La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo constituye uno de los puntos más importantes del Diálogo Social que, con el consenso de las partes implicadas, prevé importantes medidas en materia de prevención de riesgos laborales que deben ser desarrolladas por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales con los objetivos declarados de disminuir la siniestralidad laboral y mejorar de forma progresiva los niveles de seguridad y salud en el trabajo y acercarnos a los valores medios de la Unión Europea.
Sin embargo, desde principios de año, el desarrollo de dicha Estrategia Española se encuentra en vía muerta por la voluntad obstruccionista de la patronal que, boicoteando la constitución del Patronato de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales está impidiendo el normal desarrollo de la misma.
UGT y CCOO denuncian públicamente la actitud irresponsable de las patronales españolas que están comprometiendo seriamente los objetivos establecidos en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo quizá por una mala interpretación de la actual coyuntura socioeconómica, pretendiendo forzar modificaciones en el actual marco de relaciones laborales.
Provocar la paralización de medidas consensuadas con anterioridad no puede ser la base de futuras negociaciones y las patronales deberían saberlo. UGT y CCOO no van a ceder en el empeño de mejorar los sistemas de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras y para ello consideran fundamental el desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en su integridad.
Reclamamos, con la misma determinación, una posición inequívoca del Gobierno y de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo exigiendo la puesta en marcha de todos los recursos previstos en la misma sin más dilación. Priorizando en las medidas destinadas a las pequeñas y muy pequeñas empresas, reflejadas en los Objetivos 1, 2 y 3 de la misma. Fortaleciendo el papel de los interlocutores sociales para conseguir la implicación de empresarios y trabajadores en la lucha contra la siniestralidad y la precariedad laboral.
Recordar que en nuestro país unas 400.000 empresas, de entre 6 y 49 trabajadores, no tienen representación de los trabajadores y de las trabajadoras y que el 59% de los accidentes sucedidos en España se producen en empresas de menos de 50 trabajadores. A esto hay que añadir el problema de la temporalidad, la mortalidad entre los trabajadores con una antigüedad inferior a un mes es un 15% más alta que la media. Del mismo modo, los trabajadores menores de 24 años sufren un 27% más de accidentes mortales que el resto.
Si el compromiso asumido por el Gobierno con la aprobación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo fue la de dotarnos de un instrumento que combatiera de manera integral, racional y coherente la siniestralidad laboral, no puede permanecer impasible ante el bloqueo impuesto por la CEOE y CEPYME.
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