UGT considera que el Real Decreto Ley sobre Reestructuración Bancaria, previsto aprobar hoy en Consejo de Ministros, es una de las medidas económicas de mayor calado político de esta legislatura, ya que facilita el camino hacia una nueva ordenación mapa financiero y por ello debe formar parte del Diálogo Social. El sindicato, que valora el objetivo de fortalecer el sistema financiero, considera que es urgente su aplicación y reclama vigilancia para evitar que se abra la vía a la privatización de las Cajas de Ahorro en las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), así como la participación sindical en todo el proceso, entre otras cuestiones por las repercusiones que dichas intervenciones pueden tener sobre el empleo.
El Real Decreto Ley, que en su elaboración adolece de falta de diálogo con las organizaciones sindicales, contiene una serie de medidas que implementan las herramientas que ya están en marcha para proporcionar liquidez a las entidades financieras y restaurar el flujo de crédito a familias y empresas. Tras la reunión de los Estados miembros de la UE, en noviembre del pasado año, en España se constituyó el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, dotado inicialmente con 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000 millones de euros, al que han recurrido más de 50 bancos y Cajas por un total de 19.300 millones de euros, y se habilitó el aval a entidades ante la emisión de deuda para dotar a las entidades de un mecanismo para reforzar sus emisión de deuda a medio plazo, reforzar la calidad del crédito y mejorar el acceso a los créditos mayoristas de bancos y cajas de ahorro. Ambas medidas pretendían proporcionar más liquidez a bancos y Cajas para reanudar su actividad con normalidad. Sin embargo no parece que hayan cumplido plenamente el objetivo de dar mayor fluidez de crédito al mercado.
España cuenta con 286 entidades financieras, 159 bancos, 46 cajas de ahorro y 81 cooperativas de crédito, que emplean a 270. 855 trabajadores (según un informe elaborado por UGT sobre el sistema financiero español). Todas han visto depreciarse sus activos, teniendo que asumir pérdidas en sus activos cada vez mayores (16.193 millones en 2008, casi un 75% más que el pasado año), ver aumentar la morosidad (la tasa de marzo se situó en el 4,27%) y reducirse el beneficio, que aunque siguen siendo elevados han pasado de 29.230 millones de euros en 2007 a 20.332 millones el pasado año (antes de 2005 no superaban los 16.000 millones).
Los bancos han apostado más por la externacionalización, mientras que las cajas lo han hecho por la construcción, el sector más castigado por la crisis. El sistema bancario español muestra un exceso de capacidad que puede hacer peligrar la viabilidad de algún banco, cooperativa de crédito y sobre todo de alguna caja de ahorros. UGT considera que pueden plantearse problemas de solvencia de entidades financieras, es decir dificultades para satisfacer los pagos que tengan fijados para el corto o medio plazo que pueden poner en peligro la viabilidad futura de alguna entidad. Por eso, UGT comparte la necesidad de garantizar cuanto antes la estabilidad del sistema, aunque hasta ahora, salvo la intervención en Caja Castilla-La Mancha no se ha registrado ningún otro ‘sobresalto’.
El Real Decreto establece una serie de medidas, que deben ponerse en marcha con carácter urgente, para incrementar la fortaleza y la solvencia del sistema financiero, con el objetivo de salvaguardar a los acreedores, conseguir una reestructuración que adecúe el sistema financiero y restablecer el flujo de crédito a la economía. Para ello establece la constitución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tendrá carácter transitorio, personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada para el desarrollo de sus fines, y que se dotará de los Presupuestos Generales del Estado y de las aportaciones de los Fondos de Garantía bancarios, de Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito. Otorga el control al Banco de España, dejando a los poderes públicos, a las Comunidades Autónomas, al margen de cualquier actuación.
Este instrumento actuará:
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Con carácter voluntario en los procesos de reestructuración de las entidades que así lo requieran, para lo que tendrán que plantear un plan de futuro al Banco de España y el Fondo entrará temporalmente como inversor a través de participaciones preferentes, acciones en el caso de bancos, cuotas participativas en las cajas de ahorro o cuotas sociales si se trata de cooperativas de crédito. Este fondo será el único que tendrá derechos políticos, además de los órganos de gobierno de cada entidad.
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Intervendrá obligatoriamente en entidades con problemas de solvencia, donde se aplicará la Ley de Intervención y Disciplina Bancaria. En ese caso se cambiará a todos los miembros del gobierno de la entidad y tomaría el control el Banco de España, quedando las Comunidades Autónomas al margen.
El modelo pretende resolver dos problemas que se habían constatado tras la intervención de la Caja Castilla-La Mancha: la insuficiencia de recursos de los actuales fondos y poder dar entrada a terceros en estas entidades porque no es posible subastar una entidad de ahorros, como se hizo en su día con Banesto, ya que en las Cajas no hay acciones con voto, se llaman cuotas participativas que no tienen derechos políticos.
UGT advirtió del peligro de otorgar este derecho, ya que implicaba un cambio radical de la naturaleza jurídica de estas entidades de ahorro y daría el primer y fundamental paso para su privatización o bien para articular un cambio de modelo en la representación de los órganos de gobierno de las mismas, favoreciendo la entrada en ellos de sectores privados y/o públicos en el mejor de los casos, desnaturalizando el origen y finalidad que estas entidades tienen.
Para UGT es necesario:
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Incorporar su contenido al Diálogo Social, ya que es una de las medidas económicas de mayor calado político de esta legislatura
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Vigilar que, en el proceso de actuación del FROB, no se abra la vía a la privatización de las Cajas de Ahorro
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Mantener la supresión del derecho a voto de las cuotas participativas y consecuentemente su representación en los órganos de gobierno para evitar la privatización diferida y encubierta de estas entidades. Restarle valor político no va en detrimento de su valor como elemento de financiación y para la obtención de recursos
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No dejar sólo en manos del Banco de España el control del Fondo, y que la Comisión designe una representación del Ministerio de Economía porque es un tema clave para la sociedad y se nutre de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
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Mantener la participación social en el Consejo de Administración de las Cajas
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Participación sindical en todo el proceso sobre las actuaciones del FROB
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