El PP señala que tanto Grupo Control como Securitas Seguridad se han visto obligados a dejar de prestar los servicios por impagos Algo más de 2 millones de euros es la cantidad que dice el Partido Popular que debe el Ayuntamiento de El Ejido a las dos últimas empresas que se han hecho cargo del servicio de vigilancia en los edificios municipales y que, por los impagos, se han visto obligadas a dejar de prestar los servicios a la Administración local.Según ha señalado el portavoz popular, José Francisco Rivera, tanto Grupo Control como Securitas Seguridad España han tenido que «tomar la puerta» ante los continuos impagos, lo que viene a ser «un ejemplo más de cómo el desgobierno del PAL está provocando que el Ayuntamiento de El Ejido esté generando problemas muy serios a las empresas que tienen relaciones comerciales con el mismo», lo que acarrea consecuencias, especialmente para los trabajadores, que han visto cómo han perdido su puesto de trabajo, 25 en el caso de Securitas, y por ello hoy se concentrarán en la Plaza Mayor de 12 a 15 horas en señal de protesta.Rivera lamenta que las empresas «tengan que terminar huyendo para evitar ir a la ruina por los continuos impagos, situación ésta que también afecta de lleno a muchos trabajadores que prestan sus servicios para los ejidenses y que ven trucada su vida laboral por la irresponsabilidad de un equipo de gobierno que debería haber tomado la puerta hace mucho tiempo».El portavoz popular recuerda que en el año 2008, siendo Grupo Control la empresa encargada de la seguridad de las instalaciones municipales, «tuvo que comunicar al Ayuntamiento su deseo de dejar de prestar unos servicios por los que no estaba cobrando y que ya acumulaban una deuda importante que oscilaba en 1 millón de euros». Esta situación, prosigue Rivera, llevó a que el equipo de gobierno sacara a licitación en octubre de 2008 la adjudicación del servicio de seguridad privada en los edificios e instalaciones municipales. Posteriormente y tras ser la única empresa en presentarse, los servicios fueron adjudicados en enero de 2009 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la empresa Securitas Seguridad España, S.A. y Star Servicios Auxiliares, S.L.Dos años después, los problemas que soportaba Grupo Control también llegaron a la UTE, que «se ha visto obligada a rescindir el contrato» con el Consistorio pues, «de los últimos 24 meses no han cobrado más de 3 ó 4 mensualidades, estando pendientes de pago sobre 1.100.000 euros». Una deuda que, a juicio del popular, la empresa «no está dispuesta a que siga creciendo día a día, sin tener ningún tipo de garantía de cobro».Lo acontecido «se veía venir», indican desde el Partido Popular, formación desde la que se lleva solicitando varios años la necesidad de elaborar un plan de saneamiento «que empezara a reconducir una situación que era extremadamente delicada y que estaba muy lejos de esa situación de equilibrio y bonanza que nos quería vender el equipo de gobierno».Explica el portavoz del PP que la situación era de «ruina económica» a pesar de que «se ha estado ocultando tras un amasijo de números que para nada se ajustaban a la realidad y que han demorado de forma muy peligrosa la adopción de medidas correctoras». En este sentido, señala José Francisco Rivera que las únicas medidas que se han planteado desde el PAL han venido» tras la intervención por la Fiscalía de nuestro Ayuntamiento, pues hasta hace unos días antes, el alcalde se permitía el lujo de seguir diciendo que éramos la envidia económica de Andalucía».Ante la actual situación que deja los edificios municipales sin seguridad y vigilancia, el PP exige que se saque a licitación pública cuanto antes la prestación del servicio de seguridad privada en los edificios e instalaciones municipales, «de forma que no queden sin control ni vigilancia nuestros campos de fútbol, oficinas de junta local, teatros o almacenes, entre otras». En dicha licitación, entienden desde el PP que ha de tenerse en cuenta a los 25 trabajadores «que se han visto despedidos por culpa de la irresponsabilidad del equipo de gobierno. Sería una buena noticia», indica Rivera, que la empresa que pudiera resultar adjudicataria de los servicios, incorporara a estos trabajadores que ya cuenta con una experiencia de años en esas labores de control y vigilancia en el municipio de El Ejido.
