La cola del desencanto

Las oficinas de empleo han incrementado su actividad a raíz de la afluencia de ciudadanos para demandar información sobre la nueva ayuda de 420 euros del Gobierno central para los parados que hayan agotado su prestación. La mayoría regresan a casa desilusionados por no poder beneficiarse de ella.
Probablemente, si hay en este país un colectivo experto en colas es el de los desempleados, que están acostumbrados a esperar horas y horas ante las mas diversas ventanillas, mesas y despachos del amplio entramado de instituciones y administraciones que integran el engranaje burocrático español.

Desde el lunes, las oficinas de empleo de todo el Estado se han convertido en el centro de "peregrinación" principal para buena parte de ellos, alentados por el anuncio del Ejecutivo central de la puesta en marcha de una nueva ayuda de 420 euros para los que dejaran de percibir la prestación, una medida que, sin embargo, ha derivado en desencanto para el mayor porcentaje, que ha quedado excluido por unos estrictos requisitos que, entre otras cuestiones, limitan sus beneficiarios a aquellos que hayan agotado la prestación por desempleo el pasado 1 de agosto.

De hecho, según los datos de los que dispone la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, en el Archipiélago sólo pueden optar a la nueva ayuda estatal 23.300 personas (10.500 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 12.800 en Las Palmas), a pesar de que, en estos momentos, hay censadas cerca de 83.000 personas que no perciben ninguna prestación económica tras haber consumido el subsidio del paro.

En el desglose por islas, destaca que 31.430 de ellos residen en Tenerife, 39.966 en Gran Canaria, 310 en La Gomera, 3.375 en La Palma, 4.615 en Lanzarote, 2.589 en Fuerteventura y 179 en El Hierro, con el matiz de que se entiende por desempleado de larga duración a los demandantes de más de 25 años de edad que lleven inscritos como tales más de 365 días o de al menos seis meses para el caso de los que tengan menos de 25 años.

A partir de estas cifras, un simple cálculo aritmético corrobora que unos 60.000 parados se han quedado fuera de esta iniciativa en las Islas. No obstante, detrás de los fríos guarismos se esconden los nombres de mucha gente que, como si un juego de azar se tratara, estos días ha acudido a su oficina de empleo con la esperanza de que cuando el ritmo vertiginoso del panel que marca los turnos se detuviera en su número, un funcionario le "recompensara" con la grata noticia de que es uno de los agraciados que puede recibir la ayuda.

Luis y Paco son dos de ellos, aunque ninguno quiere que se conozca su apellido porque piensan que quejarse por las limitaciones de la ayuda puesta en marcha por el Gobierno puede repercutir negativamente en ellos. L.M.P., va más allá y decide ocultar su identidad bajo unas iniciales. Todos oscilan entre los 50 y los 56 años y dos de ellos proceden del sector de la construcción mientras que el tercero ha dedicado la mayor parte de su trayectoria laboral a la seguridad privada.

Los tres coincidieron en la oficina de Tomé Cano, donde pretendían informarse de sus posibilidades para acceder a esta prestación. En cuanto al resultado, después de ser atendidos por el personal del Instituto Nacional de Empleo (INEM) y el Servicio Canario de Empleo (SCE) -que están colaborando para gestionar las solicitudes y aclarar dudas-, fue bien distinto. Así, los dos últimos son de los pocos canarios de los 340.000 de todo el país que accederán a la ayuda de 420 euros al haber dejado de cobrar la prestación por desempleo o los subsidios entre el 1 de agosto de 2009 y el 15 de febrero de 2010.

"Soluciones mágicas"

Mientras, Luis, que curiosamente es el que lleva más tiempo sin trabajar -unos cuatro años- , al haber dejado de recibir su última ayuda en junio se tendrá que contentar con el apoyo de los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, el director del SCE, Alberto Génova, consideró que el Estado "no va a lograr el efecto que pretendía con esta iniciativa que, además, al partir de la premisa de una fecha en concreto para establecer los beneficiarios, va a derivar en la mayor de las injusticias". En esta línea, recalca que con este sistema "los que llevan más tiempo sin recibir ningún subsidio y que, por tanto, atraviesan una peor situación, se van a quedar sin ella".

A su juicio, de nada sirven este tipo de "soluciones mágicas y generalistas", basadas en acciones coyunturales, que están generando "gran confusión y desilusión" entre los ciudadanos. Por tanto, apela a trabajar en medidas estructurales e insistir más en la creación de empleo que en articular ayudas puntuales.

Aún así, Génova matiza que "para estas situaciones lo mejor sería asignar una partida a los ayuntamientos, que, a través de su red de servicios sociales, distribuirían las partidas, atendiendo a las necesidades específicas de cada persona".