Los primeros vigilantes privados estarán este viernes listos para embarcar en los atuneros españoles
Veinte días después de llegar a España y someterle a diversas exploraciones físicas y óseas para determinar su verdadera edad, el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional determinó ayer que Cabdiwelli Cabullahi, alias 'Abdu Willy', el pirata somalí acusado de secuestrar el atunero vasco 'Alakrana', es mayor de edad y, por lo tanto, debe ser enjuiciado por el juzgado central de instrucción y no por el de menores.
El galimatías judicial se resolvió tras practicarle al detenido la cuarta prueba ósea. En concreto, el análisis radiográfico de las clavículas estableció una edad aproximada de entre 19,7 y 21,2 años, lo que vino a confirmar el resultado del resto de los exámenes realizados hasta la fecha: radiografía de la muñeca izquierda, exploración dental, estudio antropométrico y cadera, que también concluyeron que 'Abdu Willy' era mayor de 18 años.
Con estos datos en la mano, los 16 magistrados que conforman la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordaron por unanimidad trasladar la causa al Juzgado de Instrucción número 1, cuyo titular es Santiago Pedraz, y resolver así el conflicto de competencia planteado por el juez central de menores, José Luis Castro. Éste recibió el caso después de que Pedraz aplicase el principio garantista 'in dubio pro reo' (en caso de duda favorecer al reo) tras no tener «seguridad plena» de la edad real del pirata.
La resolución judicial contempla además que la Audiencia es competente para enjuiciar los delitos que se le imputan al acusado: la detención ilegal de los 36 tripulantes del 'Alakrana', asociación ilícita y robo con violencia y tenencia de armas. Todos ellos castigados con penas que superan los 30 años de cárcel.
Por su parte, la primera dotación de vigilantes que protegerá a un atunero de los piratas concluirá su formación este viernes y pondrá rumbo de forma inmediata al océano Índico. Fuentes del sector confirmaron que el equipo está formado por ocho escoltas, que están siendo entrenados en protección marítima de alto riesgo y se encargarán de la seguridad de uno de los 15 pesqueros de bandera española que faena en aguas somalíes.
Este grupo será el primero que dé servicio a un atunero tras la reforma de la Ley de Seguridad y de Armas, aprobada por el Gobierno el pasado viernes. La nueva norma señala además que los armadores que contraten seguridad privada lo harán con empresas españolas, tal y como había solicitado la Asociación Española de Escoltas.
La formación de los vigilantes suele durar dos semanas y su coste es de unos 1.500 euros. Una vez embarcados tendrán contacto con los mandos militares en caso de intentos de asalto de los corsarios
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