Si ya se privatizan hasta las guerras y las cárceles, ¿por qué no poner también la seguridad del Estado en manos de empresas privadas? No se trata de una frívola ocurrencia: Alfredo Pérez Rubalcaba acaba de dar un nuevo paso en esa dirección.
El ministro del Interior no sólo ha ignorado el profundo malestar provocado en las Fuerzas de Seguridad por su decisión, adoptada hace ahora un año, de externalizar los servicios de traducción de las escuchas telefónicas a terroristas y delincuentes extranjeros, sino que casi ha duplicado el presupuesto para este año, que asciende a 4,5 millones de euros.
Ante la creciente amenaza del terrorismo islamista y el crimen organizado internacional, Interior externalizó el pasado año, por primera vez, la traducción de las escuchas telefónicas y la transcripción de las grabaciones que realiza el Cuerpo Nacional de Policía. La plantilla de 300 intérpretes con que cuenta el departamento se había quedado pequeña, pero, en vez de ampliarla, Rubalcaba decidió convocar un concurso público, y Seprotec S. L. fue la adjudicataria por 2,6 millones de euros.
La reacción furibunda de los sindicatos policiales contra Interior y la empresa adjudicataria del servicio, a la que acusaban de proporcionar personal poco cualificado y mal pagado, no se hizo esperar. "Sería mejor que ese dinero se invirtiera en aumentar la plantilla de traductores de Interior, formada por unos profesionales de garantía, y no externalizar el servicio a una empresa que suministra traductores con antecedentes policiales y penales y que van a tener acceso a información delicada", señaló entonces César Pérez, de CCOO.
¿Traductores con antecedentes? En efecto, en mayo de 2008 Seprotec S. L. envió, a petición de la policía, un traductor paquistaní al aeropuerto madrileño de Barajas. Cuando los agentes le reclamaron la documentación para comprobar su identidad, advirtieron que el intérprete tenía antecedentes por la comisión de varios delitos, entre ellos falsificación de documentos y tráfico de drogas.
Poco después ocurrió un caso similar, también en Barajas, con un traductor de origen kurdo sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura. Ambos empleados de Seprotec S. L. fueron detenidos, e Interior abrió un expediente a la empresa, cuyo resultado se desconoce.
Un año antes, en 2007, la policía detuvo en Las Palmas de Gran Canaria a dos intérpretes senegaleses que asistían a los inmigrantes subsaharianos que llegaban en cayucos al archipiélago. Ambos traductores no sólo tergiversaban las respuestas de los sin papeles, a cambio de dinero, para evitar que éstos fuesen expulsados, sino que vendían a las mafias de traficantes la información reservada a la que tenían acceso durante su trabajo.
Seguridad del Estado y derechos fundamentales
"No se puede externalizar un servicio vinculado directamente con la seguridad del Estado y la protección de derechos fundamentales", sostiene José Ramón García, de CSI-CSIF. "Interior necesita un cuerpo de intérpretes, al igual que los ministerios de Asuntos Exteriores y de Presidencia. Dejar en manos de una empresa privada la selección del personal que va a trabajar en temas relacionados con la seguriad del Estado y con documentos de alta confidencialidad pone en peligro no sólo las investigaciones policiales, sino también la vida de los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad".
Rubalcaba, sin embargo, ha hecho oídos sordos a las críticas. El contrato con Seprotec S. L. finaliza el próximo mes de junio, pero Interior ya ha convocado un nuevo concurso público, esta vez por 4,5 millones de euros, para la "interpretación de declaraciones orales, traducciones escritas, escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio u otros soportes informáticos en lenguas distintas del idioma castellano, tanto de forma directa como inversa".
El nuevo contrato dará cobertura a las investigaciones del Cuerpo Nacional de Policía en todas las comunidades autónomas, incluidas Cataluña y el País Vasco. Y la empresa adjudicataria estará obligada a cubrir no sólo cualquier idioma oficial, sino también los dialectos más comunes del país de procedencia del detenido o víctima, e incluso los lenguajes especiales para personas discapacitadas
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