Cepesca espera que el Congreso apruebe hoy la moción que insta al Gobierno a permitir el embarque de infantes de marina a bordo de los atuneros españoles que faenan en el Océano Índico.
Según un informe jurídico realizado a petición de las empresas atuneras afectadas, no existe impedimento legal ni conforme a la legislación internacional, ni conforme al derecho interno, para que infantes de marina puedan embarcarse en buques atuneros españoles que operan en aguas del Océano Índico, tanto al amparo de la Ley Organiza de Defensa, como de las Resoluciones de Naciones Unidas, el Derecho Internacional del Mar y la propia Operación Atalanta. Cepesca recuerda que el Gobierno francés, desde el 1 de julio, ha embarcado en sus buques atuneros a 4 fusileros de su Armada, con el armamento adecuado.
En la ronda de encuentros y contactos mantenidos por las asociaciones atuneras con los grupos políticos con representación parlamentaria se ha hecho hincapié en que el escollo de la decisión no es económico, porque ellos mismos asumirían el coste del embarque de infantes de marina. Negarse supondría una dejación de funciones por parte del Gobierno al dejar en manos de mercenarios a sueldo la defensa de ciudadanos que trabajan en territorio español.
Los atuneros españoles rechazan unánimemente el embarque de seguridad privada a bordo de sus buques en el Océano Índico.
La Confederación Española de Pesca (Cepesca), junto con las dos asociaciones de atuneros Anabac y Opagac, finalizará hoy una ronda de contactos y encuentros con los grupos políticos con representación parlamentaria a los que les han facilitado sendos informes jurídicos que avalan la legitimidad y legalidad del embarque de infantes de marina armados a bordo de los buques de pabellón español que faenan en aguas internacionales del Océano Índico, y analiza la responsabilidad derivada de las consecuencias que pudieran darse de un enfrentamiento armado entre piratas y mercenarios (agentes privados con armamento militar) o infantes de marina. Con esta base, la flota atunera espera que los grupos parlamentarios aprueben la moción consecuencia de interpelación que, a propuesta del PNV, se votará mañana martes en el Pleno del Congreso, y que insta al Gobierno a autorizar el embarque de estos infantes de marina armados a bordo para garantizar la seguridad de los 1.500 tripulantes que actualmente se encuentran embarcados en los 15 atuneros españoles y sus buques auxiliares que faenan en el Índico a merced de las facciones piratas.
Los representantes de la flota atunera española lamentan que desde el Gobierno se minimice la decisión de adoptar esta medida a un asunto meramente económico, cuando la vida de estos 1.500 empleados de empresas españolas que desarrollan su labor en territorio español, que es como el Derecho Internacional del Mar considera a los buques de pabellón español que faenan en aguas internacionales, no tiene precio, y en cualquier caso, su coste sería asumido por las empresas armadoras, tal y como han venido manifestando desde el principio. Además, esta desviación de la responsabilidad del Estado en la defensa de sus intereses nacionales y de los ciudadanos que trabajan en territorio nacional, supone dejar en manos de terceros esta garantía de seguridad y abrir la puerta a la creación de empresas de mercenarios o agentes de seguridad privada con armamento militar que, sin cualificación profesional específica ni disciplina militar, deberán defender de ataques piratas la vida de estos 1.500 tripulantes.
Denuncian que, una vez más, a diferencia del Gobierno francés que ha enviado medios navales y aéreos a la Operación ATALANTA con la condición de que se dediquen a la vigilancia de su flota pesquera, España ha mandado los medios sin dicha condición, y solo ahora, es cuando la Fragata CANARIAS está operando cerca de la flota atunera desde el 13 de septiembre “por lo que atribuir el enorme gasto de 75 millones de euros, como si hubieran sido solo para la protección de la flota atunera es un argumento pensado con la intención de poner a la opinión pública en contra de los armadores”.
Los armadores, a la vista de los informes jurídicos encargados, no entienden el argumento esgrimido por Defensa de ampararse en la ilegalidad de la autorización de embarques de infantes de marina armados en los buques atuneros que faenan en aguas internacionales en el Océano Índico, ya que tanto la naturaleza de la Operación Atalanta, como los artículos 100 y siguientes de la Convención de Derechos del Mar, como las múltiples resoluciones de Naciones Unidas, se legitima la actuación de fuerzas de protección militar embarcada en buques amenazados por actos piratas en aguas del Índico. Así como los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de Defensa, desde el ordenamiento jurídico interno, señala claramente que las Fuerzas Armadas están habilitadas para realizar operaciones, tanto en territorio nacional como en el exterior, de prevención de conflictos o de disuasión, de respuesta a la agresión a fin de proteger la vida de la población de España y de sus intereses y para preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles en el extranjero. No existe prohibición legal alguna que lo impida.
Insisten en que el Ministerio de Defensa está eludiendo la responsabilidad de garantizar la seguridad de los 1.500 tripulantes a bordo de los 15 atuneros españoles que faenan en el Océano Índico, incluso financiando la seguridad privada a bordo y modificando la Ley de Seguridad Privada española, para permitir el embarque de rifles de repetición (similares a los normalmente usados en las monterías) a bordo de los atuneros, que dista mucho de las armas que se han solicitado para hacer frente a piratas armados con armamento de guerra (armas automáticas y lanzagranadas).
Las organizaciones atuneras recalcan que su solicitud de embarque de infantes de marina se debe a que son los mejores profesionales posibles para una misión como ésta, tal y como el Gobierno francés ha entendido autorizando desde el 1 de julio el embarque de 4 infantes de marina franceses a bordo de cada atunero francés que faena en el Índico.
Destacan que el embarque de seguridad privada ha sido desaconsejado por los mandos militares responsables de la UE al mando de la Operación ATALANTA y por diversas fuentes.
Añaden que el gasto tan importante que está realizando el Gobierno Español con el despliegue militar en la zona, si bien como han comentado fuentes del Ministerio de Defensa fue con la idea de proteger los intereses españoles en el Índico, y especialmente a los atuneros que faenan durante todo el año tras el secuestro del Playa de Bakio en 2008 y múltiples intentos frustrados posteriores, en realidad los medios al integrarse en la Operación ATALANTA se han dedicado principalmente a los objetivos de esta operación, que son la protección al Programa Mundial de Alimentos en Somalia, el corredor de seguridad para la navegación del Golfo de Adén y la protección de otros buques vulnerables, entre los que están los atuneros.
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