Cofrentes revisará su seguridad tras el asalto de Greenpeace

El Consejo de Seguridad Nuclear pide prolongar 10 años la central valenciana

La central de Cofrentes revisará su sistema de seguridad después del asalto que protagonizó el martes un grupo de activistas de Greenpeace. El Consejo de Seguridad Nuclear lo indicó ayer, al tiempo que anunciaba que ha informado favorablemente sobre la renovación de la autorización de la planta por otros 10 años.

El CSN se basó para pedir la prolongación del permiso en "el correcto funcionamiento de la central y el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad". El examen se ha realizado sobre el conjunto del periodo de la autorización actual, que se concedió en 2001 y vence el 19 de marzo. Pero el suceso del martes, en el que 15 activistas de Greenpeace y un fotógrafo lograron penetrar en el perímetro de la base, alcanzar una torre de refrigeración, y permanecer allí 10 horas para pedir el cierre de las nucleares, llevó al consejo a anunciar una revisión del sistema de seguridad.
"El incidente no afectó al objetivo principal del sistema de seguridad física, pues durante el mismo no se produjo el acceso a áreas vitales de la instalación", afirma el CSN; "el sistema de seguridad física cumplió su función de detección y retardo de la intrusión". "No obstante", matiza, "debido a los medios utilizados por los asaltantes (el grado de violencia sobre las personas y las infraestructuras) ni el vallado ni los vigilantes consiguieron detener la intrusión en el área protegida".
El consejo examinará el incidente con Iberdrola (propietaria de la planta) y realizará "un estudio sobre la capacidad de respuesta del sistema de seguridad física de la instalación, para identificar las mejoras que procedan a la luz de dicho análisis". Se incluirán "nuevos aspectos genéricos de mejora de la seguridad física en una revisión de la Instrucción de Seguridad prevista para este año". Y se trazará, con el resto de Administraciones implicadas en la seguridad de las instalaciones, un plan "para mejorar la capacidad de respuesta y de información preventiva ante actos de agresión, ataque o asalto a cualquier central nuclear española".
Desde la irrupción de los miembros de Greenpeace, la preocupación no fue el daño que pudieran causar los activistas, sino la sensación de que si ellos habían sido capaces, ¿por qué no iba a poder serlo un comando terrorista con intenciones mucho peores? La facilidad con la que los ecologistas cortaron las alambradas de seguridad y superaron el obstáculo que representaban los cuatro vigilantes de seguridad, daba que pensar.
La central, el CSN y la Delegación del Gobierno dieron a entender ayer que la respuesta fue la que fue porque todo indicaba que se trataba de Greenpeace (la organización llamó para avisar de la acción justo antes de emprenderla) y porque los activistas corrieron en una dirección que los alejaba de los "edificios nucleares" de la planta. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiesen avanzado hacia allí? La respuesta oficial es que las centrales nucleares cuentan con un plan de protección, pero que ese protocolo es confidencial.
Un ex alto cargo del Gobierno con conocimiento sobre la materia afirmaba ayer que aunque la imagen de seguridad que se transmitió en la planta fue lamentable, lo cierto es que el daño que potencialmente podía haberse causado en la zona en la que se encontraban los activistas era muy bajo: la planta podría haber seguido funcionando sin la torre de refrigeración. En caso de ataque, prosiguió, el edificio del reactor nuclear, auténtico punto crítico de la central, hubiese quedado sellado por una coraza de hormigón capaz de resistir la explosión de una bomba o el impacto de un avión enemigo. Se trata, concluyó, de una medida de protección habitual hoy y con la que no contaban centrales soviéticas como la de Chernóbil.
La propuesta del CSN de mantener abierta 10 años más Cofrentes, que ahora habrá de confirmar el Gobierno, era de esperar: entró en servicio en 1984 y el debate sobre el cierre de las nucleares se planteaba, hasta hace poco, a partir de los 40 años de vida. El Gobierno parece ahora inclinarse por ampliar ese límite, no por reducirlo.
Los activistas que subieron a la torre declararon ayer en el juzgado de Requena y quedaron en libertad con cargos de resistencia a la autoridad, daños, lesiones, desobediencia y desórdenes públicos. Según la organización, los vigilantes admitieron que los activistas no tuvieron una actitud agresiva ni violenta. Y que nadie fue herido con una sierra radial, como dijo la Delegación del Gobierno en Valencia, sino que uno de los guardias se hizo un arañazo con la verja.

Fuente: El País
17/02/11

Suplemento Temático: Seguridad en el Suministro de Energía