 infracciones en materia de seguridad ciudadana --deficiencias en los registros de hostelería, comercio de objetos de segunda mano y joyas, desguaces o almacenes de productos químicos-- mientras entre los 156 legajos clasificados como otros destaca el empleo de extranjeros sin papeles.

Los médicos tienen miedo

N. RAMÍREZ DE CASTRO | MADRID
Pedro entró en el ambulatorio de Moratalla (Murcia) con una pistola que guardaba desde hace 20 años. Sin mediar palabra, disparó a bocajarro contra su médico. Tres disparos en el cráneo y en el pecho acabaron con la vida de una joven doctora de 35 años esta primavera. Su delito fue no suministrarle el tratamiento que reclamaba un paciente angustiado por su asma. La mecha que enciende la mayoría de los conflictos entre médicos y pacientes.
En otros centros sanitarios no hay disparos. Aunque no se necesitan para que el personal médico y de enfermería se sienta atemorizado en sus puestos de trabajo. Los empujones, golpes y, sobre todo, amenazas e insultos han dejado de ser rarezas para convertirse en situaciones cotidianas. No hay cifras oficiales que permitan conocer la dimensión del problema. Los últimos datos los aporta un estudio de la Universidad de Zaragoza. Este trabajo muestra que el 11% de los médicos ha sido víctima de agresiones físicas y un 5% ha sufrido en más de una ocasión. Las agresiones verbales están más a la orden del día: el 64% ha tenido que aguantar amenazas, coacciones e insultos. El estudio, realizado durante 2005 en tres hospitales y 22 centros de primaria de Aragón y Castilla-La Mancha se ha publicado en una revista de salud laboral.
Estos datos y otros similares que maneja la Organización Médica Colegial (OMC) y los sindicatos médicos nos sitúan a la cabeza del número de agresiones de Europa.
En Enfermería la situación es similar. No hay datos estadísticos precisos, sí la percepción de que las agresiones contra los profesionales sanitarios han pasado en pocos años de ser algo anecdótico a un problema de extrema gravedad. La asociación que agrupa al personal de enfermería realizó una encuesta en la que los propios enfermeros empezaban a asumir los insultos, las amenazas y los golpes, como parte del día a día de su trabajo.
El asesinato de la médico murciana sacó a la luz el lado más oscuro de la atención sanitaria. Su muerte desencadenó un rosario de manifestaciones de repulsa y nuevas promesas para atajar la violencia. Sindicatos y organizaciones colegiales de médicos y personal de enfermería piden de las administraciones campañas de sensibilización y también medidas físicas de protección. Desde arcos para detectar armas en las puertas de los centros sanitarios hasta un incremento de la seguridad privada.
La primaria, desprotegida
La mayoría de las agresiones se quedan en el olvido, apenas un 5% se denuncian, al menos, hasta ahora. El esfuerzo de algunas comunidades autónomas, de los colegios profesionales y de los sindicatos han servido para desarrollar protocolos y un circuito de atención para que los profesionales sepan a quién dirigirse y cómo elaborar una denuncia.
La presencia de guardias jurados en los grandes hospitales ya es habitual pero no en los centros de salud pese a ser una de las zonas más candentes. Los servicios de urgencias y la atención primaria concentran el mayor número de agresiones, donde hay más presión y resulta más fácil acceder al facultativo.
«La atención primaria está desprotegida. No hay vigilantes jurados y si los hay prestan sus servicios en días alternos», denuncia Julio Zarco, presidente de la Sociedad Española de Medicina Rural Y Generalista (Semergen). Colocar arcos o detectores de metales en la entrada, como se ha pedido, es «excesivo», dice. Pero contar con vigilantes, al menos en las zonas más conflictivas, «sería un apoyo psicológico importante para el personal sanitario».
«Actuaría como una medida disuasoria», apunta Franciso Toquero, vicepresidente de la OMC, la organización que agrupa a todos los colegios de médicos de España. «En algunos centros de Castilla y León los médicos hacen las urgencias nocturnas solos, sin una enfermera a su lado. ¿Y si ocurre algo?»
Insultos y amenazas
Las agresiones físicas son más excepcionales. El insulto y la amenaza están a la orden del día. «Usted está aquí a mi servicio porque yo le pago», es el comentario más repetido. «A los profesionales sanitarios nos ven como funcionarios y no les falta razón. Con los años hemos perdido el respeto de los pacientes porque la administración nos ha burocratizado. La presión asistencial, la falta de tiempo por consulta, el papeleo que deben hacer..., muchos médicos ni siquiera levantan la vista de los informes cuando ven a sus enfermos». El paciente, por su parte, «se cree en la posesión de todos los derechos y ninguna obligación. En otros países europeos, la sanidad es un bien costoso que se valora y no se abusa», insiste.
Todos coinciden: falta educación sanitaria y recuperar la imagen del médico y de una profesión que tanta entrega requiere. Se piden campañas de sensibilización para poner en valor a los profesionales sanitarios y también la colaboración de toda la sociedad. Toquero cree que la imagen idílica que de los centros de salud y hospitales se da en la televisión no ayuda.
Internet tampoco. La red ha convertido la consulta del médico en una negociación imposible en la que los pacientes exigen pruebas innecesarias. «Hay a quien le duele la cabeza y pide un escáner, cuando esa prueba puede hacer más daño que bien». O exigen antibióticos para combatir un simple resfriado común o un análisis de sangre porque así se quedarían tranquilos. Ésta es la mecha que enciende muchos de los conflictos que se viven en las consultas.
La relación entre médico y paciente ha cambiado. El clima de respeto y confianza que existía hace veinte años no es el de ahora. La sociedad es más violenta pero también hay un trasfondo legal, opina el experto en derecho sanitario, Igor Pinedo. «La legislación cada vez otorga más derechos al paciente sin cuidar su respeto hacia los profesionales de la salud», afirma.

El asesino de dos policías huye de la cárcel de Villena

El atracador abandonó en un descampado de Murcia la pulsera GPS que le colocaron para salir de permiso y ya no regresó a la prisión

PÉREZ GIL ELDA ?
La policía busca a un peligroso atracador que no ha regresado a la cárcel de Villena tras un permiso de seis días, el quinto del que disfrutaba después de cumplir 13 años de los 25 de condena sin pisar la calle. Se trata de Giorgio Eduardo Rodríguez Dip, argentino de 50 años, uno de los cuatro atracadores que participó en el asesinato de dos agentes de la Policía Local de Córdoba.

