La empresa de seguridad privada que vigila el cementerio de San Gabriel ha indemnizado con 1.000 euros a una mujer de 78 años que se quedó encerrada en los servicios del camposanto durante doce horas
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Dos mujeres de mediana edad acuden a la 1.00 de la mañana a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional para denunciar la desaparición de su madre, de 78 años de edad. "Voy a hacer un recado y ahora vuelvo", dejó la progenitora escrito en una nota.
La anciana, según dijeron, debió abandonar la casa familiar entre las 6.00 y las 9.00 horas de un día de finales de abril de 2009. Y, desde ese momento, no habían vuelto a saber nada de ella. "Sólo llevaba el bonobús y algo de dinero", precisaron en su escrito de denuncia.
Lo que no sabían es que su madre pasó la noche en uno de los servicios que existen en el cementerio de San Gabriel (Parcemasa), adonde había ido para visitar la tumba de su difunto esposo.
La mujer llegó al camposanto mucho antes de las 18.00 horas, y acudió un momento al excusado. El problema es que justo a esa hora se cierra Parcemasa, el vigilante jurado termina su ronda y, tras revisar y precintar todas las estancias, se retira. Así, hizo lo propio con la puerta del baño, ubicado entre decenas de tumbas y lápidas.
La mujer, cuyas iniciales son M. S. F., escuchó cómo se cerraba la puerta, pero no se imaginó que no podría salir hasta las 9.05 horas de la mañana del día siguiente. "Esta noche tuvo mucho miedo, gritó durante el tiempo que duró su encierro con la esperanza de que alguien oyera sus lamentos; incluso, golpeó en numerosas ocasiones la puerta. No fue una situación agradable", relata la abogada Ana Avellaneda, quien representa a la afectada.
Sus lamentos aumentaron cuado vio lo estrechos que eran los servicios y cómo el vigilante se marchaba en su vehículo.
A la mañana siguiente, al no obtener respuesta a sus súplicas, seguía gritando. Pasadas las 9.00 horas, otra anciana que había acudido al camposanto escuchó los gritos y hasta allí acudieron los vigilantes, varios empleados y el gerente de Parcemasa y la psicóloga del cementerio, quien la atendió. La víctima sufrió un agudo ataque de ansiedad y tenía diversas magulladuras tras haber estado toda la noche pegando golpes.
La anciana escribió al Ayuntamiento para reclamar los daños, pero el Consistorio la remitió a Parcemasa. La empresa pública le explicó que el seguro de responsabilidad no respondía por esa incidencia, por lo que solicitó una abogada de oficio, labor que recayó en Avellaneda, quien tras varias negociaciones con la concesionaria de la seguridad ha logrado que la mercantil indemnice a su representada con 1.000 euros por los daños morales sufridos. No ha habido que llegar a juicio.
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