Los menores condenados a penas de internamiento en Euskadi (58 durante el primer trimestre de este año) tendrán derecho a recibir la enseñanza obligatoria y formación laboral, a cobrar una paga semanal y a formular quejas ante el fiscal o el Ararteko; pero deberán desnudarse para ser cacheados si existen sospechas de que esconden sustancias u objetos peligrosos. Así lo establece un decreto del Gobierno vasco, en vigor desde esta semana, que permite inmovilizar y aislar en su habitación a los adolescentes que alteren gravemente la convivencia en los centros de reinserción. También regula el empleo de material antidisturbios, prohíbe a los vigilantes llevar armas de fuego y prevé la intervención de la Ertzaintza cuando exista riesgo para personas e instalaciones.
La normativa cataloga los derechos y obligaciones de los menores que sean enviados por los jueces a los cinco centros de internamiento dependientes de la Administración autónoma -tres en Álava, uno en Vizcaya y otro en Guipúzcoa-. En conjunto, esos establecimientos tienen actualmente una capacidad de 62 plazas, de las cuales 54 estaban ocupadas en julio pasado. A esa infraestructura, que ha recibido un presupuesto de 8,1 millones de euros en 2009, hay que sumar cuatro residencias en las tres capitales vascas, con veinte plazas para adolescentes en fase avanzada de reinserción y un coste anual de casi 1,6 millones. Desde 2004 se han dictado en Euskadi 862 medidas de internamiento en régimen cerrado, semicerrado y abierto, y 169 se contabilizaron el año pasado, según el Consejo General del Poder Judicial.
Según el nuevo decreto, los menores que cumplan penas restrictivas de libertad en el País Vasco -desde los 14 a los 18 años- dispondrán de un proyecto educativo individualizado y, si han cumplido 16 años, podrán desempeñar un empleo remunerado. Cumplirán la condena en Euskadi, cerca de casa, salvo los casos de 'kale borroka', que dependen de la Audiencia Nacional, si bien en la práctica esas sentencias se están aplicando en la comunidad. Igualmente, los jóvenes podrán comunicarse de forma reservada con sus abogados, el fiscal, el juez y los inspectores del Gobierno vasco. Los educadores les permitirán hablar con sus padres, salvo que el contacto resulte perjudicial.
De forma paralela, la normativa detalla las circunstancias en que el director de un centro de internamiento impondrá medidas coercitivas, apoyándose siempre en los principios de «necesidad y proporcionalidad». Por ejemplo, la habitación de un menor podrá ser registrada no sólo periódicamente, sino también en circunstancias concretas, aunque en presencia del adolescente y de los educadores. Cuando sea necesario realizar un cacheo, lo efectuará una persona del mismo sexo que el afectado y en una dependencia que preserve su intimidad. Si la situación exige que el joven se desvista por completo, le deberán facilitar una bata y habrá que notificar lo ocurrido al juez de menores y al fiscal.
«Por causas extraordinarias de resistencia» -dice el decreto- el personal de seguridad que controla a los internos podrá actuar provisto de «escudos de plástico y cascos homologados», así como esgrimir «defensas de goma» para impedir actos violentos y autolesiones. El recurso a esposas o cuerdas será excepcional y como «último recurso». Además, si un adolescente resulta herido, deberá ser hospitalizado en el plazo de seis horas.
Firmado por Ibarretxe
La regulación de los centros de internamiento del País Vasco estaba prevista en el III Plan de Justicia de Juvenil 2008-2012, un documento que fue elaborado por el anterior Ejecutivo de Ibarretxe. De hecho, el decreto que acaba de entrar en vigor fue aprobado por el anterior consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, el pasado 21 de abril, en pleno traspaso de poderes con el Ejecutivo de Patxi López. Sin embargo, por razones no precisadas, ha permanecido cinco meses 'parado' hasta que se publicó sin ninguna modificación, y con la firma de Juan José Ibarretxe, en el Boletín Oficial del País Vasco del pasado viernes.
La disposición afecta únicamente a los menores condenados por los jueces. En cambio, quedan fuera de su alcance los adolescentes extranjeros no acompañados que no han cometido ningún delito y que están acogidos en residencias tuteladas por las diputaciones, un colectivo de varios cientos de personas en constante movimiento, algunas de las cuales protagonizan fugas e incidentes con los cuidadores.
De todos modos, el Gobierno vasco da por sentada la presencia creciente de menores inmigrantes en los centros de internamiento, especialmente magrebíes, puesto que el decreto contempla que los educadores reciban formación sobre sus costumbres, les atiendan en su idioma y preserven su «bagaje cultural y religioso», sin menoscabo de la pluralidad que debe reinar en los establecimientos educativos.
En 2007, según el plan de justicia juvenil, los extranjeros acaparaban el 63,3% de los internamientos cautelares ordenados por los jueces de menores en Euskadi; el 43,8% de las permanencias de fin de semana y el 30% de los internamientos firmes. El control de los adolescentes con penas restrictivas de libertad costará 54,9 millones de euros a la Administración vasca entre 2008 y 2012, de los cuales 5,1 millones se gastarán en seguridad.
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