Los hechos se produjeron en diciembre de 1996. La "banda de la nariz" -así se conocía a sus miembros por utilizar bigotes y narices falsas- asaltaron una oficina del Banco de Santander. Se llevaron 50 millones de pesetas y tomaron como rehén al guardia de seguridad. Pero en su huida se metieron en un atasco y una patrulla de la Policía Local los acorraló en una plaza. Fue entonces cuando uno de ellos, Claudio Lavazza, bajó del vehículo con una metralleta con la que acribilló a las agentes Ángeles García García y María Soledad Muñoz Navarro en el interior del coche patrulla sin darles posibilidad de defensa. Minutos después, policía nacional y Guardia Civil detenían a tres de ellos a escasos metros del lugar del crimen tras un espectacular tiroteo en el que dos atracadores, dos agentes y el guardia jurado resultaron heridos. Por la tarde, la Guardia Civil detuvo al último de los atracadores, Claudio Lavazza, que en 2001 fue condenado por un juzgado de Elx a cinco años de cárcel por ocultar un arsenal de armas en un piso de Santa Pola.

El preso que ha quebrantado la condena en la prisión de Villena, Giorgio Eduardo Rodríguez, se marchó por última vez de permiso el 20 de junio con la obligación de regresar a los seis días. Al igual que en las cuatro ocasiones anteriores los funcionarios le habían colocado una pulsera GPS para tenerlo localizado en todo momento. El mismo día en que finalizaba el plazo, el mecanismo de alarma de la pulsera se activó de forma automática. Tras recibir el aviso en la central de Madrid, el departamento de Instituciones Penitenciarias encargado del control telemático de los reclusos trasladaba la información a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y su agentes localizaban el dispositivo telemático roto y abandonado en un descampado de Murcia. Se le busca dese entonces.

El prófugo llegó a la prisión de Villena procedente de la cárcel salmantina de Topas en noviembre de 2006 y se adaptó con rapidez mostrando un comportamiento bueno. Incluso aseguró estar arrepentido por los "errores" que había cometido en su vida. Estaba ingresado en el Módulo de Educación y Respeto sujeto a normas rigurosas que conllevan un régimen más suave, donde llegó a dar clases a otros reclusos. Sin embargo desde círculos policiales se le considera un atracador "muy frío y peligroso".

MensajeTema: El asesino de dos policías huye de la cárcel de Villena Ayer a las 9:26 pm
El atracador abandonó en un descampado de Murcia la pulsera GPS que le colocaron para salir de permiso y ya no regresó a la prisión

PÉREZ GIL ELDA ?
La policía busca a un peligroso atracador que no ha regresado a la cárcel de Villena tras un permiso de seis días, el quinto del que disfrutaba después de cumplir 13 años de los 25 de condena sin pisar la calle. Se trata de Giorgio Eduardo Rodríguez Dip, argentino de 50 años, uno de los cuatro atracadores que participó en el asesinato de dos agentes de la Policía Local de Córdoba.

Los hechos se produjeron en diciembre de 1996. La "banda de la nariz" -así se conocía a sus miembros por utilizar bigotes y narices falsas- asaltaron una oficina del Banco de Santander. Se llevaron 50 millones de pesetas y tomaron como rehén al guardia de seguridad. Pero en su huida se metieron en un atasco y una patrulla de la Policía Local los acorraló en una plaza. Fue entonces cuando uno de ellos, Claudio Lavazza, bajó del vehículo con una metralleta con la que acribilló a las agentes Ángeles García García y María Soledad Muñoz Navarro en el interior del coche patrulla sin darles posibilidad de defensa. Minutos después, policía nacional y Guardia Civil detenían a tres de ellos a escasos metros del lugar del crimen tras un espectacular tiroteo en el que dos atracadores, dos agentes y el guardia jurado resultaron heridos. Por la tarde, la Guardia Civil detuvo al último de los atracadores, Claudio Lavazza, que en 2001 fue condenado por un juzgado de Elx a cinco años de cárcel por ocultar un arsenal de armas en un piso de Santa Pola.

El preso que ha quebrantado la condena en la prisión de Villena, Giorgio Eduardo Rodríguez, se marchó por última vez de permiso el 20 de junio con la obligación de regresar a los seis días. Al igual que en las cuatro ocasiones anteriores los funcionarios le habían colocado una pulsera GPS para tenerlo localizado en todo momento. El mismo día en que finalizaba el plazo, el mecanismo de alarma de la pulsera se activó de forma automática. Tras recibir el aviso en la central de Madrid, el departamento de Instituciones Penitenciarias encargado del control telemático de los reclusos trasladaba la información a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y su agentes localizaban el dispositivo telemático roto y abandonado en un descampado de Murcia. Se le busca dese entonces.

El prófugo llegó a la prisión de Villena procedente de la cárcel salmantina de Topas en noviembre de 2006 y se adaptó con rapidez mostrando un comportamiento bueno. Incluso aseguró estar arrepentido por los "errores" que había cometido en su vida. Estaba ingresado en el Módulo de Educación y Respeto sujeto a normas rigurosas que conllevan un régimen más suave, donde llegó a dar clases a otros reclusos. Sin embargo desde círculos policiales se le considera un atracador "muy frío y peligroso".

El refuerzo de la seguridad logra reducir los robos en el polígono de la ría

S. FERNÁNDEZ
El refuerzo de la seguridad -pública y privada- ha logrado reducir los robos de material eléctrico en el polígono de la ría, escenario de constantes hurtos de acometidas para la posterior venta delictiva de cobre y otros minerales.

La entidad de conservación del Parque Empresarial Principado de Asturias adjudicó a finales del pasado año tres contratos que suponen una apuesta por el progreso de la instalaciones. Uno de estos contratos fue el de la seguridad privada. Además, se da la circunstancia de que el polígono es una ruta diaria de la Policía. La noche queda en manos de los propietarios. Esta presión ha expulsado a los ladrones de la zona casi al cien por ciento, pese a que recientemente se produjo un robo en una nave.

Daniel Couso, presidente de los propietarios del polígono, explicó, además, que la limpieza y la jardinería se están realizando de forma regular. La recogida de basura es explotada por Jofrasa y queda a la discreción de los socios de la entidad.

