El Gobierno vasco sacó ayer a concurso la licitación de los contratos de servicios de escolta prestados por empresas de seguridad privadas para la protección de jueces y políticos amenazados por ETA, cuyo importe asciende a 144,4 millones de euros para un periodo de 18 meses.
La licitación de estos contratos, que están destinados a reforzar las labores de protección de los cargos públicos que realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado, se divide en cuatro lotes dirigidos a: miembros de la judicatura, cargos electos y políticos del PP, miembros del PSE, y personalidades y políticos de otros partidos, que pueden ser también objetivos potenciales de la banda terrorista.
Aproximadamente, el coste por escoltas privados para las arcas vascas será de 97,7 millones para 2010, lo que representa el 38 por ciento de la cantidad total, unos 250 millones, asignada por el Ejecutivo de Patxi López en la lucha contra el terror; cantidad similar al presupuesto global de la consejería de de Vivienda (294 millones).
Según datos facilitados por el departamento vasco de Interior, además del presupuesto reservado a contratar servicios de seguridad privados, otros 100 millones de euros son destinados a sufragar las tareas de la Ertzaintza en la lucha antiterrorista, en la que intervienen 427 agentes (202 ertzainas que habitualmente realizan labores de acompañamiento y 225 berrozis o miembros del cuerpo de élite de la policía autonómica vasca especializados en tareas de escolta).
El anuncio a concurso de los contratos de seguridad privada se publicó ayer en el Boletín Oficial vasco, e incluye la protección a víctimas de violencia machista, aunque esta partida es mucho más discreta-una quincena de mujeres precisan de escolta permanente en Euskadi-.
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