jueves, 8 de abril de 2010

Las agresiones en centros sanitarios le cuestan a Salud 2,5 millones

Nunca antes se invirtió tanto dinero en proteger a los profesionales de la sanidad pública contra los agresores
El importante número de agresiones a personal sanitario que han transcendido a la opinión pública han causado que la Consejería de Salud se haya visto obligada a invertir en la seguridad de sus profesionales. Este año, Salud se gastará nada menos de 2,5 millones de euros en la provincia de Granada para garantizar la seguridad de los trabajadores de los centros sanitarios públicos.


El dinero servirá, fundamentalmente, para mantener los dispositivos ya empleados en la seguridad. Los centros sanitarios de la provincia cuentan con 32 vigilantes de seguridad, 262 videocámaras, 336 timbres antipánico, 186 interfonos, 72 teléfonos y la habilitación de 23 salidas alternativas. También se emplean ya otras medidas disuasivas como detectores de movimiento, detectores de metales y mamparas de seguridad. Esta inversión será la más grande para la provincia desde 2005 cuando se invirtieron poco menos de 2 millones de euros. En el resto de Andalucía, Sevilla será la que más invierta con 6,8 millones y Almería la que menos con 2,1.

El plan de seguridad también incluye formación de los profesionales en el manejo de situaciones de riesgo. A través de un curso 'on-line', los profesionales del SAS aprenderán de tipos de comportamiento, cómo identificar los indicadores de riesgo más frecuentes y cómo actuar en consecuencia de situaciones de conflicto para prevenir o reducor la gravedad de las mismas.

Para el elevado número de actuaciones que se llevan a cabo cada año en centros sanitarios públicos de Granada, doce millones entre consultas, urgencias, ingresos, visitas domiciliarias, etc., la provincia no presenta niveles elevados de incidencia de agresiones. No obstante, el SAS ha sido el primer servicio público de salud que ha puesto en marcha un Plan de seguridad para prevenir y evitar las agresiones y para ofrecer ayuda tanto jurídica y psicológica a sus profesionales en caso de que sí ocurran.

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