Trabajadores de una empresa de seguridad denuncian retrasos en el pago de las nóminas

MAGALÍ FERNÁNDEZ Empleados de la empresa C-7 Seguridad S.L, que presta servicios de vigilancia en diversos centros sanitarios de la provincia, denunciaron ayer que llevan sufriendo demoras en el pago de sus mensualidades desde el mes de marzo. Al menos unos 15 trabajadores no reciben sus sueldos en las fechas legalmente estipuladas, es decir, entre los días 1 y 5 de cada mes, según afirman.
Además, los vigilantes subrayan que se les adeudan las horas de servicios especiales realizados. En un comunicado distribuido por la empresa, hace tres meses se aduce como motivo de los retrasos "la grave situación financiera que está atravesando la economía española". José Jiménez, empleado de C-7 desde hace un año, señalaba ayer que los traqbajadores se sienten "olvidados", ya que nadie responde a sus reclamaciones. Asimismo, declaró que "es muy difícil ejercer una profesión como la suya, que pone en peligro su integridad física, bajo estas condiciones".
Por su parte, fuentes de la empresa declararon que "hay trabajadores que ya han cobrado su nómina y otros a los que se les abonará próximamente". Con respecto al pago de las horas extraordinarias que los empleados afirman no haber recibido, la empresa manifestó que "ya se han cumplido" y rechazó hacer más comentarios al respecto.

huelga en Securitas Murcia

SECTOR
SEGURIDAD PRIVADA Y AFINES


Comisión Ejecutiva Regional El CSICSIF
convoca huelga en SECURITAS MURCIA
para defender al Gerente

En Murcia, a 8 de Julio de 2009

Estimados/as compañeros/as:

Como sabéis, un enjambre de sindicatos minoritarios encabezados
por el CSI-CISF convocaron una huelga indefinida fantasma en todo el
territorio nacional a partir del pasado día 30 de Junio, que en nada nos
ha beneficiado.

Estas huelgas están condenadas al fracaso, sin seguimiento por los
trabajadores y están destinadas sólo para ponernos a prueba y para romper la
unidad de acción de los sindicatos de la Mesa Negociadora; no buscan el éxito de
la misma, buscan hacer maniobras de presunción, antes que hacer verdaderos
ejercicios de presión. Nos parece de una irresponsabilidad absoluta desgastar
inútilmente la fuerza de presión de los trabajadores que, engañados, secunden
estas huelgas indefinidas.

Finalmente, el CSI-CSIF dejaba colgados el mismo día 30
de junio a esta amalgama de asociaciones y sindicatos
residuales desligándose de la huelga sin argumentos
ningunos


Como todas y todos sabéis, el derecho fundamental a la huelga puede
experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión
con libertades, derechos o bienes constitucionalmente protegidos. La propia
Constitución, en su artículo 28.2, reconoce como límite expreso la necesidad de
garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Los “ANALFABETOS SINDICALES DEL CSI-CSIF” por lo visto no
saben que en el año 2002 se publicó en el BOE. num. 143 de 15 de Junio el
REAL DECRETO 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza la
prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad privada

C/ Santa Teresa, 10 – 7ª Planta. 30005 Murcia
Teléfono: 968 27 44 10. Fax: 968 27 43 41
Correo electrónico: seguridad@murcia.ugt.org


Sector Seguridad Privada

en situaciones de huelga. En su artículo 2 se indican los servicios que tienen
consideración de esenciales:

1. Los relativos a la prestación de servicios de seguridad:
a) En centrales nucleares, en petroquímicas, refinerías y depósitos de combustibles.

b) En las actividades de depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas,
billetes y demás objetos valiosos o peligrosos, así como en las de transporte y
distribución.

c) En las fábricas de armas de fuego, en las de explosivos y en sus almacenamientos.
d) En los transportes públicos (puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.) y en los
centros de telecomunicaciones.

e) En los Bancos, Cajas de Ahorro, entidades de crédito y en todos aquellos otros
establecimientos, instalaciones actividades en los que el servicio de seguridad se
haya impuesto con carácter obligatorio.

f) En actividades de transformación, depósito, transporte y distribución de materias

inflamables.
g) En servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad.
h) En centros y sedes de medios de comunicación social.


2. Los servicios de protección de la seguridad personal a autoridades, cargos públicos y
otras personas.
3. Los servicios que se presten en centrales de alarma, al objeto de garantizar la
efectividad de los servicios descritos en este artículo.
Los “ANALFABETOS SINDICALES DEL CSI-CSIF” por lo visto

también desconocen las Resoluciones de la Secretaría de Estado de
Seguridad por las que se establecen los porcentajes de servicios
mínimos, así como las sentencias del Tribunal Supremo, Tribunal
Superior de Galicia y la Audiencia Nacional al respecto.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 10 de Octubre de 2003
ratificó los servicios calificados como esenciales que se describen en el REAL DECRETO
524/2002.

Además, el Tribunal Supremo reiteró en dicha sentencia la doctrina del Tribunal
Constitucional, que establece que la caracterización de un servicio como esencial, a efectos
de la posible fijación de servicios mínimos, no es tanto la naturaleza de la actividad que a
través del mismo se despliega, como el resultado que a través de esa actividad se consigue,
en función de los derechos e intereses afectados, que cobran transcendencia, cuando, como
es el caso, directamente comprometen el derecho fundamental a la seguridad privada del
art. 17.1 de la Constitución Española. Por lo que es indiferente que el servicio se preste a
través de una relación de servicio funcionarial, o simplemente mediante empleados unidos
por relación laboral. Lo determinante es el carácter y finalidad de las funciones realizadas,
no el tipo de vinculación con la entidad que trata de proporcionar la seguridad, ni el tipo o
calidad de las necesidades comerciales o económicas que el establecimiento concernido
inmediatamente persigue, sino el bien jurídico, seguridad personal, que en definitiva se
protege con la declaración de esencial de la actividad.

C/ Santa Teresa, 10 – 7ª Planta. 30005 Murcia
Teléfono: 968 27 44 10. Fax: 968 27 43 41
Correo electrónico: seguridad@murcia.ugt.org

La inflación creció medio punto en Catalunya en junio hasta situarse en el -0,5%

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -


El Indice de Precios de Consumo (IPC) creció un 0,5% en Catalunya en el mes de junio, pero la tasa interanual --últimos doce meses-- acentuó su caída hasta situarse en el -0,5% después de entrar en mayo en valores negativos tras meses de descensos, según datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC subió cuatro décimas el mes pasado respecto a mayo y la tasa interanual bajó una décima hasta el -1%, un nuevo mínimo histórico después de encadenar el undécimo descenso consecutivo.

