Han bajado las verbales pero se han duplicado las físicas
Los profesionales sanitarios de la provincia de Granada han interpuesto en lo que va de año un total de 29 denuncias por agresiones -12 físicas y 17 verbales- en su lugar de trabajo. Además, en la provincia ya se han dictado cuatro sentencias condenatorias en las que este tipo de hechos ha sido tramitado como delito de atentado a funcionario público.
Según los datos facilitados por la Delegación de Salud de la Junta, las cifras apenas han variado respecto al mismo periodo del año pasado, en el que la provincia registró 31 agresiones en el ámbito sanitario -7 físicas y 24 verbales-. Una comparación que indica que se han casi duplicado las denuncias por agresiones físicas y reducido a la mitad las verbales.
En lo que va de año, los servicios jurídicos del SAS han notificado además en la provincia cuatro sentencias condenatorias por delito de atentado, de las 11 dictadas en toda Andalucía.
Estas sentencias responden a la petición que hace tres años trasladó la Consejería de Salud a la Fiscalía Superior de Andalucía para que extendiera más en la práctica la calificación de las agresiones al personal sanitario como delitos de atentado en lugar de como faltas.
En la actualidad, 70 videocámaras vigilan los espacios abiertos de los hospitales y centros sanitarios de la provincia como medida de seguridad ante posibles agresiones a los profesionales.
Otras de las medidas pasan por la instalación de dispositivos de alarma o interfonos (186); teléfonos (66); timbres antipánico (42); vigilantes de seguridad (26) y salidas alternativas en la consulta para su uso ante situaciones de riesgo (23).
La implantación de estas medidas en los centros sanitarios granadinos ha supuesto en los cuatro últimos años (entre 2005 y 2008) una inversión de nueve millones de euros, según Salud.
El plan de prevención y atención para profesionales del sistema público andaluz, que se puso en marcha en abril de 2005, establece un protocolo de actuación en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una agresión física o verbal.
El plan también incluye un programa de formación de los profesionales en el manejo de situaciones de riesgo que ha conllevado la realización de cursos formativos en los que han participado 5.300 profesionales en los últimos años.
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