Las empresas de seguridad desviaron a agentes públicos el 89% de los avisos de 2008
Más de un millón y medio de domicilios y negocios de toda España tienen un sistema de alarma para salvaguardar su seguridad. Sin embargo, la gran mayoría de los avisos resultan ser falsos y se convierten en una "fuente de problemas" y en un "derroche innecesario" de los recursos policiales, que tienen que destinar agentes a comprobar la veracidad del aviso, según han confirmado responsables de la Policía.
En 2008 se registraron en España 377.457 alarmas, de las que poco más de un 10% fueron reales, según datos facilitados por las propias empresas, a través del informe anual de actividades, y que el Ministerio del Interior ha remitido al Congreso. Se trata de ocasiones en que las alarmas saltan por error al marcar la numeración clave -principal causa de las emergencias falsas-, por fallos eléctricos o incluso por la acción de un animal doméstico.
Las empresas desviaron a agentes públicos el 89% de los avisos de 2008. Según la Ley de Seguridad Privada de 1992, las compañías deben verificar si el aviso corresponde a un peligro real por vídeo o enviando un vigilante privado, medidas que aumentan el coste del servicio para el cliente. Por ello, casi siempre derivan el aviso y son agentes policiales o guardias civiles los que se trasladan al lugar.
El Estado impone a las empresas sanciones en caso de incurrir reiteradamente en falsas alarmas, con multas de hasta 6.000 euros por dos falsos avisos en un mes o cuatro en seis meses. Una suma que las compañías consideran "excesiva", dado que la tasa que cobran a los clientes por sus dispositivos oscilan entre los 150 y los 300 euros al año.
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