“Alerta máxima en el Índico”. La calma en las aguas tras un período en el que el mar ha estado revuelto ha dejado de nuevo a los pesqueros que faenan en esas aguas más expuestos a los piratas, de los que está “plagada” la zona.
Y los atuneros españoles vuelven al primer plano de la actualidad, con el modelo de seguridad en entredicho. Primero fue el secuestro del Playa de Bakio. Después, la petición de los armadores de embarcar infantes de Marina para protegerse de los ataques piratas. Posteriormente, el secuestro del Alakrana y, finalmente, la controversia en torno a la seguridad privada que el Gobierno ha autorizado en los buques en sustitución de militares que reclaman los armadores.
Estos están satisfechos con la labor de los vigilantes que desde el pasado mes de noviembre protegen a los atuneros que faenan en el Índico. En los últimos días, tres buques pesqueros españoles repelieron ataques piratas gracias a los agentes de seguridad privada que van embarcados en los atuneros. Un cuarto buque consiguió escapar. En dos casos se produjo un tiroteo.
El jueves fue entre los corsarios y el Albacán, propietario de la armadora Albacora. El viernes entre los piratas y el Intertuna II, de la misma compañía. La diferencia es que el primero de ellos tiene bandera española y los vigilantes de seguridad son españoles. El segundo navega bajo pabellón de Seychelles y los agentes son británicos.
Satisfacción
Desde la compañía destacan la profesionalidad de todos los agentes, tanto los españoles como los británicos, y la ayuda de la seguridad privada y la misión Atalanta. Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, esto indica que “las medidas adoptadas están funcionando” y los medios son “eficaces”.
Pero el problema está en las condiciones en las que trabajan esos agentes y en las consecuencias que eso puede tener para el sector, según fuentes del entorno consultadas por este periódico. Han trascendido las quejas de varios trabajadores que denuncian haber sido despedidos alegando que no han superado el periodo de prueba, cuando en realidad habían viajado a España en un relevo rutinario.
Asimismo, han manifestado su malestar por las condiciones de trabajo en lo que respecta a armamento y equipamiento, al margen de la formación. La empresa concesionaria del servicio, Segur Ibérica, salió al paso mediante un comunicado negando los despidos y los problemas con los agentes y destacando la “efectividad del servicio”. Pero, para las empresas de seguridad privada esto no es suficiente. Fuentes del sector destacan que “la piratería es un problema creciente con implicaciones terroristas que van en aumento”. Por ello, aseguran, “hay una oportunidad de negocio que defender” que se puede ver perjudicada por la forma de actuar de Segur Ibérica, a la que, según las mismas fuentes, se le “ha adjudicado el contrato sin experiencia en el mar y por sus relaciones especiales con Defensa cuando había otras empresas que tienen experiencia en protección marítima y están haciendo las cosas bien”.
El problema, según fuentes cercanas a las compañías de seguridad, es que la “empresa hizo una selección nula y una formación pobre”. Según Ismael Nettah, uno de los vigilantes que estuvo embarcado en el Índico y que fue despedido cuando viajó a España para efectuar un relevo, “los militares hicieron lo que pudieron en los tres días que estuvimos en la base de Cartagena (Murcia)”. Es más, denuncia que algunos de los agentes que sustituyen a los que han sido despedidos alegando que no han superado el periodo de prueba confiesan que “no han hecho ningún curso” antes de subir a bordo de los atuneros.
Fuente: Expansió.com
Suplemento Temático: Seguridad en el Transporte
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