JOSEP M. ÀLVAREZ PARTICIPA EN UNA ASSEMBLEA DE DELEGATS DE LA UGT deL VALLÈS ORIENTAL

Dilluns, a les 11 hores, al Centre Cívic Nord de Granollers



El proper dilluns, 13 de juliol, el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep M. Àlvarez, participa en una assemblea de delegats i delegades del Vallès Oriental. L’assemblea, a la qual assistiran un centenar de delegats i delegades del nostre sindicat, tindrà lloc a partir de les 11 hores al Centre Cívic Nord de Granollers.

Sota el lema “Davant la crisi: noves propostes, nova organització”, l’assemblea servirà per explicar els canvis organitzatius i les línies de treball que es van decidir al XIIIè Congrés de la UGT de Catalunya, celebrat el passat mes d’abril.

Després de l’assemblea, Josep M. Àlvarez atendrà els mitjans de comunicació assistents.




Assemblea de delegats de la UGT del Vallès Oriental

DIA: dilluns, 13 de juliol de 2009
HORA: 11 hores
LLOC: Centre Cívic Nord (c. de Lledoner, 6, Granollers).

55 detenidos por robar más de 20 toneladas de cable de cobre

La Guardia Civil ha practicado la mayoría de las detenciones en Madrid. Casi todos los implicados tienen la nacionalidad rumana



La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que se dedicaba presuntamente al robo, tratamiento y posterior venta de cobre procedente del cableado telefónico y eléctrico, en una operación en la que han sido detenidas 55 personas, la mayoría en Madrid, y han sido incautadas 20 toneladas de este material.

De la Operación Gallinero, que es como se llama la zona del poblado marginal de la Cañada Real Galiana en Madrid donde se asentaba el grupo, ha informado esta mañana el comandante de la Guardia Civil Javier Rogero, coordinador del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza).

Las detenciones se han practicado en su inmensa mayoría en Madrid y los arrestados son todos rumanos, excepto siete españoles -los chatarreros que les compraban el cobre-, que también han sido arrestados en esta provincia y en la de Toledo. A los detenidos se les imputan más de 50 robos en las comunidades de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía, y algunos de ellos, según la Guardia Civil, dejaron incomunicadas por vía telefónica a poblaciones enteras, cuyos habitantes vieron limitados los accesos a los servicios básicos y, sobre todo, a los de emergencias.

Por este motivo, los investigadores pretenden que estos hechos no se contemplen como meros robos con fuerza, pues el material sustraído es "altamente sensible" y se han dejado incomunicadas durante dos o tres días a pequeñas poblaciones. Los detenidos, con antecedentes por hechos similares y en algunos casos arrestados hasta diez veces, cometían dos o tres robos durante la noche y en una ocasión llegaron a sustraer unos ocho kilómetros de cable telefónico en la provincia de Sevilla.

Además, según indicaron a Efe fuentes de la investigación, dejaron sin teléfono tres veces en una misma semana a una urbanización de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Los agentes llevaban cuatro meses detrás del grupo, que se dedicaba al robo de cable telefónico y también, en su última etapa, a la sustracción de cable eléctrico procedente de huertos solares. El grupo estaba "perfectamente organizado" ya que, primero, antes de cometer el robo, se desplazaba al lugar elegido para efectuar los "ojeos", es decir, observaban a plena luz del día la zona para comprobar las medidas de seguridad.

Eran zonas de poblaciones pequeñas, alejadas de las principales vías de comunicación, cuando se trataba del robo de cableado telefónico, y estaban localizadas entre Sevilla y Córdoba, en el caso del tendido eléctrico de huertos solares.

Los detenidos no "trabajaban" el tendido de alta y mediana tensión, ya que algunos delincuentes que se dedican a ello han fallecido tras sufrir descargas eléctricas. Una vez que seleccionaban su "objetivo", esa misma noche perpetraban el robo con vehículos propios y con otros que sustraían en las proximidades, y eran conducidos por menores, conscientes de que su responsabilidad penal es inferior.

Los detenidos cortaban el cableado de poste a poste, lo seccionaban en tramos de metro y metro y medio para cargarlo, y lo trasladaban al poblado donde vivían, aunque en algunas ocasiones, cuando detectaban la presencia policial, lo escondían en lugares próximos a la zona del robo para luego recogerlo. Ya en el poblado, otros miembros del grupo quitaban la cobertura negra exterior del cable, lo quemaban para que el plástico se fundiera y sólo quedara el cobre que iban acumulando y luego trasladaban a chatarrerías en cantidades de unos mil kilos.

Han sido inspeccionadas cuatro chatarrerías, tres ubicadas en la provincia de Madrid y una cuarta en Toledo, y la Guardia Civil considera a los receptadores detenidos cooperadores necesarios para el delito.

Fuente: El País
09/07/09

Policía Nacional y Local unen sus fuerzas en Gandia para garantizar un verano seguro

El mes de julio comienza en la playa de Gandia con la puesta en marcha del dispositivo especial de seguridad para este verano. La novedad de este año es la creación de un retén policial en el Grau formado por agentes locales y nacionales con el objetivo de resolver cualquier incidente durante los meses de julio y agosto. Por otra parte, el servicio policial de arena y primera línea de playa contará con un total de 36 agentes locales que patrullarán la zona por parejas en bicicleta, coche, quad y moto, así como con un equipo de voluntarios de Protección Civil, mientras que el refuerzo del cuerpo nacional será de 15 agentes. Las acciones policiales irán dirigidas especialmente a controlar prácticas ilegales como el 'botellón' o la venta ilegal de productos.
El departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gandia ha presentado el dispositivo especial que la Policía Local de la ciudad ha preparado para los meses de verano con el objeto de garantizar la seguridad de los ciudadanos gandienses y de los visitantes.

Se trata de un refuerzo al trabajo realizado por la Policía Nacional de Gandia durante los meses de mayor afluencia de vecinos y turistas que tienen su destino turístico en las playas gandienses.

