R. FERRANDO /J. GARCÍA GÓMEZ ?La Conselleria de Gobernación ha abierto una investigación para esclarecer la denuncia de un ex vigilante por el uso de cámaras de las Cortes para espiar a mujeres y vecinos, según confirmaron fuentes de la Generalitat. El ex guarda ha acusado a dos ex compañeros y a dos agentes de la Policía Autonómica. Los responsables policiales de la Cámara afirman que las grabaciones ya no existen. La Delegación del Gobierno aseguró que no va adoptar medidas al entender que la vigilancia de las Cortes no es de su competencia.
La Conselleria de Gobernación decidió ayer elaborar un informe para comprobar la veracidad de la denuncia del ex vigilante de la Cámara, que estuvo trabajando hasta finales de junio. Fuentes del Consell explicaron que hasta ayer no tenían constancia de los hechos. El ex guarda asegura que sí se lo comunicó a los responsables de seguridad del Parlamento valenciano hace más de un mes.
Francisco Calandra, el ex vigilante que ha denunciado el caso, detalló hace dos días en el juzgado de guardia que los medios de seguridad exterior son utilizados para grabar domicilios particulares y enfocar de forma obscena a mujeres que transitan por las calles que rodean al complejo parlamentario.
El ex guarda incidió en el escrito presentado al juez que eran habituales comentarios como: "A esa negra la abriría en canal y me la fo...", "a esa le metería la p... entre los pechos", "ahora enfócale la matrícula a esa chica" o "esa tía lleva tanga y esa otra compresa". Calandra mantiene que es fácil descubrir a los autores de las grabaciones porque los vigilantes deben registrarse cuando se conectan al sistema. En las Cortes trabajan 25 guardas y otros 25 policías nacionales adscritos al departamento autonómico.
Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de las Cortes que podrían acreditar la veracidad o falsedad de la denuncia del ex vigilante ya no existen pues la ley impide a las instituciones y entidades conservarlas más de 30 días, según los responsables policiales. En la Cámara autonómica, la capacidad del disco duro que almacena las imágenes permite que se guarden hasta una antigüedad máxima de 15 días. Por este motivo, fuentes de las Cortes consideraron ayer que, al presentar la denuncia un mes y diez días después de marcharse de la institución, el ex vigilante es conocedor de que las imágenes ya no podrán rescatarse.
"Si hubiera querido conseguir las pruebas, era fácil, presentaba la denuncia de inmediato, pero no lo ha hecho", indicaban las mismas fuentes. Por eso en el Parlamento, donde se rechazan tajantemente los hechos, se achaca la denuncia a una "vendetta" contra la empresa o a afán de notoriedad, ya que el denunciante es el representante en la Comunidad y ex candidato electoral del Partido Familia y Vida.
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