Los sindicatos estatales convocarán una huelga general en Semana Santa
Unos 1.100 profesionales de la seguridad privada en la provincia de León, que desarrollan su trabajo como vigilantes jurados, escolta de explosivos y transporte de fondos, se encuentran desde hace dos años sin convenio laboral y con unas negociaciones prácticamente inexistentes.
Esta fue la causa de la manifestación que se celebró el pasado día 2 de marzo, convocada por los sindicatos UGT, CCOO y USO, para conseguir forzar a la patronal a retomar la negociación del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada, que afecta a 100.000 trabajadores en todo el país y que se encuentra paralizado desde finales de 2008. Con una mesa negociadora que se ha convocado después de 18 meses sin contactos.
Desde las centrales sindicales denuncian el enquistamiento del Diálogo Social, las propuestas inasumibles de la parte empresarial y la inviabilidad de las estrategias de acercamiento ya realizadas. Una situación que ha llevado a los sindicatos a convocar una huelga general –de no iniciarse los contactos– del 29 de marzo al día 5 de abril, es decir, durante toda la Semana Santa.
Según el responsable del sector en la Federación de Servicios a la Sociedad (FES) de la UGT, Gregorio Fernández García, en la provincia desarrollan esta actividad un total de 12 empresas, con sueldos muy bajos ya que el salario base bruto es de apenas 1.035 euros, que se incrementan a los 1.151 en el caso de tener que portar un arma, y que tras los descuentos de IRPF y Seguridad Social se “ve reducido en la mayor parte de los casos a un salario que apenas supera los 800 euros”. Una cuantía que obliga a los trabajadores a realizar horas extras, con la particularidad de que las mismas se cobran por debajo de la hora ordinaria, “al contrario de lo que sucede en cualquier otro trabajo”, señala Fernández.
Esta situación ha sido denunciada en varias ocasiones por los sindicatos con sentencias favorables a los representantes de los trabajadores, “por lo que las empresas deberían pagar una millonada a la plantilla”. Esto ha provocado que las empresas entiendan que las sentencias obligan a revisar la actual tabla salarial, ya que de otra manera y con el incremento de las horas extraordinarias se dispararían sus costes salariales.
Algo en lo que no están de acuerdo los sindicatos, que piden un incremento salarial del 1,4%, y que consideran que existen salarios muy precarios con sueldos mileuristas. Mientras los beneficios de las empresas de seguridad ascendieron a nivel nacional a 134 millones de euros durante el pasado año.
Asimismo, reprochan a los empresarios del sector que se escuden en la crisis para no negociar subidas salariales, cuando, a juicio de los sindicatos, el sector no ha sufrido hasta ahora la crisis y ha tenido unos “beneficios abusivos”.
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