Se trata de una medida provisional mientras la Consejería de Justiciaen Sevilla decide qué hacer con el acuerdo adoptado por los magistrados
La gerencia de la Ciudad de la Justicia, dependiente de la Junta de Andalucía, quiere evitar nuevos incidentes por el uso del aparcamiento subterráneo, mientras los servicios centrales de la Consejería de Justicia en Sevilla deciden cómo responder al acuerdo adoptado por el juez decano y el presidente de la Audiencia que asignan a los magistrados y fiscales el uso preferente de las 166 plazas del 'parking'.
Según ha podido saber este periódico, en una reunión el pasado viernes por la tarde con responsables de la Guardia Civil y de la seguridad privada que custodia el edificio con el gerente se platearon dos opciones. La primera es dejar pasar, sin excepción, a todos los vehículos al 'parking', siempre que estén debidamente autorizados. La segunda es mucho más expeditiva: colocar un cartel de 'cerrado por obras' en la cancela de acceso al recinto, lo que se debería hacer esta noche para evitar la entrada de vehículos al recinto mañana desde primera hora. También se propuso en la reunión que el acceso al garaje esté controlado por vigilantes de la empresa de seguridad privada en lugar de por los agentes de la Guardia Civil. Fuentes de la Consejería de Justicia manifestaron ayer que los servicios jurídicos «estudiarán» la situación creada tras el acuerdo dictado por los jueces, aunque descartaron que se produzca una respuesta inmediata.
La pugna entre jueces y funcionarios por el uso del aparcamiento de la Ciudad de la Justicia viene de lejos, en concreto, desde que la Delegación Provincial de Justicia de Málaga reguló su régimen en febrero de 2008 mediante un protocolo de funcionamiento, que establece la ocupación del recinto por orden de llegada, sin distinción entre jueces, funcionarios, secretarios y otros trabajadores del edificio.
El pasado 8 de julio el juez decano y el presidente de la Audiencia dictaron un acuerdo por el que asignaban al colectivo de jueces y fiscales el uso preferente del 'parking' por «razones de seguridad». Se trata de un acuerdo que consideran ya ejecutivo «porque no ha sido recurrido». De hecho, el viernes apercibieron a la Guardia Civil y al gerente de la sede judicial de que en caso de incumplirlo pueden incurrir en un delito de desobediencia.
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