Este órgano no lo ve "adecuado" para la lucha contra el tráfico de armas y teniendo en cuenta que en España hay movimientos terroristas
MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Estado avisó al Gobierno de que no sería "lo más adecuado" permitir que las empresas de seguridad privada que protegerán a los pesqueros españoles en el Índico puedan comprar las armas de guerra que portarán a bordo y opinó que "sería más prudente garantizar la propiedad pública de tales armas", según consta en el dictamen recogido por Europa Press.
Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido permitir a las empresas que compren esas armas, previa autorización del Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, según un procedimiento detallado en la orden ministerial que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que incluye mecanismos de control para su almacenamiento y traslado.
"En un Estado como España -uno de cuyos principales problemas es la existencia de movimientos terroristas organizados-, no parece lo más adecuado permitir la adquisición de tales tipos de armas de guerra por los particulares, cualquiera que sea la circunstancia y finalidad", advierte el Consejo de Estado en el dictamen, que fue redactado por su Comisión Permanente.
Esta institución sostiene además que el hecho de que empresas privadas puedan comprar, sacar y volver a introducir en España armas de guerra "no parece responder" al "laudable propósito" de impedir la proliferación y el "tráfico ilícito" de armas que el Ejecutivo ha proclamado en otras leyes --por ejemplo en la que regula el comercio de armamento--.
EL DICTAMEN NO ES VINCULANTE
El dictamen del Consejo de Estado es preceptivo pero no es vinculante y, de hecho, el Ejecutivo no ha atendido su propuesta de que las armas sean de titularidad pública y luego el Gobierno fije "condiciones" para su "posesión y uso por los servicios de seguridad privada". Para el Consejo de Estado, "hay figuras jurídicas" que permitirían optar por esta vía.
El Ejecutivo sí ha atendido la recomendación del Consejo de Estado de no regular mediante real decreto el calibre máximo de las armas de guerra que podrán utilizarse a bordo --inicialmente se habló de 20 milímetros-- y ha optado por precisarlo en la orden ministerial. El Consejo había avisado de que el decreto podría resultar "insuficiente para solventar imprevisibles necesidades futuras y obligar a otra reforma urgente".
AVAL PARA ACTUAR EN AGUAS SOMALÍES, CON VOTO PARTICULAR
Por otro lado, el Consejo de Estado está de acuerdo en que los vigilantes armados a bordo de estos buques podrán actuar también en aguas territoriales somalíes, puesto que Somalia se considera un Estado fallido y la ONU ha dado luz verde a que se intervenga en aguas territoriales de Somalia "para evitar los actos de piratería".
Esa autorización se refiere sólo a buques de guerra pero el Consejo cree que puede extenderse a los "instrumentos armados que garantizan la seguridad de los pesqueros" por "analogía" y porque la Constitución establece que el mantenimiento de la seguridad es, en cualquier caso, una competencia del Estado.
Sin embargo, sobre este punto hay un voto particular, del consejero José Luis Manzanares Samaniego, que cree que la autorización a los buques de guerra para actuar en aguas somalíes no puede extenderse "a unos barcos mercantes cuya naturaleza no varía por el hecho de haber sido armados".
LAMENTA NO PODER ESTUDIAR ALTERNATIVAS
El consejero no detalla más su objeción por las "premuras de tiempo". De hecho, el propio Consejo lamenta "la urgencia de la consulta" que le planteó el Gobierno --con una semana de plazo-- y señala que eso ha impedido un estudio "más detenido" del expediente "y eventualmente de otras alternativas posibles".
Otra de las advertencia de este órgano es que el Estado español podría ser responsable de eventuales infracciones del Derecho Internacional si la seguridad de los buques quedara a cargo de "compañías militares privadas", una figura que está regulada en Reino Unido y que constituye un "verdadero paraejército privado".
El Gobierno ha optado por dejar claro, en la orden ministerial, que la protección de los pesqueros españoles sólo pueden llevarla a cabo de empresas "de ámbito estatal" e inscritas "en el registro correspondiente del Ministerio del Interior".
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