La ponencia de la Ley de Caza no consiguió llegar a un acuerdo para que los guardas no tengan que depender de los cotos, circunstancia que suscita ahora una paradoja: esos guardas han controlar a los aficionados que precisamente les pagan. Se trata de una demanda planteada en el territorio histórico de Álava, pero no ha salido adelante en el articulado del proyecto de ley, al menos de momento, por las implicaciones que tiene para las instituciones.
No obstante, la Cámara sí ha abierto en la futura ley una vía que podría permitir la homologación de licencias de caza entre las comunidades, un trámite que se materializaría creando un procedimiento. No obstante, los expertos entienden que tal iniciativa plantea grandes dificultades, ya que depende de la reciprocidad de otras autonomías.
Especies cinegéticas
Según explicó el parlamentario popular Leopoldo Barreda, el proyecto de ley ha suscitado al final un «consenso amplio», en el que su partido ha puesto especial interés en que las normativa se ciña a la actividad y las especies cinegéticas y no a otras cuestiones más relacionadas con la protección de la naturaleza.
La ponencia tampoco se ha olvidado de cotos sociales, terrenos habilitados por las diputaciones para los aficionados sin plaza en cotos privados, que deberán tener una extensión mínima de 500 hectáreas para la caza menor y de 1.000 para la caza mayor. Además, los gestores habrán de destinar obligatoriamente el 50% de los permisos a los aspirantes del territorio histórico correspondiente, si bien en la actualidad ya se aplica un sistema de sorteos entre los aspirantes, con cupos para los candidatos locales.
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