os costes estructurales de Mercasevilla siguen haciendo inviable su continuidad. La dirección del mercado público ya ha asumido esta tesis y acaba de proponer un plan de viabilidad para salvar la lonja, ya que las cuentas de 2010 se han cerrado con otros dos millones más de pérdidas, según han confirmado a este periódico fuentes de la directiva. Tras la ampliación de capital llevada a cabo hace unos meses para no incurrir en causa de disolución de la compañía, la estructura de la misma sigue provocando el aumento imparable de la deuda, por lo que las medidas para evitar la quiebra son urgentes. Mercasa, sociedad estatal que tiene el 48 por ciento de las acciones, ha realizado una serie de propuestas para ello que el Ayuntamiento, principal accionista, ha terminado asumiendo. Ese plan de viabilidad se articula en torno a once medidas, una por cada servicio que ofrece Mercasevilla. Pero la propuesta clave es la que se se refiere a la plantilla. Según las fuentes consultadas, el plan consiste en reducir de manera drástica el número de empleados directos de la lonja de los 160 que aproximadamente tiene ahora a unos 30. Así se produciría un ahorro superior a los cuatro millones de euros y se aseguraría la supervivencia de la compañía.
No obstante, la dirección del mercado no se plantea realizar despidos masivos para lograr esta reducción, sino negociar con trabajadores y mayoristas la posibilidad de que estos últimos absorban a los empleados que actualmente les prestan servicios. A este respecto, la medida comenzaría por la eliminación de los puestos de trabajo dedicados al arrastre y facturación del pescado, algo a lo que está obligada la empresa como consecuencia de las sentencias del Tribunal de la Competencia y la Audiencia Nacional en las que se le insta a ello aduciendo que los mayoristas deben tener libertad de empresa para cobrar sus ventas y contratar personal.
Las negociaciones del Ayuntamiento con los trabajadores y los mayoristas comenzarán en breve, aunque a los enlaces sindicales ya se les ha comunicado la medida. De hecho, el comité de empresa ya ha convocado varias reuniones en el mercado para estudiar las medidas que van a adoptar los trabajadores, quienes se oponen a esta reducción. Una de las primeras ha sido manifestarse ante la sede del PSOE.
Desde la actual cúpula de Mercasevilla se defiende la medida recordando que los Expedientes de Regulación de Empleo realizados en 2003 y 2007, ahora también rodeados de polémica, se llevaron a cabo con esa intención, ya que Sevilla es la única ciudad de España cuyo mercado central tiene una plantilla tan elevada. El ejemplo que se da desde Mercasa es el de Mercamálaga, que se gestiona con 30 empleados. Aún así, el comité de empresa no está dispuesto a ceder y cuenta como aliado con IU, que actualmente tiene a Juana Martínez en el consejo de administración.
Pero el citado plan de viabilidad contempla la reducción del gasto en otros puntos, aunque en partidas de mucha menor cuantía. Es el caso del servicio de vigilancia, que actualmente presta la empresa Securitas. La lonja ha planteado un nuevo contrato con el que se ahorrará 100.000 euros anuales. Asimismo, se eliminará la externalización de la limpieza, ya que existe en su organigrama personal interno destinado a ello.
En definitiva, todas estas medidas pretenden sanear las cuentas de Mercasevilla después de la situación extrema en la que ha quedado tras la gestión llevada a cabo en los últimos años, cuya presunta corrupción está siendo investigada por el juzgado número seis. Los nueve millones de deuda que arrastra como consecuencia de haberse tenido que hacer cargo del ERE de 2007 tras la negativa de la Junta de Andalucía son la principal amenaza. Pero la directiva también teme que los recursos ante Medio Ambiente para evitar las sanciones por venta de inmaduros no prosperen y esos 1,8 millones de euros de multas acaben llevando al mercado hasta la causa de disolución. Así que entiende que hay que adoptar iniciativas urgentes para eliminar la deuda estructural actual e incluso obtener beneficios. Eso es lo que ha expuesto en el último consejo de administración, donde se ha dado el visto bueno al plan de viabilidad. Esto es: el Ayuntamiento asume la responsabilidad y adoptará medidas impopulares sin esperar a que pasen las elecciones. Y es que la denuncia del PP por delito societario estrecha el control y ya nadie está dispuesto a arriesgar.
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