Algo más de 2 millones de euros es la cantidad que dice el Partido Popular que debe el Ayuntamiento de El Ejido a las dos últimas empresas que se han hecho cargo del servicio de vigilancia en los edificios municipales y que, por los impagos, se han visto obligadas a dejar de prestar los servicios a la Administración local.
Según ha señalado el portavoz popular, José Francisco Rivera, tanto Grupo Control como Securitas Seguridad España han tenido que «tomar la puerta» ante los continuos impagos, lo que viene a ser «un ejemplo más de cómo el desgobierno del PAL está provocando que el Ayuntamiento de El Ejido esté generando problemas muy serios a las empresas que tienen relaciones comerciales con el mismo», lo que acarrea consecuencias, especialmente para los trabajadores, que han visto cómo han perdido su puesto de trabajo, 25 en el caso de Securitas, y por ello hoy se concentrarán en la Plaza Mayor de 12 a 15 horas en señal de protesta.
Rivera lamenta que las empresas «tengan que terminar huyendo para evitar ir a la ruina por los continuos impagos, situación ésta que también afecta de lleno a muchos trabajadores que prestan sus servicios para los ejidenses y que ven trucada su vida laboral por la irresponsabilidad de un equipo de gobierno que debería haber tomado la puerta hace mucho tiempo».
El portavoz popular recuerda que en el año 2008, siendo Grupo Control la empresa encargada de la seguridad de las instalaciones municipales, «tuvo que comunicar al Ayuntamiento su deseo de dejar de prestar unos servicios por los que no estaba cobrando y que ya acumulaban una deuda importante que oscilaba en 1 millón de euros». Esta situación, prosigue Rivera, llevó a que el equipo de gobierno sacara a licitación en octubre de 2008 la adjudicación del servicio de seguridad privada en los edificios e instalaciones municipales. Posteriormente y tras ser la única empresa en presentarse, los servicios fueron adjudicados en enero de 2009 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la empresa Securitas Seguridad España, S.A. y Star Servicios Auxiliares, S.L.
Dos años después, los problemas que soportaba Grupo Control también llegaron a la UTE, que «se ha visto obligada a rescindir el contrato» con el Consistorio pues, «de los últimos 24 meses no han cobrado más de 3 ó 4 mensualidades, estando pendientes de pago sobre 1.100.000 euros». Una deuda que, a juicio del popular, la empresa «no está dispuesta a que siga creciendo día a día, sin tener ningún tipo de garantía de cobro».
Lo acontecido «se veía venir», indican desde el Partido Popular, formación desde la que se lleva solicitando varios años la necesidad de elaborar un plan de saneamiento «que empezara a reconducir una situación que era extremadamente delicada y que estaba muy lejos de esa situación de equilibrio y bonanza que nos quería vender el equipo de gobierno».
Explica el portavoz del PP que la situación era de «ruina económica» a pesar de que «se ha estado ocultando tras un amasijo de números que para nada se ajustaban a la realidad y que han demorado de forma muy peligrosa la adopción de medidas correctoras». En este sentido, señala José Francisco Rivera que las únicas medidas que se han planteado desde el PAL han venido» tras la intervención por la Fiscalía de nuestro Ayuntamiento, pues hasta hace unos días antes, el alcalde se permitía el lujo de seguir diciendo que éramos la envidia económica de Andalucía».
Ante la actual situación que deja los edificios municipales sin seguridad y vigilancia, el PP exige que se saque a licitación pública cuanto antes la prestación del servicio de seguridad privada en los edificios e instalaciones municipales, «de forma que no queden sin control ni vigilancia nuestros campos de fútbol, oficinas de junta local, teatros o almacenes, entre otras». En dicha licitación, entienden desde el PP que ha de tenerse en cuenta a los 25 trabajadores «que se han visto despedidos por culpa de la irresponsabilidad del equipo de gobierno. Sería una buena noticia», indica Rivera, que la empresa que pudiera resultar adjudicataria de los servicios, incorporara a estos trabajadores que ya cuenta con una experiencia de años en esas labores de control y vigilancia en el municipio de El Ejido.
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