Segur Ibérica, investigada por cobrar servicios que no realiza

Segur Ibérica, investigada por cobrar servicios que no realiza

Segur Ibérica, una de las grandes empresas de seguridad españolas, está siendo investigada por cobrar unos servicios que presuntamente no ha realizado. Según sus cuadrantes internos, se cobraron las rondas realizadas por 'Vigilante ficticio 11' o 'Del Vigilante XXX". La empresa que registra de forma informática esas rondas habla de un fraude de más de 2 millones de euros. Entre los afectados se encontrarían los ministerios de Fomento, Hacienda, Cultura y de Política Territorial.



Segur Ibérica, una de las tres grandes empresas de seguridad del país, está siendo investigada por cobrar horas de vigilancia que presuntamente no ha realizado. Según sus cuadrantes internos, se cobraron los servicios realizados por 'Vigilante ficticio 11' o 'Del Vigilante XXX". La empresa que registra de forma informática esas rondas habla de un fraude de más de 2 millones de euros.

En el museo Reina Sofía trabajan una treintena de vigilantes de esta empresa, pero, según la querella, a la hora de pasar la minuta al museo les cobraban por horas que no han trabajado o por vigilantes que no existen.

Otro procedimiento del que se acusa a Segur Ibérica es utilizar trabajadores auxiliares pertenecientes a otras empresas para hacer labores de vigilancia, lo que está prohibido por la Ley.

Casi 450.000 euros de estafa

Además, la querella señala que se empleaban vigilantes para labores de escolta y no para su trabajo. El centro Reina Sofía es solo uno de los estafados, pero hay más: ADIF, RENFE, AENA, FEVE... El importe de la estafa a diversos organismos dependientes del Ministerio de Fomento llega casi a los 450.000 euros.

Pero también hay otras administraciones públicas afectadas: los ministerios de Hacienda, Cultura o de Política Territorial. Pero también a otros entes, provinciales, autonómicos o locales, como la Generalitat catalana, el ayuntamiento de Barcelona, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Europea o la Universidad Complutense, a la que podrían haber estafado hasta 115.000 euros. El montante global de la estafa en dos años es de más de dos millones de euros.