MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) se desvinculó hoy de la participación de este colectivo en trabajos de espionaje en tramas en las que supuestamente están implicados políticos de la Comunidad de Madrid o de cualquier otro lugar de España, al tiempo que solicitó al Gobierno regional que ponga en marcha el Colegio Profesional anunciado en Consejo de Gobierno el año pasado.
En primer lugar, la asociación negó que detectives profesionales hayan estado involucrados en estas actividades ilegales de espionajes "ante la aparición en estos días pasados, en algunos medios de comunicación, de determinadas informaciones que les vinculan", mientras que reseñó que la profesión de detective se ejerce en España "dentro de la más absoluta legalidad".
Por otro lado, la APDPE afirmó "no entender ni comprender" que, tras un año pasado desde la aprobación en Consejo de Gobierno de la creación de un Colegio Profesional de Detectives de la Comunidad de Madrid, no hayan tenido ninguna noticia sobre su puesta en marcha o sobre el trámite de trasladar la orden a la Asamblea regional para su aprobación.
La Asociación Profesional de Detectives comparó este "retraso" con la "urgencia" que el Ejecutivo autonómico ha imprimado para regular la profesión de los porteros de los locales de ocio, tras la muerte de un joven en una conocida discoteca de la capital.
Además, indicó que ni la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ni el consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados, no han atendido en ninguna ocasión la solicitud de una reunión para conocer cuál es la situación real en la que se encuentra. "Tampoco ha sido posible el contacto con ningún responsable directo del consejero y la presidenta y ni tan siquiera que alguno de todos ellos se hubiera interesado por el asesinato de un detective privado de la ciudad de Madrid".
UNA PROFESIONAL LEGAL
La APDPE recordó que el ejercicio de la profesión de detective está sujeta a las normas que se derivan de lo que se establece en leyes aprobadas por el Parlamento español, principalmente la Ley 23/1992, 30 de julio, de Seguridad Privada y el Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, de Seguridad Privada, así como en otras normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno.
En este sentido, señaló que para poder obtener el título de detective se necesita una formación específica, de grado universitario, que incluye también materias jurídicas. "Es, pues, una profesión regulada y amparada por la ley, que no se puede ejercer libremente por cualquier persona, sino que requiere una específica calificación profesional y la obtención de una autorización para ejercerla por parte de las autoridades estatales de la seguridad, esto es, por parte del Ministerio del Interior", indicó la entidad asociativa.
No obstante, la APDPE reconoció que puede haber algún caso de intrusismo en este colectivo, "como desgraciadamente sucede también a veces en otras profesiones", un fenómeno que tachó de "absolutamente rechazables" que "debe ser perseguido".
"Precisamente para combatir el intrusismo de una manera más eficaz, evitar que se produzcan actividades como las que hemos conocidos en estos días y, sobre todo, para dotar de las mayores garantías a quienes, particulares o empresas, reclaman los servicios legales de un detective profesional, venimos propugnando en nuestro país ante los responsables políticos que se establezca e imponga en España la colegiación obligatoria para poder ejercer la profesión de detective", explicó.
De hecho, en algunas autonomías como Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana o Galicia ya cuentan con un Colegio Profesional de Detectives, que realiza todas las funciones que la ley atribuye a los Colegios Profesionales Oficiales respecto de sus colegiados, entre otras, el control de sus actividades para que éstas se realicen siempre dentro de la legalidad.
"En otras comunidades, como por ejemplo Madrid, hace ya más de cuatro años que está presentada la solicitud con la debida documentación, está ya finalizado el expediente administrativo, y se está a la espera de una decisión por parte del Gobierno regional", zanjó la Asociación.
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