MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El director del Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia Justicia e Interior, Sergio Gamón, afirmó hoy que no se le puede imputar por el presunto robo de información de un ordenador en el Campus de la Justicia el pasado verano ya que la Fiscalía ha sobreseído el caso y no hay pruebas.
Gamón se refería así a la desaparición del ordenador de Juan Carlos Fernández, colaborador del ex consejero de Justicia Alfredo Prada, cuatro días después de la destitución del Gobierno de Esperanza Aguirre de éste en junio pasado.
"Me gustaría que fueran un poquito justos", afirmó Gamón durante la comisión ordinaria de Interior celebrada hoy en la Asamblea de Madrid, en la que dijo que el caso "está sobreseído por la Fiscalía". "La Justicia en la que yo creo ha dicho que está sobreseído, no hay prueba ninguna. Usted no me puede imputar ningún hecho que la Justicia haya dado por no probado", espetó a los diputados de la oposición, que preguntaron por su implicación en el caso de la entrada de varias personas en el Campus de la Justicia para acceder a la información del ordenador de uno de los despachos.
Asimismo, preguntado por su relación con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, indicó que le hubiera gustado que le preguntaran por sus vínculos con la vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, ya que ésta le llamó personalmente para formar parte de su gabinete de seguridad.
"He trabajado tanto con el PP, como con el PSOE o cualquier otro partido", afirmó destacando sus 27 años de labores de seguridad y señalando que no solo ha trabajado para el PP. "Personalmente fui llamado por la vicepresidenta para formar parte de su gabinete de seguridad", apostilló.
Ya en el ámbito de la comparecencia en la que estaba llamado a explicar los objetivos, planes y proyectos a desarrollar durante la presente Legislatura en el desarrollo de las competencias que le fueron atribuidas como director del Área de Seguridad, Gamón afirmó que en próximas fechas se llevará al Consejo de Gobierno un Decreto en el que se delimiten "perfectamente" las competencias que ejerce como director del Área de Seguridad.
Asimismo, indicó que su tarea es la "elaboración de un documento de estudio de la seguridad privada tanto en las sedes institucionales como en el resto de instalaciones", y apuntó que "este documento deberá servir para la homogeneización y mejora del servicio" en el caso en que sea necesario.
Así, matizó que su trabajo es la "realización de un estudio o auditoría del modelo de seguridad privada que usa la Comunidad para la vigilancia de las sedes, que deberá concluir con propuesta de modificación de la situación actual para hacerla más eficiente". Además, precisó que el cargo que ostenta "no dispone ni de estructura orgánica ni de programa presupuestario". Explicó también que el decreto es de abril de 2008 cuando "aún no existía la dirección" que ahora ocupa por lo que las competencias que ejerce no están contempladas en él.
"Por lo tanto, mis competencias actuales son las de la Dirección General de Seguridad en alguna vertiente que hasta ahora no habíamos trabajado y estas competencias compartidas hacen referencia a la vigilancia y control de edificios e instalaciones de la Comunidad de Madrid", concretó.
Asimismo, indicó que como director de seguridad llevaba a cabo la "elaboración de planes de seguridad integral de los edificios e instalaciones de la Comunidad de Madrid" y el control de la seguridad de 35 sedes institucionales, además de otras instalaciones o el propio Metro.
En esta línea, indicó que hay que diferenciar sus labores con las de la Dirección General de Seguridad y señaló que este cuerpo se dedica a la "comprobación material de los contratos de seguridad de las 35 sedes institucionales", que significa la verificación de los recursos humanos y recursos materiales. Además, reseñó que las tareas de estos asesores y técnicos de seguridad "no se refieren a la fiscalización administrativa de estos contratos, que corresponde a la intervención general y delegadas de la Comunidad.
El director del área de Seguridad explicó que la constitución española reserva al Estado las competencias de seguridad pública, aunque apuntó que se deja a las comunidades autónomas la posibilidad de ejercer las competencias de coordinación de las policías locales y la vigilancia y protección de edificios e instalaciones. Asimismo, señaló que estas competencias también se recogen en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad.
Además, destacó que el Decreto de abril de 2008 por el que se establecen las competencias de la Consejería del ramo, otorga a Presidencia, Justicia e Interior competencias de elaborar los planes de seguridad integral de edificios e instalaciones donde se desarrollen actividades propias de la Comunidad, la coordinación y supervisión de seguridad de estos edificios y la emisión de informes sobre pliegos de prescripciones técnicas y criterios de adjudicación en materia de seguridad.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gamon-desvincula-robo-ordenador-campus-justicia-20090203235153.html
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