Los agentes de seguridad ultiman su formación en la base naval de Cartagena
PÚBLICO - MADRID - 11/11/2009 06:00
La seguridad privada a bordo de los buques atuneros españoles amenazados por las mafias piratas que operan en aguas del Índico será una realidad en los próximos días. Un total de 71 agentes se desplazarán esta semana, a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas, hasta las Islas Seychelles, donde tiene su base la flota internacional que pesca en el Índico. A pesar de descartar por razones legales y operativas la presencia de efectivos militares en los buques, Defensa se ha implicado de forma muy activa en la preparación de los vigilantes de seguridad que proporcionarán cobertura a los pesqueros españoles.
El primer grupo de agentes recibe en la base naval de Cartagena (Murcia) un curso intensivo de técnicas de defensa en alta mar que incluyen su adiestramiento en el empleo de armas de largo alcance como las que el Parlamento les ha autorizado a portar para este servicio, material vetado hasta ahora a las empresas privadas de seguridad. En el escenario de la amenaza, estos vigilantes trabajarán en 13 naves que esperan de manera escalonada su llegada.
La protección de cada uno de estos pesqueros costará un mínimo de 72.000 euros mensuales, según explica la Asociación Española de Escoltas, que considera que cada buque debería embarcar al menos seis efectivos para cubrir con tres agentes cada uno de los dos costados de la embarcación. Sin embargo, el primer grupo que partirá de forma inmediata a la zona está formado por una docena de hombres que se repartirán en dos o tres buques y cobrarán 5.000 euros al mes.
El acuerdo suscrito entre las empresas de seguridad y los armadores contempla una presencia de cuatro vigilantes por atunero. Dado el elevado coste de esta operación, los gobiernos central y vasco financiarán la mitad de los gastos y los dueños de los atuneros asumirán el resto.
La ley obliga a los vigilantes a hacer un "uso limitado" del armamento que portan a bordo, que "tendrá como único objetivo la prevención y la disuasión eficaz de posibles ataques", según establece la normativa que Interior ha preparado al efecto.
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