La seguridad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos que los poderes públicos deben garantizar, pero en ningún caso el término puede ser entendido como algo absoluto, que puede ser conseguido en su totalidad, la seguridad total no existe, pero entre todos debemos sumar esfuerzos para que las conductas desviadas no pongan en peligro la pacífica convivencia en nuestros pueblos o en nuestras ciudades. Conscientes de esta incuestionable realidad, las instituciones públicas que tienen como misión constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales y garantizar la seguridad ciudadana, han entendido, que la Seguridad no es una cuestión exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es un reto en el que todos debemos colaborar, y muy especialmente los miles de vigilantes de seguridad, que integrados en empresas de seguridad privadas, y apoyados por medios técnicos más avanzados, prestan sus servicios en polígonos, urbanizaciones, centros comerciales o cualquier edificio público o privado. En este sentido la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, desde el año 2004, ha incluido entre las políticas activas de seguridad, la colaboración de la seguridad privada, aprovechando sus recursos, y así, en el año 2007, se elabora el Protocolo de Relación del Sector de la Seguridad Privada y el Cuerpo Nacional de Policía, poniendo en marcha una línea telefónica gratuita para el personal de seguridad privada para solicitar ayuda, asesoramiento, cooperación o información y facilitar al Cuerpo Nacional de Policía cuantas informaciones de interés conozcan y que puedan ser de utilidad para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. En el año 2008, con la puesta en marcha del Plan estratégico de Seguridad Privada 2008-2012, se establece un plan de colaboración que persigue un intercambio de información entre la seguridad pública y la seguridad privada, que deberá ayudar a la consecución de los siguientes objetivos: Incrementar los contactos entre el Cuerpo Nacional de Policía y el Sector de la Seguridad Privada mediante reuniones periódicas, potenciación de las Comisiones de Coordinación, la participación en congresos, foros y actos relacionados con la seguridad y la colaboración en las distintas publicaciones del sector. Mejorar la respuesta operativa en las actuaciones de auxilio y colaboración con el sector, definiendo protocolos de actuación y estableciendo una unidad de criterio entre la Unidad Central de Seguridad Privada y las Unidades Territoriales en sus relaciones con los Departamentos de Seguridad, Empresas de Seguridad o Despachos de Detectives. Incrementando la información bidireccional, mediante la petición de información a los agentes implicados del Sector y la remisión por parte de la Unidad Central de cuantas informaciones sean de interés en la actuación del personal de seguridad privada. Incremento de la participación de la seguridad pública, en la formación del personal de Seguridad Privada con una permanente intervención de expertos en seguridad pública en los programas de formación de las distintas categorías de su personal. Definir mecanismos que propicien la especial consideración del personal de seguridad privada en sus relaciones con la seguridad pública, otorgándoles preferencia y deferencia en sus actuaciones, en Comisarías de Policía, reconociendo sus servicios a través de felicitaciones, menciones, condecoraciones, etc. Propiciar la colaboración con determinados sectores estratégicos, disponiendo sistemas de comunicación permanente y programando visitas con los sectores financieros, de telecomunicaciones, infraestructuras, comercios, etc.
En definitiva, se trata de ofrecer a los ciudadanos las más altas cotas posibles de seguridad, utilizando para ello todos los recursos disponibles en un objetivo común, la seguridad.
Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad
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