El sector de la seguridad privada no para de crecer en España, a pesar de la crisis. En los dos últimos años se han dado de alta 275 nuevas empresas y la plantilla de vigilantes ha aumentado en 6.500 empleos. La facturación sí ha bajado: un 5,5% en el 2009 y casi un 3% en el 2010. Hay más trabajadores, pero facturan menos horas de servicio. Si hace dos años el negocio demandaba 20.000 nuevos vigilantes, hoy dice tener sus necesidades cubiertas con los ya habilitados que se han reincorporado tras probar fortuna en otros sectores, como la construcción.
Según datos adelantados a La Voz por Eduardo Cobas, secretario general de Aproser, asociación que agrupa a las 13 grandes empresas del ramo en España y que acapara el 80% de la facturación, en la actualidad hay 89.500 vigilantes de seguridad en activo, aunque el número de habilitados es más del doble. A esta cifra en activo hay que agregar 30.507 escoltas, 17. 876 vigilantes de explosivos, 7.160 directores de seguridad y 2.822 jefes de seguridad. Todo ello suma 147.865 personas, que son más que las que aglutinan la Policía Nacional -64.045- y la Guardia Civil -79.401- juntos. De las fuerzas de seguridad públicas, la mayor plantilla la acaparan las policías locales (85.500), que ya son menos que los vigilantes de seguridad privada.
Margen de crecimiento
No obstante, el sector en España aún tiene mucho margen para crecer hasta equipararse al de los principales países de la UE. En la actualidad la ratio de fuerzas de seguridad privada por habitante (uno por 525) está entre las más bajas de Europa. Países como Polonia, con bastante menos población que España, tienen casi el doble de vigilantes de seguridad privada. De los seis grandes países de la UE, solo Italia tiene menos empresas de seguridad privada y menos vigilantes que España.
En Galicia el sector ocupa a unas 4.000 personas en labores de vigilancia y unas 1.200 más en instalación y mantenimiento de sistemas de alarma y videovigilancia. La reciente apertura de centros comerciales ha sido clave para amortiguar la crisis.
Según Roberto Lage, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (Aesga), la crisis ha agudizado el intrusismo en el sector por parte de empresas no habilitadas, especialmente en la instalación de sistemas, con la consiguiente caída de los precios.
El presidente de la patronal gallega califica de «inexplicable» el hecho de que el 60% de la facturación del sector en la comunidad esté en manos de empresas foráneas. En Galicia operan en la actualidad 82 empresas de seguridad privada, un 20% más que hace dos años.
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