La novedad de este año es que ambos cuerpos policiales, el nacional y el local, aunarán esfuerzos por consolidar este dispositivo de seguridad en la zona de playa de Gandia gracias al trabajo conjunto que desarrollarán en una nueva oficina situada en el Grau durante los meses de julio y agosto.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, ya anunció esta nueva medida en su visita a la capital de la Safor a principios de junio de este año. Este servicio coordinará los dispositivos de seguridad en la playa y atenderá al ciudadano en las denuncias.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Vicent Mascarell, señaló que se trata de un retén permanente disponible las 24 horas del día y cuyo objetivo será la resolución de cualquier conflicto e incidente, así como de las denuncias de los ciudadanos a lo largo de los meses de verano. En cualquier caso, las medidas están dirigidas a garantizar la seguridad ciudadana y que la actividad turística siga siendo un atractivo a nivel nacional e internacional.

En la presentación del dispositivo especial de verano, el concejal señaló que el servicio se centra en las zonas de arena y el paseo marítimo. Para ello, se han dispuesto diversos tipos de vehículos policiales: bicicletas, coches patrulla y los quads 4x4 que circularán por la arena.

En total serán 36 los agentes que velarán por la seguridad en la playa de Gandia y que desarrollarán su trabajo por turnos. De este modo, serán dos agentes los que circulen por la arena, dos con bicicleta por primera línea de playa, dos motoristas y una patrulla.

Vicent Mascarell explicó que el dispositivo de quads ya estaba funcionando pero que es ahora, con la llegada de los turistas, cuando el servicio se refuerza.

Por su parte, la Policia Nacional de la ciudad colaborará en este dispositivo con 15 agentes más de los habituales, a los que también se sumarán los voluntarios de Protección Civil, que al igual que los agentes locles, actuarán por turnos de dos en dos.

El de Gandia, con 93 voluntarios, es uno de los cuerpos de Protección Civil más numeroso de toda la Comunitat Valenciana. Protección Civil de Gandia movilizó el año pasado cerca de 1.700 voluntarios, que prestaron más de 9.000 horas de servicio.

El dispositivo estará presente durante todo el verano y especialmente en los días clave de entrada y salida de turistas que normalmente coinciden con el inicio y final de mes o de quincena, y también los fines de semana, según informó Mascarell.

La puesta en marcha de este dispositivo especial de seguridad marca el inicio de la temporada turística de la playa de Gandia y tratará de vigilar la zona ante cualquier incidente, aunque se prestará especial atención a las prácticas ilegales habituales como el botellón o la venta ambulante de productos falsificados, entre otras.

La última operación tuvo lugar el martes 30 de junio cuando agentes de la Policia Nacional se incautaron de alrededor de 15.000 artículos de venta ilegal en Gandia. Los detenidos, tres miembros de una banda internacional, se dedicaban a distribuir por la Safor toda clase de artículos falsificados. En este caso, fueron relojes, collares, colonias, monederos, bolsos, cinturones, camisetas y carteras que almacenaban en un chalé de Gandia para su posterior venta en la calle.

Los agentes de la Policía Nacional intervinieron 100 cajas con prendas y complementos falsificados de marcas como Tous, Prada, Carolina Herrera o Louis Vuitton, así como 2.000 relojes de imitación, un muestrario de productos y cinco teléfonos móviles. Pero además, en el momento en que los agentes estaban realizando el registro de la casa, llegó una furgoneta con bolsos supuestamente falsificados.

La seguridad en la playa no se limita a la zona de arena y primera línea de playa, sino que se extiende también a la zona de ocio. En este sentido, desde el Ayuntamiento se manifestó que se endurecerá el control de la seguridad privada de los pubs y discotecas con tal de evitar acciones ilegales. El delegado del Gobierno aseguró que los cuerpos de seguridad del Estado serán “muy estrictos” con la aplicación no reglada de la vigilancia privada en Gandia.

El IMFE impartirá 13 cursos en el centro histórico

La inserción de desempleados, el apoyo a los emprendedores y una escuela de mujeres son los objetivos de este programa, que cuenta con un presupuesto de 231.000 euros
El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del Ayuntamiento de Málaga destina un total de 231.000 euros para poner en marcha 13 cursos en el centro histórico, integrados dentro de la Iniciativa Urbana “Arrabales y Carreterías”. La oferta pretende fomentar el desarrollo económico, el empleo y la integración socio laboral.

Estas acciones formativas atenderán a un total de 200 alumnos, distribuidos en el Programa de Inserción a desempleados, el Programa de apoyo a emprendedores y el Programa de “Escuela de mujeres”. Este último encomendado por el Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, por su experiencia y trayectoria en acciones similares.

Con este proyecto, el IMFE pretende desarrollar diferentes actuaciones y servicios centrados en la mejora de la situación del empleo y planteando una intervención integral que complemente otras actuaciones que se lleven a cabo de forma coordinada con los diferentes dispositivos y agentes implicados. El plan cobra una especial importancia para mejorar las posibilidades de inserción de las personas desempleadas y para aumentar la competitividad de las empresas.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará 45 días naturales antes de la fecha de inicio prevista para cada curso, y permanecerá abierto diez días hábiles.

Entre los cursos ofertados se encuentran los de actividades de auxiliares de comercio, atención sociosanitaria en el domicilio, operaciones básicas de cocina o los destinados a la inserción de la mujer en oficios masculinizados como carretillera o moza de almacén y vigilante de seguridad, entre otros.

Una miniserie para televisión reconstruirá el famoso robo de 'El Dioni'

Puestos a hacer miniseries, que se han puesto de moda, por qué no una de ‘El Dioni’, uno de los cacos más famosos de la historia contemporánea de España.

La productora Morena Films ha confirmado que está preparando, con la ayuda del propio Dioni, una miniserie para televisión cuyo estreno está previsto para los rimeros compases del próximo año y que versará sobre el famoso robo a un furgón blindado, que tuvo lugar hace ya veinte años.

La dirección de la cinta correrá a cargo de Miguel Santasmases (La fuente amarilla) y en ella se intentará reconstruir la vida, obra y milagros de un ex vigilante de seguridad, el propio Dioni, que robó todo el dinero que transportaba un vehículo blindado de la propia entidad para la que trabajaba.

Ese robo se produjo en 1989 y el botín ascendía a 280 millones de las antiguas pesetas. Con dicho montante económico ‘El Dioni’ se fugó a Brasil, aunque sería detenido apenas tres meses después. Estuvo en prisión hasta el año 1995.

Paralelamente, la misma productora grabará un documental sobre este mismo asunto.

