El menor apareció muerto en su celda de Nivaria
PEDRO GUERRA
Hace cinco años se suicidó en un centro de menores de Tenerife Philipp García, un joven de 16 años que se encontraba cumpliendo medidas judiciales. Después de una larga investigación, la Fiscalía ha remitido al juzgado un escrito de conclusiones provisionales en el que solicita penas de hasta cinco años de cárcel para seis trabajadores del centro, a los que acusa de un presunto delito contra la integridad moral, vulgarmente conocido como torturas y recogido en el artículo 174 del Código Penal.
Philipp García apareció muerto y con una bolsa de plástico en la cabeza en su celda del centro de menores de Nivaria (La Esperanza, Tenerife). Un suicidio en toda regla pero que deparó una investigación judicial a cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife.
Cinco años después de iniciada la investigación, el fiscal acusa a cinco vigilantes de seguridad del centro, trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria, y a una educadora de la Fundación Ideo, a los que les imputa delitos relacionados con la tortura.
En concreto el Ministerio Público solicita cinco años de prisión para Manuel Antonio Dorta Abrante, un vigilante de seguridad al que se le imputa un delito contra la integridad moral (torturas) recogido en el Artículo 174 del Código Penal. Para el resto de los imputados, cuatro vigilantes más y una educadora, la Fiscalía solicita tres años de cárcel por el delito recogido en el artículo 176 del mismo texto legal, relacionado con el consentimiento de las torturas.
En el escrito de calificaciones del fiscal se recoge que Philipp García fue sometido durante meses "al constante acoso por parte de otros menores y también por mayores de edad empleados como vigilantes de seguridad, con la absoluta pasividad de los responsables del centro".
Sin embargo, no se ha podido acreditar que el suicidio tenga relación directa con el acoso y las torturas a las que, presuntamente, era sometido Philipp García durante su estancia en el centro de menores de Nivaria.
Además de las penas de prisión, el fiscal solicita una indemnización de 60.000 euros para los padres de la víctima. El juez instructor ha solicitado ya la apertura de juicio oral.
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