Una encuesta revela que los murcianos están de acuerdo con que haya vigilancia privada para disuadir a los delincuentes
D. C. M. A la gente no le importaría ver seguridad privada en las calles. Eso dice, al menos, un estudio elaborado por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Seguridad (Aproser). En concreto, según el citado informe, un 15,7% de los ciudadanos se sentiría más seguro si también hubiese vigilancia privada en las calles de las ciudades algo que, según la actual legislación, no está permitido.
La asociación de compañías de seguridad privada, sin embargo, cree que se podría hacer una excepción a esta norma. "Nosotros no queremos que haya vigilantes en las calles -señaló ayer en Murcia su presidente, Eduardo Cobas-, pero sí creemos que puede haberlos en las calles de las zonas comerciales de las grandes ciudades", matizó. "No se trata de arrebatar competencias a las fuerzas de seguridad, sino de importar un modelo que ya existe en algunos países europeos como Suecia".
De hecho, otro de los datos del estudio revela que casi la mitad de los encuestados (48,6%) ve con buenos ojos que los responsables de la seguridad privada vigilen las calles "para disuadir a posibles delincuentes".
Esta medida es una de las planteadas por el presidente de Aproser -formada por 13 empresas de vigilancia privada que abarcan cerca del 80% del mercado- durante una radiografía a este sector presentada ayer en Murcia. Junto a él estuvieron los representantes en la zona de Murcia y Levante de tres de estas grandes compañías: Luis Trullenque, de Segurisa; Vicente Lara, de Segur Ibérica; y Fernando Lucas, de Securitas.
Otra de sus quejas hace hincapié en el excesivo intrusismo que soporta este sector, especialmente en Murcia, donde operan 61 compañías con cerca de 2.300 trabajadores. En concreto, según las estimaciones hechas ayer por los responsables de las empresas de seguridad, este tipo de servicios podría suponer un 15%. Se trataría de los porteros de discoteca, recepcionistas, celadores, cuidadores o auxiliares a los que se les encargan labores de vigilancia. "Nosotros estamos sometidos a una legislación muy estricta y tenemos que mantener un elevado nivel de formación, pero estos colectivos no", denunciaron.
Esto, además de suponer una merma en sus ingresos, les produce una mala publicidad de la que están empeñados en escapar. "No tenemos nada contra un portero de discoteca, pero es algo muy diferente al servicio que nosotros ofrecemos", subrayó Cobas. La mayoría de las empresas de seguridad privada, de hecho, prefieren huir del sector del ocio nocturno. "Es un sector que suele ser más conflictivo", señaló Trullenque.
Los responsables de Aproser también incidieron en la necesidad de que los profesionales de la seguridad privada, como sucede desde hace apenas unos meses con médicos y profesores, sean considerados como agentes de la autoridad. El mismo informe refleja que siete de cada diez murcianos está de acuerdo con esta pretensión, ya que consideran que la actual legislación "no protege al vigilante de un presunto delincuente".
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