Los políticos del PP son espiados impunemente. Pero ni el secreto profesional ni la libertad imprenta están por encima de los aforados. Salvo que sean del Gobierno de Esperanza Aguirre.
l vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido espiado durante años, como ha venido contando El Semanal Digital. Hace tiempo El País publicó una serie de inocentes fotos tomadas durante un viaje oficial en Colombia, con la particularidad de pertenecer a un dossier filtrado por autores desconocidos. Ahora Interviú ha demostrado que los autores no eran tan desconocidos. ¿Y qué pasará? De momento nada, o casi nada.
Una agencia de detectives ha cobrado 100.000 euros por espiar a un político del Partido Popular. Un aforado, que no sólo está protegido por una escolta y por medios oficiales de contravigilancia, sino que tiene garantías legales especiales como todos los electos de su categoría. La Ley de Seguridad Privada obliga a estos detectives a proporcionar a la Justicia el nombre de su mandante. ¿Y si no lo hacen? Como máximo una multa de 30.000 euros. Las cuentas son sencillas: en España es rentable violar la Ley y conculcar los derechos básicos de los ciudadanos, incluso si son políticos de primera fila como Ignacio González, su esposa, Lourdes Cavero, Ildefonso de Miguel y su esposa, María Concepción Ruano.
Todos los precedentes apuntan al PSOE
Desacreditar a Ignacio González, por cierto sin éxito, interesaba sólo al PSOE. Y hace ya muchos años que en la izquierda se ha teorizado sobre el valor limitado del Estado de Derecho. José Barrionuevo y José Luis Corcuera, ministros del Interior de Felipe González, ya hablaron de la utilidad de una habitación en la que no hubiese que respetar los derechos fundamentales. De hecho lo llevaron adelante, y todo aquello se llamó GAL por un lado y escuchas de CESID por otro. ¿Estamos de nuevo en lo mismo?
En realidad parece peor. Cuando se usaron los medios del Estado contra la Ley y contra los derechos de los ciudadanos, políticos o no, terminó habiendo dimisiones y condenas, aunque no todas las que debieron ser. Ahora, como se ha empleado una empresa privada, se aduce un improbable "secreto profesional" para permitir que de hecho un alto dirigente del PP haya sido espiado, y no sabemos si sigue siéndolo, a cambio como mucho de una multa inferior al beneficio ya obtenido.
Cui prodest?
100.000 euros no son cualquier cosa. ¿Quién puede y quiere invertir tanto dinero en una operación fallida de acoso a un líder de la derecha? Sólo algún grupo empresarial –de la comunicación o no- interesado en hacer favores a José Luis Rodríguez Zapatero; o el mismo Poder, buscando a través de una subcontrata privada la seguridad que en tiempos del GAL y de Roldán tanto les falló.
Una conclusión provisional para el PP. El acoso a González no tenía nada que ver con disputas internas, ni con polémicas entre la Consejería de Presidencia, el ex consejero Alfredo Prada y el vicealcalde Manuel Cobo, ni con rivalidades entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. La agresión viene de fuera, del PSOE, de sus empresarios o de sus medios de comunicación afines. Como siempre. Y si fiarse está bien mejor está no fiarse de ellos. Nunca.
Una advertencia para Zapatero y su Gobierno. Si se consiente que las persecuciones detectivescas queden en secreto cualquiera podrá usar en adelante agencias de detectives para acosar a sus rivales y para violar su intimidad. Bastará pagar. Podrá hacerlo el PP contra el PSOE. Pero también podrá hacerlo ETA contra los demócratas, y si ahora se afirma este precedente –contra un aforado además- los terroristas dejarán de necesitar comandos de información, les bastará pagar a un profesional. Aunque luego no mande su dossier a El País sino al zulo correspondiente. Y por eso será mejor que quede claro que las garantías de González están por encima de los intereses de cualquier empresa.
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