La Generalitat presentó el pasado mes de octubre un decreto que era reclamado por los trabajadores de la sanidad pública y que supone que las agresiones empiecen a considerarse un riesgo laboral. Se trata de un decreto por el que se establecen las actuaciones para la prevención y atención de los ataques a los trabajadores de este sector en la Comunitat Valenciana y que tiene por objeto promover su salud y seguridad.
El decreto recoge entre algunas de sus novedades proporcionar formación a los profesionales y desarrollar un registro donde se inscribirán todas las agresiones para poder elaborar un mapa de incidentes por centros sanitarios y departamentos, que permitirá proponer medidas preventivas adecuadas a cada área.
También se prevé que la Conselleria actúe en caso de violencia dando cobertura legal y sanitaria al trabajador afectado en materia de agresiones. Todos estos documentos están siendo elaborados por el Servicio de Prevención de Riesgo Laborales.
Este decreto, que supondrá contar en un plazo de menos de seis meses con un plan integral de prevención y atención de las agresiones, era muy reclamado por los profesionales a la vista de la puesta en marcha en otras comunidades autónomas. Ahora bien, los sanitarios también reconocen que con sólo un protocolo no se atajarán los ataques y proponen otras medidas a la Conselleria de Sanidad como el aumento de los recursos para diminuir los tiempos de espera que tanto irritan a los enfermos como a los familiares.
De igual forma consideran necesaria la incorporación de más vigilantes de seguridad en los centros sanitarios que registran un mayor riesgo, como son los servicios de urgencias y los puntos de atención extrahospitalarios y educar a la población para evitar que sigan produciéndose casos de amenazas en los servicios a domicilio o en las consultas por parte de un grupo de pacientes.
Hasta la publicación del decreto, según han denunciado, sólo se han realizado acciones muy puntuales por parte de sindicatos y de los colegios profesionales que no logrado poner fin a un problema que preocupa en el quehacer diario de los trabajadores. Algunos han decidido colgar sentencias condenatorias en las puertas de las consultar para disuadir.
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