En los últimos años la concentración de personal sanitario a las puertas de un hospital o centro de salud en la provincia para protestar por una agresión a un compañero se ha vuelto demasiado frecuente.
Prueba de ello es que, según los datos de la Delegación Provincial de Salud, en 2010 se registraron 16 agresiones en el ámbito sanitario -desde médicos a celadores o personal administrativo-, una cifra escandalosa y que no tiene por qué ser la total, ya que según explicaron, la delegación sólo registra las agresiones físicas que han sido denunciadas a la Administración y en cuyas causas ejerce como abogado de la acusación particular el letrado del SAS en Huelva.
El mismo problema tiene el Colegio de Médicos, que sólo lleva un registro de las agresiones del personal colegiado y que demanda la cobertura jurídico del organismo.
Por ello, según el registro del Colegio, en 2010 sólo se registraron dos agresiones físicas a médicos. En ambos casos hubo lesiones, baja laboral, se abrieron diligencias y se celebró juicio.
En este sentido, en declaraciones a Viva Huelva, aplauden que desde hace algunos años todas las agresiones de este tipo se están juzgando como atentado a un funcionario público en vez de como un delito de faltas, como pasaba con anterioridad.
También en ambos casos, los facultativos trabajaban en la Administración Pública -uno en un centro de salud y otro en un servicio de urgencias extrahospitalaria-. Además, uno de los agresores tenía antecedentes psíquicos y el otro de toxicomanía.
Volviendo al registro de la Delegación de Salud, la cifra de 2010 contrasta con la de 2009, cuando sólo se registraron dos agresiones, cifra que desciende a una en el caso de 2008. Sin embargo, en 2007 la cifra vuelve a aumentar hasta las 12 agresiones, mientras que en 2006 fueron 17.
Causas y soluciones
Más allá de la frialdad de los datos estadísticos, está el drama de alguien que es agredido en su puesto de trabajo. No hay nada que justifique este tipo de actuaciones, aunque desde el ámbito sindical siempre han destacado que la presión y la sobrecarga de trabajo existente en la sanidad pública no contribuye a evitar las agresiones.
Mientras, desde la Delegación de Salud se han intentado tomar las medidas necesarias para mejorar la seguridad y prevenir estos desagradables episodios.
De hecho, según indicaron a Viva Huelva, han invertido más de ocho millones en la instalación de 184 medidas de seguridad: 62 interfonos, 49 teléfonos directos a seguridad, 16 salidas alternativas, 20 videocámaras en espacios abiertos y 37 vigilantes.
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