Barakaldo, roban en un comercio y agreden al vigilante

Efectivos de la ertzainetxea de Sestao detuvieron durante la tarde de ayer, jueves, a dos mujeres de 23 años y a una de 42, tras intentar robar varias prenda de vestir en un comercio de Barakaldo. Al verse sorprendidas las arrestadas agredieron al vigilante.

Pasadas las seis y media de la tarde de ayer el responsable de seguridad de un establecimiento ubicado en el Mega Park de Barakaldo, contactó con la Ertzaintza para comunicar que instantes antes habían sido víctimas de un robo y las presuntas autoras estaban allí retenidas. Una patrulla de seguridad ciudadana acudió al comercio identificando a las sospechosas y pudiendo aclarar que éstas habían tratado de sustraer varias prendas de vestir. Al parecer, al verse sorprendidas habían comenzado a agredir al vigilante presentando éste diversos arañazos. Ante esta situación, de inmediato los ertzainas procedieron a la detención de las tres mujeres siendo acto seguido trasladadas a dependencias policiales con el fin de realizar los trámites necesarios, previos a su puesta a disposición judicial.

COMUNICADO: Las autoridades francesas aprueban únicamente el examen GMAT para la recopilación de datos biométricos

- Las autoridades francesas aprueban únicamente el examen GMAT para la recopilación de los datos biométricos en el avance de la seguridad

Por primera vez en la historia, la French National Commission for Data Protection and the Liberties (CNIL) ha concedido una aprobación a una compañía de pruebas privada, el Graduate Management Admission Council (GMAC), para recopilar los datos biométricos como parte de sus esfuerzos que aseguran el mayor nivel de seguridad para el examen GMAT. No hay otro examen privado que haya conseguido el permiso.

El GMAC es la organización internacional de facultades empresariales que posee y administra el examen GMAT, utilizado por cerca de 2.000 facultades empresariales de todo el mundo como parte de sus procesos de admisión. Considerando las garantías tomadas por el GMAT para la protección de la privacidad, la CNIL ha autorizado el uso por parte del GMAC del nuevo instrumento biométrico PalmSecure para autentificar la identidad de las personas que participan en el GMAT. En un futuro cercano, los datos recopilados procedentes de este instrumento se utilizarán para encajar la información de los candidatos en una base de datos central que incluye los datos biométricos de las personas que participan en el examen en otros centros de pruebas de todo el mundo.

El examen GMAT es en la actualidad el único método de examen que utiliza la nueva tecnología de identificación en la vena de la palma PalmSecure. PalmSecure dispone de una luz similar a la infrarroja que captura el patrón de la vena de la palma, generando una plantilla biométrica encriptada única que encaja con el patrón de la vena de la palma del candidato registrado anteriormente, asegurándose de que la persona que realiza el test es el candidato. Ofrece una forma muy fiable de autenticación, ya que no utiliza una tecnología de seguimiento, no almacena ninguna imagen y los datos no se pueden leer por medio de otros instrumentos. La CNIL indicó en su aprobación: "No es apropiado realizar la captura sin el conocimiento de la persona implicada, por lo que presenta un riego muy pequeño para las bibliotecas civiles y los derechos fundamentales de las personas".

"Deseamos expresar nuestra apreciación a la CNIL por el refuerzo, en su decisión, nuestro compromiso de liderazgo en la protección de los datos personales y la compatibilidad con la normativa internacional de los datos privados", comentó David A. Wilson, director general y consejero delegado del GMAC. "Deseamos asegurar el mayor nivel de seguridad para proteger los intereses de las facultades y de las personas honestas que realizan las pruebas".

Wilson indicó que las principales facultades empresariales de todo el mundo confían en el GMAT como predicción fiable del éxito académico de los candidatos durante cinco décadas. "La acción de la CNIL en la aprobación de las becas para la recopilación de datos biométricos sólo para el examen GMAT refleja la importancia de la elevada prioridad que ponemos en la seguridad vigilante".

En 2005, el GMAC notificó a la CNIL otras medidas de seguridad bajo el Data Protection Act para la protección del examen GMAT contra los fraudes, incluyendo las grabaciones audiovisuales en las salas de pruebas y fotos de candidatos. A pesar de esto, Francia y otros países no aceptaron la recopilación de huellas dactilares, que era parte de las medidas de seguridad del examen GMAT. Entonces, el GMAC comenzó a buscar alternativas para las huellas dactilares que podrían cumplir con la normativa internacional privada de datos. La CNIL recibió una carta de apoyo por el valor de la tecnología de la vena de la palma para garantizar la seguridad de la prueba gracias a la HEC School of Management de París.

El GMAC implementará ahora PalmSecure y la solicitud de archivos para su uso con otros países europeos. Portugal ya lo ha autorizado. El GMAC espera utilizar la tecnología PalmSecure en todos los centros de pruebas a finales de 2009.

El Graduate Management Admission Council (www.gmac.com) es una organización de formación sin ánimo de lucro formada por las principales facultades empresariales de todo el mundo que se dedican a la creación de acceso y diseminación de la información en torno a la formación de gestión de graduados. El GMAC tiene su sede central en McLean (Virginia, EE.UU.), y su sede europea está en Londres. El Concilio es dueño del Graduate Management Admission Test (GMAT), utilizado en cerca de 4.600 programas de administración de graduados de unas 1.900 facultades de empresariales de todo el mundo para evaluar las solicitudes. El GMAT, el único test estandarizado diseñado expresamente para los negocios de graduados y programas de administración de todo el mundo, ya está disponible en más de 450 centros de pruebas de 110 países. Si desea más información sobre el GMAT, visite www.mba.com

La Policía incrementará la seguridad en el centro turístico de Salamanca

Salamanca, 9 jul (EFE).- El Cuerpo Nacional de Policía va a incrementar la seguridad en el centro turístico de Salamanca, para tener un mayor control sobre los turistas, según se ha dado a conocer hoy en la Comisaría de Policía salmantina.

Para ello, se van a distribuir más de 4.000 trípticos, en diferentes idiomas, para alertar a los extranjeros que visiten Salamanca de las posibles zonas de más delincuencia y qué hacer en el caso de sufrir un asalto.

El responsable de Participación Ciudadana de la Comisaría salmantina, Luis Fraile, aseguró ante representantes de la hostelería, de asociaciones de vecinos, de seguridad privada, taxistas e, incluso, de la Policía Local que con este incremento en la seguridad se pretende "que ciudadano sepa que los policías estamos a su disposición".
Por ello y pensando en la campaña de verano con el aumento de turistas, se pretende "ayudar y facilitarse su estancia en Salamanca, que cuando se vayan "lo hagan con el buen sabor de la colaboración salmantina".

