CARLOTA FOMINAYA | MADRID
El supuesto caso de espionaje del que ha sido objeto el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguirre, y que él mismo denunció a principios de año, entró ayer en una nueva fase. Un informe de la Policía Judicial que publica Interviú señala que una importante agencia de detectives cobró 100.000 euros para hundir, mediante espionajes y dosieres sobre presuntas corrupciones, al número dos de Esperanza Aguirre. La noticia desató ayer una cascada de reacciones en cadena que comenzaron con las declaraciones del propio afectado, Ignacio González, muy sorprendido por haberse enterado de esta forma «y no a través de la comunicación de un juzgado».
Entre otras cosas, en dicho reportaje se apunta a que el magistrado ya tiene el nombre de esa empresa de investigación privada que elaboró los dosieres y encargó el seguimiento de González a Colombia. En la crónica se señala asimismo que, «casi con seguridad, los responsables de la agencia se escudarán en el secreto profesional para no desvelar a ese señor X».
El juez y el Ministerio
Todo ello hizo que ayer el vicepresidente del Gobierno regional anunciase que pedirá que tanto el juez que investiga el caso como el Ministerio del Interior -como tutelante de las empresas de seguridad- exijan a la agencia de detectives que le siguió que digan «quién les contrató».
La presidenta de la Comunidad de Madrid apoyó las peticiones de González, y confió en que el magistrado que instruye dicho sumario «haga que sus órdenes se obedezcan», de manera que la agencia de detectives que presuntamente llevó a cabo los seguimientos diga «quién los ordenó». Aguirre también dijo que esa noticia le ha hecho reflexionar, «porque lo que viene a decir es que al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad se le lleva espiando desde 2004, es decir, cinco años de seguimiento en los que lo que se ha publicado al final es que en un viaje oficial a Colombia este llevaba unas bolsas de toallas».
Aguirre señala a Rubalcaba
Poco antes, en una entrevista en el Programa de Ana Rosa de Telecinco, la líder del Ejecutivo regional fue más allá, al acusar directamente al ministro Rubalcaba de las escuchas de las que supuestamente está siendo objeto miembros del PP. «Escuchas, haberlas, haylas» y «el que las ha hecho, claramente, es el señor Rubalcaba, con cumpleaños y sin él». En este programa, la presidenta de la Comunidad relató que «nos encontramos todos los días en los medios de comunicación, hoy no, pero la semana pasada sí, con transcripciones de conversaciones escuchadas siempre en el mismo medio de comunicación. Y esas escuchas siempre se las hacen a miembros del Partido Popular o a personas afines, y todos estamos oyendo las conversaciones privadas que tienen esos mismos miembros del PP. Eso son escuchas», aseguró.
Después, se hizo las siguientes preguntas: «¿Son legales (las escuchas) y las ha mandado el juez? ¿Son legales, las ha mandado el juez, están en el sumario y las ha quitado del sumario? ¿Quién las ha quitado y por qué? ¿Y si es así, ¿quién se las ha filtrado a los medios de comunicación? Las escuchas haberlas, haylas», insistió.
La respuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde Estocolmo, aunque no profundizaba mucho en el tema, tampoco se hacía esperar. En ellas exigía a Esperanza Aguirre, «responsabilidad y seriedad» en sus acusaciones al Ejecutivo de escuchas ilegales a miembros del Partido Popular.
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, en cambio, sí que era más explicita, al exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, una «inmediata rectificación» por sus «graves acusaciones» al ministro del Interior. En declaraciones a Efe, Pajín consideró «absolutamente inaudito» que Aguirre «se permita sembrar dudas sobre el ministro del Interior y sobre su intachable trayectoria».
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