El alto funcionario expedientado se siente víctima de ''una caza de brujas''. No pudo abrir un expediente a los vigilantes por no ser trabajadores del Cabildo.
Carlos Gutiérrez, jefe de servicio de Régimen Interior del Cabildo de Gran Canaria, se siente "víctima de una caza de brujas". Su "nombre y apellido" ha saltado a la luz pública esta semana, a raíz de una sentencia de un juez de lo social que muestra su extrañeza por haberse prestado a declarar, en calidad de testigo, a favor de dos empleados de la anterior adjudicataria del servicio de seguridad y vigilancia de la Corporación insular, Seguridad Integral Canaria, despedidos por falsificar servicios e inflar horas de trabajo a costa del erario del propio Cabildo.
Gutiérrez Cárdenas es señalado como artífice del informe de adjudicación del nuevo servicio de vigilancia, en favor de la mercantil Serramar y en detrimento de Seguridad Integral Canaria, contra el criterio de los servicios jurídicos del Cabildo. El jefe de Régimen Interior niega su participación en esa polémica decisión, recurrida por Seguridad Integral y suspendida este mismo miércoles por la consejería de Presidencia. "Ni siquiera yo intervine en la adjudicación del concurso", mantuvo el funcionario, que estuvo de baja del 24 de abril al 1 de septiembre de 2009.
"Yo estaba de baja y nunca pudo intervenir", insistió Gutiérrez. "El informe lo hizo Adrián [del Pino Sánchez] con los criterios subjetivos como estaban y salió como salió. El asesor jurídico tuvo en cuenta una serie de cosas que no se pedían contratar [en referencia a las mejoras ofertadas por Seguridad Integral], como detectores de bombas o espejos debajo de los coches para descubrir artefactos. Los coches del Cabildo quedan cerrados por la noche en la cochera y nadie puede poner bombas ahí", argumentó.
"Sólo se pedía contratar vigilancia en dependencias, y no como la corporación anterior, que quería guardaespaldas y escoltas", dijo al respecto del concurso ahora suspendido por el recurso de Seguridad Integral. "Estamos en una situación de precariedad económica en todas las instituciones y esa adjudicación, que pude verla cuando Adrián hizo el informe y la comparto, responde al criterio del menor coste para el Cabildo".
"Vayan al restaurante y pregunten"
Gutiérrez Cárdenas niega de manera tajante haber almorzado en pleno proceso de adjudicación con el delegado de entonces de Serramar en Canarias, Rafael Gallego, y el actual, José Ángel García Martín, cuando éste todavía trabajaba como coordinador de servicios de Seguridad Integral ante el Cabildo de Gran Canaria. "Eso es totalmente incierto, vayan al restaurante y pregunten, no he comido nunca ahí con esas personas", aseguró el jefe de Régimen Interior del Cabildo en referencia a la investigación interna de Seguridad Integral, por medio de un dispositivo GPS, que lo sitúa en pleno proceso de adjudicación del concurso en un restaurante chino de Tamaraceite con miembros de Serramar.
Tampoco recuerda si el 15 de julio de 2009, día en que se hizo el seguimiento vía GPS por parte de Seguridad Integral Canaria a uno de sus vehículos y se detectó el presunto almuerzo en el chino de Tamaraceite, acudió previamente durante la mañana a la apertura de plicas del concurso, a pesar de estar de baja desde el mes de abril anterior.
"Aunque estaba de baja solía ir por el Cabildo, a entregar los partes, saludar a los compañeros, pero exactamente no puedo decir si estuve o no ese día, pero sí comenté con Adrián todo lo concerniente a las ofertas", explicó Gutiérrez quien asegura haber recibido varias invitaciones de Miguel Ángel Ramírez, administrador de Seguridad Integral, para almorzar. "Quien sí me insistió en comer conmigo fue Miguel Ángel Ramírez y le dije que no, me negué a comer y me niego, soy un funcionario avezado y mi ética no me lo permite", dijo.
"No podía negarme a acudir ante el juez"
"Estoy asombrado. Esto es una caza de brujas", reiteró Gutiérrez Cárdenas este miércoles. "No podía negarme a acudir ante el juez como testigo y en la citación se me advierte expresamente de ello", explicó a este periódico acerca de los motivos de su presencia en el juicio laboral que ha desatado la polémica y el consiguiente expediente del Cabildo grancanario, donde quedó probada la existencia de una trama de cobros irregulares al Cabildo entre el anterior coordinador de servicios de la empresa y cinco vigilantes.
En la sentencia, el magistrado recrimina al alto funcionario del Cabildo por no haber abierto en su momento una investigación interna -el caso fue detectado por los propios servicios internos de la empresa adjudicataria- ante las sospechas evidentes de irregularidades en la facturación de horas y servicios a la Corporación. Ahora, el propio Cabildo ha abierto un expediente de diligencias informativas debido a que la sentencia "levanta sospecha sobre la actuación de funcionarios del Cabildo", en referencia a Carlos Gutiérrez y a su subordinado en el departamento de Régimen Interior Adrián del Pino Sánchez.
Gutiérrez Cárdenas se defiende ante esas "sospechas" y así lo hará constar en el expediente abierto por la consejera de Presidencia, Encarna Galván: "No podemos intervenir en lo que hace una empresa externa", explicó a este diario. "Para mí la facturación era correcta, la gente hacía los servicios que se habían encomendado y yo no había recibido quejas de ningún departamento", en relación a horas de más o servicios ficticios en la seguridad y vigilancia de la Corporación gobernada por PSOE y NC.
"No contratamos personas, sino horas y servicios"
Es más, Carlos Gutiérrez asegura que de haber abierto un expediente a esos vigilantes jurados o al coordinador de servicios de la empresa, José Ángel García Martín -ahora delegado en Canarias de Serramar- "me hubiese arrogado una potestad con esos trabajadores que hubiese provocado un problema al Cabildo, ya que un juzgado de lo social hubiese entendido que esos trabajadores estaban bajo nuestro control y tendríamos que haberlos asumido como personal de la Corporación".
Gutiérrez Cárdenas insiste en haber actuado con diligencia en todo lo concerniente a la trama de comisiones ilegales del denominado caso seguridad. "Sólo podíamos dirigirnos al coordinador de servicios de la empresa, no podíamos meternos en temas de personal porque nosotros no contratamos personas, sino horas y servicios, y así me lo dijo mi política [en referencia a la consejera de Presidencia, Encarna Galván]".
Al respecto, el jefe de servicio de Régimen Interior, actualmente de baja médica, explicó que los propios servicios jurídicos del Cabildo así lo han advertido en otro contrato de servicios, en este caso de limpieza: "No podemos controlar al personal, sino a los representantes de esas empresas externas".
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