La amenaza terrorista, además de un terrible drama personal para los que la padecen, también supone un enorme esfuerzo para toda la sociedad, ya que se han de emplear ingentes recursos económicos y humanos para evitar que ETA lleve a cabo sus planes.
Una gran parte del esfuerzo se canaliza hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de las investigaciones y operaciones policiales que tantos éxitos están cosechando en su lucha contra ETA, sus finanzas y su cúpula directiva.
La otra se estructura alrededor de cómo proteger a las personas que tienen sobre sí la espada de Damocles de haber sido declarados objetivos. Aquí el grupo es amplísimo: empresarios, políticos, jueces, policías, periodistas, trabajadores de la construcción, etc.
El colectivo de amenazados en el País Vasco y Navarra es enorme y de ellos un total de 1.492 personas llevan escolta las 24 horas del día, los 365 días al año. Su protección la llevan a cabo 3.800 profesionales, según datos manejados en el último congreso de la Asociación Española de Escoltas (ASES).
Impacto económico
Dado el incesante incremento de los colectivos amenazados, se necesitan más escoltas y el coste económico no cesa de crecer. Este año rondará los 240 millones de euros, cifra que representa un aumento del 39,6 por ciento sobre los 161 millones consignados el año antes. En 2005 las cifras rondaban los 155 millones de euros.
Este incremento responde a la extensión de la amenaza de ETA a políticos que ya no están en activo y a los trabajadores de las obras del tren vasco de alta velocidad, proyecto conocido como Y vasca. Sus obras han sido objeto de ataques de grupos de violencia callejera y en junio de 2008 ETA colocó directamente la bomba que destrozó la sede de Construcciones Amenabar. Pero el salto cualitativo más grave fue el asesinato del empresario guipuzcoano Ignacio Altuna el pasado mes de diciembre.
El Ministerio del Interior y el Gobierno vasco se pusieron a trabajar para proteger las obras, las empresas y a los trabajadores. Así se han sucedido las reuniones con las diferentes empresas y patronales para analizar la situación y coordinarse al máximo. Inicialmente, se calculó que harían falta al menos 300 escoltas más.
Financiación
La protección de los amenazados en el País Vasco se costea -por un acuerdo de 2000- a partes iguales entre el Ministerio del Interior y el Gobierno vasco, mientras que en Navarra es el Ministerio el que la sufraga. Los presupuestos del Gobierno vasco para 2009 reservaban 69,4 millones para seguridad, de los cuales 65 millones eran coste directo en escoltas.
El resto contempla protección de sedes de partidos políticos y de instalaciones policiales que también están amenazadas. El Ministerio, por su parte, fijó un presupuesto de 102 millones.
Con la amenaza sobre la Y vasca, aún bajo la Administración de Ibarretxe, el Gobierno vasco aprobó una partida extraordinaria de 34 millones para proteger a los amenazados, lo que implica que el Ministerio del Interior deberá hacer algo similar. El coste total es mayor, ya que aparte se consignan partidas para comprar coches blindados, horas extras de agentes fuera se servicio, etc.
Se espera que el presupuesto para seguridad vuelva a crecer, debido a las necesidades que conlleva el avance del TAV y por la nueva amenaza de ETA sobre el Gobierno de Patxi López, que obliga a proteger a los cargos intermedios. Además, desde la Justicia vasca reclaman que se dupliquen los efectivos que protegen a jueces y fiscales.
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