lunes, 9 de marzo de 2009

El Estado impide que la Policía Canaria controle la inmigración y vigile el litoral


El Gobierno central vacía de competencias al cuerpo autonómico por los excesos de la 'ley Ruano'

La inspección de explosivos y la seguridad privada caen también de la norma avalada por CC y PP
RUBÉN ACOSTA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA El Estado ha rebajado sustancialmente las pretensiones del Gobierno canario para que la futura policía autonómica tuviera competencias en cuestiones que son exclusivas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Con la amenaza de un recurso ante el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo regional se enfrentaba a un litigio que podía demorar de forma indefinida el desarrollo efectivo de un cuerpo policial que ha sido la obsesión de Coalición Canaria (CC) desde que empezó a gobernar en el Archipiélago hace más de 15 años.


De esta forma, el Gabinete de Paulino Rivero deberá suprimir en seis meses las funciones que había incluido en la ley que regula la Policía Canaria referidas a la vigilancia del litoral, el control de explosivos, el control de la inmigración irregular o la vigilancia de las empresas de seguridad privada. Asimismo, el cuerpo policial autonómico tampoco podrá crear grupos o secciones que desempeñen funciones de Policía Judicial.


Además de reducir el ámbito competencial de la policía autonómica, el Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, también ha impuesto matices en la vinculación entre el nuevo cuerpo y las policías locales ya que la ley aprobada por el pacto de CC y el Partido Popular (PP) integraba los dos cuerpos y la Comunidad Autónoma invadía la autonomía de los ayuntamientos isleños.


En el acuerdo entre ambos gobiernos queda claro que no debe existir ni integración ni implicaciones orgánicas entre el cuerpo autonómico y las policías locales. Además, la relación que pueda haber entre ambos cuerpos de seguridad debe ser fruto de convenios libremente suscritos y rescindibles por ambas partes.


RUANO. El Gobierno canario, por boca de su consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, se ha apresurado a decir que estas modificaciones no afectan de manera sustancial al espíritu y filosofía de la ley. Sin embargo, el hecho es que las competencias del cuerpo policial quedan ceñidas a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que limitan estas funciones a la vigilancia y custodia de los edificios públicos de la Comunidad Autónoma y aquellas competencias exclusivas de la Administración regional como turismo o medio ambiente.


El Gobierno regional pretendía entrar en atribuciones como la inmigración irregular, la vigilancia de las costas o el control sobre los resguardos fiscales o los explosivos, aspectos que excedían la jurisdicción de un cuerpo policial complementario al de las fuerzas de seguridad del Estado.


Esta importante rebaja en las competencias de los futuros agentes de la Policía Canaria también supone alejarse de las aspiraciones de la Comunidad Autónoma de contar con un modelo de seguridad similar al de la Comunidad Foral de Navarra, el modelo elegido por Ruano.

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