MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios, José Luis Gómez del Prado, afirmó este jueves que tendrían que existir unos "criterios y una regulación" de las actuaciones de defensa de buques en alta mar por parte de las empresas de seguridad privada, pues actualmente "hay unos vacíos a nivel internacional muy grandes". Según dijo, con el real decreto y la orden ministerial aprobada por el Gobierno hace unas semanas para regular esto, no cree "que se llenen esos vacíos".
En declaraciones a los periodistas en un receso del seminario sobre 'Los nuevos actores no estatales: las empresas militares y de seguridad privadas', organizado por la ONU y la UNED, Gómez del Prado recalcó que hay una serie de "vacíos y zonas grises" en este asunto. "Las empresas militares de seguridad privada, si no hay una regulación, van a hacer como en Irak y Afganistán, es decir, al principio enviar a sus mejores profesionales, para luego, para abaratar costes, eligen a ex militares o policías del tercer mundo", planteó.
A su juicio, esta zona legal "gris" se debe, por ejemplo, al pabellón de los barcos, pues si territorio español y el Gobierno encarga a empresas privadas la defensa de los buques, podría estar "externalizando el uso legítimo de la fuerza, y eso es una problemática".
Por eso insistió en que la problemática general es la de la "regulación, la vigilancia y el rendimiento de cuentas" de estas empresas militares y de seguridad privada que funcionan "en un sistema de desregulación completa". Añadió, por tanto, que "es el momento de regularlas en un marco internacional".
LOS ESTADOS NO PUEDEN PERDER SOBERANÍA NACIONAL
En esta línea, señaló que todos los Gobiernos tienen que decir claramente cuales son las funciones que ellos pueden externalizar y que no afectan a la soberanía nacional, ya que "si el Estado o el Gobierno pasa este poder a actores no estatales se crea una problemática que afecta a todos los ciudadanos".
"Es necesario un sistema nacional de regulación con una serie de directrices para que estas empresas las sigan, y que estén registradas y el Estado esté vigilante sobre ellas. A nivel internacional, que haya también una vigilancia sobre los Estados. Si se pasa toda la seguridad a empresas privadas estarían otorgándolas funciones que son inherentes al Estado", explicó.
Asimismo, recalcó que los Estados deben asumir sus funciones estatales, porque "para eso tienen su soberanía", y avisó de que "si la pierden todo el sistema se deshace". De este modo, reiteró que los estados deben asumir sus responsabilidades y las empresas las suyas, y añadió que "esto tiene que estar de una manera muy clara, porque ahora hay en una zona gris en la que no se sabe si el guardia privado fuertemente armado es un civil o un militar".
Por su parte, el director de Operaciones de la empresa de seguridad privada EULEN, Jesús Jiménez Bernal, apostó por hacer "un estudio y un análisis muy claro de lo que ha fallado en la crisis del Alakrana y sobre "qué se podría hacer mejor de ahora en adelante en este tipo de crisis".
NO HAY UN NUMERO IDEAL DE AGENTES A EMBARCAR
Preguntado por el número de agentes ideal para defender a los buques -actualmente cuatro por barco-, advirtió de que no se trata "de meter gente por meterla", sino que es una cuestión de "organización y planificación, que es lo que marca el poder hacer las cosas bien". Sobre la resolución del caso del Alakrana, indicó que "ay que entender un poco la premura con la que todo esto se ha llevado a cabo".
En su opinión, habría que planificar todo bien, aunque puntualizó que hay que tener en cuenta las "limitaciones de espacio de los atuneros, que a veces es muy reducido, así como el coste de un servicio de este tipo". "Entiendo que se han hecho los estudios suficientes como para pensar que un equipo de cuatro personas, con sus relevos y bien organizados y con unos procedimientos claros, son suficientes para garantizar la seguridad de los atuneros", aseguró.
Por otro lado, reconoció que su empresa lleva aproximadamente un año protegiendo buques para una compañía de telecomunicaciones que tiene una filial española y trabaja en el Índico tendiendo cable de fibra óptica. Apuntó que hasta ahora estaban prestando el servicio usando escopetas repetidoras del 12, pero matizó que a partir del real decreto aprobado por el Gobierno hace tres semanas, se adecuarán a la nueva normativa que permite llevar armamento de guerra.
Finalmente, aprovechó para subrayar que EULEN ha sido una compañía "pionera" en el estudio del problema de la piratería en el ámbito de los atuneros, y señaló que este pasado verano estuvieron "realizando estudios de consultoría para algunos de los armadores que están en Seychelles".
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