Los partidos políticos con representación parlamentaria no sólo reciben subvenciones del Estado para su financiación ordinaria, sino que también se benefician de un buen pellizco, para sus gastos de seguridad.
Éste es el dato objetivo: los partidos políticos recibirán en el año 2010 un total de 85,41 millones de euros para su financiación, de los cuales 4,17 millones se destinan a los gastos de seguridad.
La seguridad y la política viven íntimamente ligadas. Y en España parece que están condenadas a entenderse por culpa del terrorismo de ETA. En nuestro país tenemos a todo un Ministerio del Interior y a una Consejería del mismo ramo en el País Vasco dedicados a luchar contra los terroristas.
Seguridad privada
Y además, como los medios públicos no son suficientes, hay que contratar seguridad privada para poder cubrir la demanda tan grande de protección personal que requieren las amenazas de los etarras. Porque buena parte de los agentes de escolta destinados a dar cobertura a los políticos proviene de grandes empresas de seguridad que cobran cantidades millonarias.
Efectivamente, para poder hacer frente a la escolta privada de los amenazados por ETA, el Ministerio y la Consejería vasca de Interior destinan algo más de 200 millones de euros al año. Un dinero bien empleado, un dinero que sirve para impedir que los terroristas siembren el miedo. Pero un dinero que también es insuficiente, ya que no cubre la seguridad ordinaria de los partidos políticos, una cobertura que también se contrata a las empresas privadas del ramo.
Y esto es así porque la Ley de Financiación de Partidos Políticos aprobada en 2007 obliga a la financiación de los gastos de seguridad de los propios partidos que hayan obtenido representación parlamentaria, como el PSOE, que recibirá 1,94 millones de euros por este concepto en 2010, y el PP, que obtendrá 1,74 millones.
Menos mal que, poco a poco, le estamos ganando la batalla a ETA.
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