El inspector de los Mossos Ramon Grasa, jefe del Área Territorial de Investigación, ha explicado en declaraciones a los periodistas que la mujer, de nacionalidad española, está acusada de un delito de inducción al homicidio, ya que supuestamente contactó a través de Internet con un hombre para encargarle que matara a la cónyuge de su amante.
Según Grasa, el falso "sicario" se presentó en una comisaría de los Mossos d'Esquadra de Barcelona el pasado 9 de diciembre, denunciando que una mujer había contactado con él a través de su página web para encargarle el crimen de la mujer de su amante.La inductora del crimen y el marido de la potencial víctima, además de amantes, eran también compañeros de trabajo.
El inspector ha explicado que el falso "sicario" ofrecía sus servicios en materia de vigilancia y seguridad, siempre en el ámbito legal, destacando su experiencia en conflictos internacionales, aunque la presunta inductora le confundió con un asesino a sueldo, lo que a la postre acabó frustrando el crimen.
Tras recibir la denuncia, los Mossos comprobaron que el encargo criminal era verosímil, por lo que dieron alta prioridad al caso y suplantaron al falso "sicario" con el triple objetivo de descubrir quién era la inductora, evitar que intentara contactar con un asesino de verdad y proteger a la víctima.
Los investigadores intercambiaron entonces gran cantidad de correos electrónicos con la inductora del crimen, que les aportó muchos datos personales sobre la potencial víctima, a la que demostró conocer muy bien.
Más de un mes después, los agentes, suplantando al falso "sicario", concertaron una cita el pasado 12 de enero con la inductora para que les hiciera en Barcelona el primer pago -de unos 500 euros-, momento en aprovecharon para detenerla "con las manos en la masa", según el inspector.
Grasa también ha confirmado que el marido de la potencial víctima no tenía conocimiento de las ideas criminales de su amante, que actuó bajo un móvil sentimental.
Además, ha apuntado que el precio que la mujer estaba dispuesta a pagar -que ha cifrado entre 2.000 y 3.000 euros, aunque fuentes cercanas a la investigación consultadas por Efe lo han concretado en 2.400-, se sitúa en la franja alta de lo que se puede llegar a pagar por este tipo de encargos criminales.
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