Medio millar de trabajadores del sector de la seguridad privada se manifestó hoy en Valladolid para pedir la negociación de su convenio colectivo, cuya vigencia finalizó en diciembre de 2008, y en el que aseguran que la patronal pretende recortar sus derechos.
Los trabajadores, procedentes de distintos puntos de la Comunidad, se concentraron frente a la sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) en la Acera de Recoletos y, aunque no estaba previsto, se desplazaron en una manifestación hasta la Plaza Mayor de la capital vallisoletana.
Así, tras unas pancartas en las que se podía leer "vigilantes de seguridad, por un convenio digno" y "100.000 trabajadores sin convenio", recorrieron la Acera de Recoletos, la calle Santiago y llegaron hasta la Plaza Mayor en una movilización convocada por UGT, CC.OO. y USO a la que se sumó CSI-CSIF.
A lo largo del recorrido protestaron con silbatos y petardos a los que se unieron consignas como "somos vigilantes, no somos carnaval", "por un convenio digno" o "no nos mires, únete".
El colectivo de trabajadores reúne a vigilantes de seguridad, escoltas, personal de traslado de fondos o explosivos y, muchos de ellos, prestan servicios para las administraciones, recordaron los sindicatos. VOLVER "ATRAS".
El responsable de la Federación de Servicios de UGT Castilla y León, Juan Manuel García, indicó en declaraciones a Europa Press que la protesta se debe a que la patronal se niega a negociar un convenio y pretende "volver cuatro años atrás".
El sindicalista considera que una de las razones fundamentales de que los empresarios se nieguen a negociar es una sentencia en la que se da la razón a los trabajadores respecto al precio de las horas extra, que nunca deben estar por debajo de lo que se paga por el resto de jornada.
La protesta se enmarca en las que se llevan a cabo en todo el Estado, ya que se trata del quinto convenio más importante, con cerca de 100.000 empleados afectados a los que se les quiere congelar los salarios, explicó García, quien cree que "lo más grave" es que a los clientes, en muchos casos la Administración, ya se les ha subido el IPC en las facturas de este año.
En este punto coincidió también el responsable de Seguridad Privada de Comisiones en Castilla y León, Juan García, quien indicó que las movilizaciones se deben a la oferta "regresiva" que realiza la patronal, que quiere congelar salarios durante los próximos cuatro años y "abolir" derechos como la antigüedad.
Si la situación no mejora, dijo, se llegará a la huelga en caso de que sea necesario, algo que podría dejar "incluso sin escoltas a los consejeros", sin filtros para los visitantes en las oficinas de las administraciones, etcétera.
Por su parte, Julio Aguado, de la Ejecutiva Nacional de Seguridad Privada de CSI-CSIF, explicó que lo que pretenden es que la patronal les escuche y, además de negociar, pague las horas extras a su precio, algo que se quiere retrasar. "Esto es sólo el principio", concluyó.
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