Las empresas de seguridad privada apuestan por ampliar su ámbito de actuación a las calles de aquellos centros comerciales abiertos en centros urbanos. Si hasta ahora, los vigilantes únicamente pueden intervenir en el interior de empresas y establecimientos, desde la patronal del subsector abogan por actuar en las vías públicas, a pesar de que la legislación actual lo impide. De hecho, en estos momentos sólo se prevé un servicio de seguridad privada en calles de determinados polígonos o urbanizaciones alejadas de los núcleos de población principales y bajo la preceptiva autorización de la Delegación del Gobierno de cada comunidad autónoma.
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) ofreció una rueda de prensa para divulgar un estudio de opinión sobre las inquietudes y demandas de los ciudadanos en relación a su actividad económica.
A la hora de valorar posibles competencias de los vigilantes de seguridad en las calles de la ciudad, el presidente de la entidad, Javier Martín Azcano señala que "casi todos los españoles estarían de acuerdo con que desarrollasen labores de vigilancia y control", es decir, retener a presuntos delincuentes hasta la llegada de la Policía; presencia en las vías públicas para disuadir a delincuentes potenciales o, en caso de agresión, intervención para inmovilizar al agresor.
Identificaciones
En esa línea, un 78,3 por ciento de los encuestados apoyan que dichos trabajadores también cuenten con autorización para identificar y pedir la documentación a individuos sospechosos.
Además, según la referida encuesta, muchos ciudadanos también estiman adecuada la presencia de vigilantes en los centros educativos. Y casi un 58 por ciento de los ciudadanos consultados ven en dichos trabajadores a "una figura de autoridad". Según el estudio de opinión encargado por Aproser, a la mayor parte de los ciudadanos consultados valoran como adecuada o muy adecuada la medida de que los barcos lleven a bordo personal de seguridad privada para prevenir los ataques de piratería.
En este asunto, se aprecia que la mayoría de los jóvenes preguntados por el asunto considera que la protección de tales embarcaciones debe corresponder al Ejército, mientras que las personas de mayor edad apuestan por las empresas de seguridad privada.
El ámbito de la encuesta se realizó a 1.722 personas en la Península, Canarias y Baleares, en un trabajo de campo realizado entre el 16 y el 30 de diciembre de 2009.
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