Era de madrugada cuando uno de los propietarios de la panificadora de Real de Gandía recibió la llamada de un trabajador: al llegar a la nave, había encontrado a un compañero, Franns Melgar Vargas, 33 años, boliviano, inmigrante ilegal sin contrato ni alta en la seguridad social, ensangrentado. Había perdido un brazo. Ayer, los dos hermanos socios del negocio abandonaron el juzgado en libertad pero imputados por delitos de contratación ilegal, riesgos laborales y lesiones imprudentes. El 28 de mayo, tras recibir aquella llamada, los dos hermanos y su padre -la Fiscalía pedirá que declare también como imputado- acudieron a la nave industrial. Limpiaron la máquina -estaba manipulada-, arrojaron la cubeta, con la masa ensangrentada y la extremidad amputada a un contenedor de basura, llamaron a otro operario para sustitutir al accidentanto y la panificadora retomó la actividad.
Uno de los propietarios, auxilió al obrero herido hasta la misma puerta de urgencias. Un testigo, un vigilante jurado, asegura que el hombre sufrió un desvanecimiento y tuvo que ser atendido. El juez y el fiscal delegado de Siniestralidad Laboral, Jaime Gil, dan más crédito a esta versión que a la del obrero herido, al que el Gobierno concedió papeles tras conocer su historia. Dos días después del accidente modificó su declaración inicial: contó a la Guardia Civil que su jefe le había abandonado a unos 200 metros del hospital, apercibiéndole para que no desvelara su precaria situación laboral.
No hay pruebas de ello. No hubo omisión del deber de socorro. Ante el juez, los dos imputados explicaron que recurren a inmigrantes ilegales porque no encuentran a otros operarios, reconocieron que no supervisan su trabajo, que sólo acuden a la fábrica a las cinco de la madrugada para recoger la hornada y repartirla e insinuaron que el trabajador accidentando estaba bebido. El fiscal pidió prisión eludible con 100.000 euros de fianza para cada uno. El juez desestimó esta solicitud.
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