Luis Fraile afirmó que habrá un incremento en el número de agentes por la zona turística de Salamanca, para lo que habrá cinco coches patrullas, se recuperarán las antiguas motocicletas y se darán a conocer los teléfonos para facilitar las ayuda: 091, 092, 112 y para turistas que no sepan hablar español, el 902 102 112.

En el tríptico, que ha sido realizado por la Dirección General de la Policía y que por primera vez figura una foto de Salamanca, se dan una serie de recomendaciones para que los turistas tengan una "estancia segura".

Entre otras, reclama que protejan los bolsos, que en la piscina o la playa "lleven lo imprescindible", que no se dejen objetos de valor en los coches, que no se vaya por zonas oscuras o solitarias o que se desconfíe de las "ayudas", como quitar manchas de la roba.EFE

Los vecinos de Montealto se quedan sin seguridad privada

Los últimos asaltos a los dos chalés de la urbanización Montealto no han sido suficientes para que los vecinos, que tras los hechos manifestaron estar atemorizados, hayan decidido prevenir contratando un servicio de seguridad privada. Juan Manuel Pardo, presidente del colectivo, señala que a raíz de los atracos los residentes se reunieron para buscar soluciones y reforzar la vigilancia. Hablaron de tener una seguridad privada, un servicio bastante caro pero que podrían costear entre los 120 vecinos que se adhirieron a la iniciativa.

participación en la propuesta
Los vecinos de Los Álamos, sensibles también con este tema, aprobaron esta propuesta. De este modo, repartiendo el gasto entre todos, “tan sólo tocaría a pagar unos treinta o cuarenta euros”, explica.
Cuando convocaron una nueva reunión pocos fueron los que han decidido seguir adelante con la contratación de la empresa de seguridad.
En estos momentos disponen de un servicio de una compañía de mantenimiento (guardias que custodian el lugar pero que no tienen competencias para actuar) y el de la Policía Local y Nacional. No obstante, Pardo siente que los vecinos se hayan echado atrás y afirma que los pocos que apuestan por contratar un sistema de seguridad privada están “muy desanimados”.
Otro de los temores es que con la llegada de la temporada estival, ya que los propietarios aprovechan para marcharse de vacaciones, los robos de los “cacos” aumenten en esta zona residencial de clase media alta.

Un año de prisión para una madre por exhibirse en un chat en presencia de su hija

El juez ve probado que la mujer practicó sexo con un vigilante de seguridad por 'webcam' ante la mirada de la menor
M. J. O. G., una madre de 25 años, ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal número 4 a un año de prisión por un delito de exhibicionismo cometido al acceder a un chat de contenido pornográfico en presencia de su hija, de sólo dos años de edad. Los hechos se remontan al verano de 2005. La sentencia considera probado que la encartada empezó a contactar con terceras personas que conocía a través de un chat e intimaba con ellas por videoconferencia.

Entre ellos, se encontraba un vigilante de seguridad de la Universidad Carlos III de Madrid, que también ha sido condenado a nueve meses de prisión por exhibicionismo. Según la resolución, en diversos días de los meses de julio y agosto de aquel año, los encartados, a pesar de que la niña estaba presente, se despojaron de sus ropas y se exhibieron. El juez considera probado, además, que en una ocasión se masturbaron.

La acusación particular, ejercida por el padre de la niña, exponía que la menor pudo sufrir "algún tipo de trauma", pues observó las escenas "llorando y requiriendo la atención de su madre, haciendo ésta caso omiso". Según el letrado, la niña padeció alteraciones en su conducta o cuanto menos confusión, ya que no distinguía entre su padre y los interlocutores de la red. La menor, según esta teoría, presentó trastornos en el sueño, inquietud y síntomas de angustia. En la actualidad, la guarda y custodia la ostenta el padre en virtud de una sentencia del juzgado de familia.

Los hechos salieron a la luz después de que la pareja de la procesada, informático de profesión, instalara diversos programas de control de acceso y de conexión de los ordenadores que tenía en su vivienda y que usaba M. J. O. G. "con total libertad", según la sentencia. Descubrió, de esta manera, el comportamiento sexual de la encartada.

Durante el juicio, la mujer reconoció que su hija solía "andar por allí" cuando se conectaba a internet, y asumió que incluso en ocasiones se desnudaba y que usaba diversas conexiones a chat para satisfacer sus deseos sexuales. No dio explicaciones, sin embargo, al ser preguntaba por qué la niña aparecía en una de aquellas sesiones. El vigilante, por su parte, negó haberse masturbado en presencia de la menor, si bien reconoció haber proferido a través del micrófono "toda una serie de comentarios sexuales".

Hallan en el puerto de Algeciras (Cádiz) el cadáver de un hombre de 45 años

La Policía Portuaria ha localizado en la dársena de Isla Verde del Puerto de Algeciras el cuerpo sin vida de un hombre de 45 años, identificado como J.M.F.C. y natural de esta localidad gaditana.

Tras el hallazgo anoche del cadáver, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas y las circunstancias en las que murió, que por el momento no han trascendido.

Según ha informado en un comunicado la Autoridad Portuaria de Algeciras, fueron los vigilantes de seguridad de la terminal de contenedores de TCA los que dieron la voz de alarma, tras advertir que en la zona más cercana a la desembocadura del Río de la Miel permanecían desde hacía varios días una mochila y útiles de pesca.
Los agentes de la Policía Portuaria comenzaron la inspección de la dársena y consiguieron localizar el cadáver, que fue rescatado por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Las discotecas con cabida para 300 personas deberán tener vigilantes de acceso acreditados

