Noticia anterior Noticia siguiente La fiscalía pide el sobreseimiento de la causa contra 5 dirigentes de IU por el caso de la sede

Francisco de Asís Fernández sigue adelante con la demanda, que sí retiró el PCE

Oviedo

La fiscalía superior del Principado de Asturias ha decidido pedir el sobreseimiento provisional en el procedimiento abierto contra Francisco Javier García Valledor, Jesús Iglesias Fernández, Noemí Martín González, Luis Álvarez Pérez y Alfonso Suárez Hernández, cuya vista se celebrará pasado mañana, lunes, día 12 de abril, en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El escrito, firmado por Gerardo Herrero, considera que no existen los delitos de coacciones y falsedad de documento que se denuncian. La demanda se refiere al enfrentamiento acaecido en el seno de Izquierda Unida por el uso de la sede regional de la coalición.

El Partido Comunista de España (PCE), que ejercía la acusación privada, ha decidido también retirar la denuncia contra los citados dirigentes de IU de Asturias. No obstante, el secretario general de esta formación en el Principado, Francisco de Asís Fernández Junquera, continuará personado en la causa.

La decisión da cumplimiento a la resolución aprobada por la dirección del PCA, dado que sus militantes fueron, según la propia formación política, «las víctimas directas de las coacciones vividas a partir del 29 de mayo de 2007, con la ocupación por vigilantes de seguridad, el cambio de cerraduras y las maquinaciones urdidas para quedarse» con su sede central en Oviedo.

«Fueron los militantes de este último y muy especialmente su secretario general quienes hasta bien entrado el año 2008 se vieron privados de espacio para realizar su trabajo político», señala el PCA. Según el partido que dirige Fernández Junquera, la dirección federal del PCE optó por renunciar a la acusación y retirarse de la causa tras «largas negociaciones políticas» con IU en Madrid. El TSJA juzgará a partir del próximo 12 de abril a los cinco dirigentes de IU denunciados por el PCA por un supuesto delito de coacciones y otro de falsedad documental, contra los que la fiscalía no presentará cargos y pedirá el sobreseimiento de la causa.

El proceso judicial se abrió tras la crisis vivida en 2007 en el seno de la coalición que derivó en un enfrentamiento sobre la propiedad de la sede en Oviedo, de la que es dueño el Partido Comunista de Asturias pero que estaba arrendada a IU. En cuanto al delito de coacciones, el ministerio público estima que los imputados actuaron en el ejercicio de su derecho como arrendatarios del local.