Que cualquiera pueda contratar sus servicios para espiar a un alto cargo público es grave, pero más lo es que la víctima no tenga derecho a saber quién está detrás.
Hubo quien intentó -y sigue intentando- que los seguimientos efectuados al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se confundieran entre un paisaje de dossieres que durante un tiempo El País estuvo soltando por fascículos. El ex consejero Alfredo Prada y el vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, figuraban como protagonistas de algunos de ellos.
Pero el caso de González era distinto. La Policía sospechó desde un principio que las imágenes suyas y del entonces gerente del Canal de Isabel II y hombre de su confianza, Ildefonso de Miguel, en Cartagena de Indias (Colombia) grabadas con cámara oculta durante un viaje oficial a finales de 2008, así como los dos informes que se elaboraron, eran fruto de un trabajo mucho más profesional y concienzudo.
Después de una investigación minuciosa que la revista Interviú llevaba este lunes a sus páginas -como ya informó El Semanal Digital-, la Policía descubrió que era una importante agencia de detectives la que había efectuado los trabajos. No sólo de espionaje, sino también de comprobación de las propiedades a nombre de González y de De Miguel, así como de sus respectivas mujeres. Por todo ello la agencia se embolsó 100.000 euros.
Queda por atar el cabo clave. ¿Quién estaría dispuesto a gastarse tal suma de dinero para intentar encontrar alguna mancha en el expediente de González y hundirle? ¿Y qué esperaba encontrar? Que cualquier particular pueda contratar a un detective para investigar a fondo a nada menos que al vicepresidente de un Gobierno es un hecho muy grave que pone sobre el tapete los abusos de poder de este tipo de agencias. Más si cabe teniendo en cuenta que en este caso se trata además de un diputado regional, y por tanto aforado, sobre el que sólo tiene potestad el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Y no es menos grave que el juez que lleva el caso, José Sierra, (responsable del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid) no pueda hacer nada para obligar a la agencia en cuestión a revelar el nombre de quien la contrató. Impunidad total. En teoría la Ley de Seguridad Privada así se lo exige, pero todo lo que les puede pasar a sus responsables si no lo hacen es ser castigados con una irrisoria multa de 30.000 euros. Y al parecer la agencia prefiere pagar la sanción.
Es esto último lo que más ha indignado al PP de Madrid y al Gobierno regional, que su vicepresidente no tenga garantizado el derecho a saber quién ha pagado para que husmeen en su vida en busca de algo turbio. Tanto es así que, al enterarse no la noticia, González no dudó en tomar una decisión: solicitará con carácter urgente al juez y a la Policía Judicial que averigüen quienes son los responsables últimos del atropello. El número dos del Ejecutivo madrileño tachó de "enorme gravedad" los hechos.
Según González, esta información ratificaría los seguimientos que denunció en 2009 ante la Justicia al atentar contra "su libertad, la intimidad personal y familiar con el objetivo de destruirme personal y políticamente". La mano derecha de Aguirre confió en que la colaboración de la Justicia y del Ministerio de Interior sirva para aclarar "quién está detrás de estas prácticas mafiosas que no se pueden consentir en un Estado derecho". Pero sin embargo no puede tenerlas todas consigo.
La presidenta madrileña fue la primera en respaldarle públicamente tras el bombazo de Interviú. Aguirre deseó que el juez instructor haga que sus órdenes se obedezcan", de manera que la agencia de detectives que llevó a cabo los seguimientos diga "quién los ordenó". La jefa del Ejecutivo regional afirmó que esa noticia le ha hecho reflexionar, "porque lo que viene a decir es que al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad se le lleva espiando desde 2004, es decir, cinco años de seguimiento".
Para al final no encontrar nada. Eso sí, la vulneración de los derechos y libertades de González en este caso es clarísima y ya no sólo le afecta a él, sino también a una institución pública como es la Comunidad de Madrid.
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