Las discotecas con cabida para 300 personas deberán tener vigilantes de acceso acreditados El Consejo de Gobierno estudia hoy la ley que regula el derecho de admisión a espectáculos públicos
Los empresarios que no cumplan la normativa pueden enfrentarse a sanciones de hasta 100.000 euros
El Ejecutivo regional acaba de sacar del horno el texto de la ley que regulará el derecho de admisión en los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad. Y hoy le dará el último toque en el Consejo de Gobierno, que estudiará el borrador antes de que se sirva a los comensales de la Asamblea Regional. La norma, cocinada por la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y a la que ha tenido acceso La Verdad, establece ya los requisitos y las funciones de los llamados, hasta ahora, porteros. Los de discoteca. Cuando la ley se apruebe, los porteros pasarán a llamarse personal de control de accesos, como ha ocurrido en otras comunidades donde esta ley es ya un hecho.
Proteger a los usuarios
El documento, que nace «con el objetivo de evitar, corregir y erradicar cualquier situación abusiva o discriminatoria y para proteger a los usuarios» de estos espectáculos, establece qué locales y espectáculos deberán contar con control de acceso regulado. Así, están obligados a acatar esta norma «los titulares y organizadores de conciertos, actividades recreativas musicales con aforo igual o superior a 300 personas (bar musical, discoteca, sala de baile, sala de fiestas con espectáculo, café teatro y café concierto), y verbenas y similares, así como los espectáculos y actividades que tengan el carácter de extraordinarios». En este sentido, la norma también contempla excepciones, ya que quedan excluidas «las celebraciones de espectáculos o el desarrollo de actividades de carácter estrictamente privado o familiar, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, político, religioso, sindical o docente». No obstante, los establecimientos donde se desarrollan estas celebraciones -como bodas, bautizos y comuniones- «deberán reunir las correspondientes medidas de seguridad».
Pero ya no vale cualquier vigilante. El personal de control de acceso deberá obtener la habilitación de la consejería competente, que expedirá un carné profesional -con una validez de cuatro años- después de comprobar que se cumplen los nueve requisitos exigidos El Consejo de Gobierno estudia hoy la ley que regula el derecho de admisión a espectáculos públicos
Los empresarios que no cumplan la normativa pueden enfrentarse a sanciones de hasta 100.000 euros
El Ejecutivo regional acaba de sacar del horno el texto de la ley que regulará el derecho de admisión en los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad. Y hoy le dará el último toque en el Consejo de Gobierno, que estudiará el borrador antes de que se sirva a los comensales de la Asamblea Regional. La norma, cocinada por la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y a la que ha tenido acceso La Verdad, establece ya los requisitos y las funciones de los llamados, hasta ahora, porteros. Los de discoteca. Cuando la ley se apruebe, los porteros pasarán a llamarse personal de control de accesos, como ha ocurrido en otras comunidades donde esta ley es ya un hecho.
Proteger a los usuarios
El documento, que nace «con el objetivo de evitar, corregir y erradicar cualquier situación abusiva o discriminatoria y para proteger a los usuarios» de estos espectáculos, establece qué locales y espectáculos deberán contar con control de acceso regulado. Así, están obligados a acatar esta norma «los titulares y organizadores de conciertos, actividades recreativas musicales con aforo igual o superior a 300 personas (bar musical, discoteca, sala de baile, sala de fiestas con espectáculo, café teatro y café concierto), y verbenas y similares, así como los espectáculos y actividades que tengan el carácter de extraordinarios». En este sentido, la norma también contempla excepciones, ya que quedan excluidas «las celebraciones de espectáculos o el desarrollo de actividades de carácter estrictamente privado o familiar, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, político, religioso, sindical o docente». No obstante, los establecimientos donde se desarrollan estas celebraciones -como bodas, bautizos y comuniones- «deberán reunir las correspondientes medidas de seguridad».
Pero ya no vale cualquier vigilante. El personal de control de acceso deberá obtener la habilitación de la consejería competente, que expedirá un carné profesional -con una validez de cuatro años- después de comprobar que se cumplen los nueve requisitos exigidos en la ley. Entre ellos que se encuentran, tal y como publicó La Verdad, superar un informe pericial de un psicólogo colegiado y las pruebas de aptitud, estar en posesión del título de Secundaria o FP o nivel similar o inscribirse en un registro que la Consejería creará al efecto.
Acciones formativas
La norma, adelantada por La Verdad el pasado mes de noviembre, también recoge las acciones formativas que estas personas deben llevar a cabo: «las acciones tendrán como mínimo dos módulos: uno teórico que incluirá el estudio en materia de derechos fundamentales, derecho de admisión, medidas de seguridad de los establecimientos, horario de cierre y régimen jurídico de los menores de edad. Y otro práctico, en el que se impartirán cursos sobre conceptos básicos de primeros auxilios, protocolo a seguir en situaciones de peligro, técnicas básicas de autocontrol y defensa personal en situaciones de extrema necesidad».
A tal efecto, la Consejería elaborará un curso tipo que, junto al material audiovisual y docente, podrá ser facilitado a los centros formativos que lo soliciten. Pero ¿qué centros podrán desarrollar estas acciones? Según la norma, la consejería competente -la de Presidencia- puede autorizar a entidades locales, a corporaciones profesionales, a las empresas, a las organizaciones empresariales y sindicales, a las organizaciones de consumidores y al Servicio Regional de Empleo y Formación como entidades colaboradoras para impartir estas acciones formativas.
Para ello, las entidades mencionadas deben disponer obligatoriamente de un director o coordinador de los cursos, personal docente, lugar de realización, duración de la acción formativa y el material pedagógico necesario.

Diez años de cárcel por el crimen del vigilante de la pista de hielo

La pista de hielo de Alcalá de Henares se convirtió en escenario de un asesinato el 1 de enero de 2007. Ioan Grancea, vigilante de seguridad de 26 años, trataba de impedir que un grupo de alborotadores entrase en la pista, que estaba cerrada. Pero éstos le acosaron y él intentó defenderse y ahuyentarlos con un palo de hockey. En su camino se encontró con Francisco Javier Arteaga de la Calle, de 18 años, que había entrado en la pista en mitad de la pelea.

El joven "sacó una navaja que portaba en el bolsillo (...) y, con ánimo de acabar con su vida, asestó a Ioan Grancea dos puñaladas", relata la sentencia de la Audiencia Provincial. Por ello ha sido condenado a 10 años de prisión por homicidio y a pagar una indemnización de 240.000 euros a la familia del guarda, que tenía un hijo pequeño. No se le ha rebajado la pena por estar borracho ni se ha contemplado la legítima defensa.

Un agente de la Policía Local que vigilaba el Ayuntamiento, a unos 20 metros de allí, ha sido absuelto del delito de denegación de auxilio del que se le acusaba. El funcionario no intervino en el altercado, sino que avisó a la central de policía. El tribunal ha considerado que la escena parecía una de las muchas peleas, "principalmente relacionadas con el consumo excesivo de alcohol, que tienen lugar en la noche del 31 de diciembre" y que no se veía "indicio alguno de un delito".