De entre los numerosos despropósitos del Gobierno Zapatero destaca la negociación que mantuvo con los terroristas de ETA, de la que todavía se desconocen todos los detalles, pero que por lo investigado en el caso Faisán se puede intuir que oscila entre la chapuza y la alta traición. Pareciera que el PSOE se siente incapaz de tratar a los terroristas como merecen, con la fuerza moral, legal y policial que debe exhibir un Estado de Derecho frente a una pandilla de asesinos. Al contrario, se diría que la losa de los GAL se ha transformado en un freudiano sentimiento de culpa, que obliga a los de Ferraz a dirigirse a los terroristas en condiciones de igualdad, y muy dispuestos a negociar la paz a cualquier precio.
Algunos pretenden lavar su historia más negra en el blanco sudario de las víctimas. Ayer mismo, en el Senado, el presidente del Gobierno volvió a acusar al PP de no mostrar un apoyo incondicional a la política antiterrorista del Gobierno, y todo apunta a que al ver su proyecto y su imagen deshechos en la pavorosa realidad económica y social haya rescatado su proyecto más mesiánico, el de convertirse de nuevo en el hombre de la paz frente a los terroristas de ETA.
Cada día son más los indicios que señalan que los contactos entre el zapaterismo y la banda se están retomando. Dentro de estas coordenadas se engloba la noticia que ofrece hoy LA GACETA sobre la retirada de escoltas en el País Vasco, que nadie creerá que se fundamenta en el ahorro de dinero público. Es evidente que para desarrollar políticas de austeridad hay muchos gastos que recortar antes que suprimir esta eficaz medida de seguridad. Durante años, centenares de cargos públicos se han habituado a vivir con una sombra armada en los talones, con todo lo desagradable que eso tiene, pero es que la amenaza permanente de ETA lo exige. Muchos de los protegidos no son políticos profesionales, sino personas de a pie –administrativos, médicos, comerciantes– gente que lleva protección porque compagina su labor profesional con el sillón de concejal. Incluso se ha dado el caso en el que unos escoltas tenían que proteger a un vigilante de seguridad, valeroso edil en un pequeño pueblo, o a un controlador de parquímetros que hacía su ronda con dos tipos cubriéndole la espalda. Todos estos objetivos potenciales de ETA quedarán a merced de los asesinos cuando se les retire la escolta, y es lógico pensar que el Ministerio del Interior y el Gobierno vasco no suprimirían la protección sin poder garantizar la seguridad de estas personas.
Sin embargo, sorprende la terrible amnesia de un Ejecutivo tan obsesionado con la Memoria Histórica. No se ha recordado lo suficiente aquel discurso de Zapatero, optimista hasta lo pueril, en la víspera del gran atentado de Barajas, que causó dos muertos y se llevó por delante un edificio entero, probablemente una de las acciones más poderosas de la historia de ETA. Todavía nadie ha asumido la responsabilidad de aquel desastre. Incluso aceptando que las conversaciones que se llevaban a cabo mientras los etarras cargaban la furgoneta estuviesen alimentadas de auténtica buena fe, (cosa más que dudosa a la vista del Faisán), alguien tendría que haberse marchado a casa, por puro bochorno. No pasó nada. Los únicos que pagaron los errores fueron los inmigrantes que quedaron sepultados en el aparcamiento de la T-4. Quizá por esto, porque la irresponsabilidad les salió gratis, se animan ahora a revivir el despropósito de la negociación.
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