El Gobierno empieza a ceder a la presión del sector atunero, que demanda mejores medidas de protección ante la amenaza de los piratas en aguas de Somalia. Ayer dio un paso más
El Gobierno empieza a ceder a la presión del sector atunero, que demanda mejores medidas de protección ante la amenaza de los piratas en aguas de Somalia. Ayer dio un paso más en su claudicación, que comenzó cuando autorizó el embarque de seguridad privada en los buques con armamento de largo alcance. Ahora, ya no descarta que esa seguridad privada pueda utilizar metralletas de calibre 7.62 y fusil de asalto, según han asegurado a ABC fuentes solventes. Todo, con tal de no embarcar infantes de Marina en los barcos.
Quince días después del secuestro, aún sin resolver, del atunero «Alakrana», el Ministerio de Defensa y de Medio Ambiente Rural y Marino no ha tenido más remedio que convocar a los representantes de las dos organizaciones de armadores atuneros (Anabac y Opagac) para plantearles una solución. El hecho de que el secuestro del «Alakrana» sea la crónica de una captura anunciada y de que un incidente así puede volver a repetirse si no se adoptan las medidas adecuadas, ha llevado al secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez; al secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta; y al secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, a proponer al sector una modificación de la Ley de Seguridad Privada.
Ante la falta de voluntad política para cambiar la Ley de Defensa Nacional y permitir el embarque de infantes de Marina, el Gobierno busca una salida al callejón en que se encuentra. Ni el avión de patrulla marítima P3 Orión, ni el envío de fragatas ha servido para proteger a la flota española.
La propuesta del Gobierno incluye la modificación de la Ley de Seguridad Privada y estudia que puedan utilizar ametralladoras de calibre 7.62 y fusiles de asalto, la disposición a formar al personal, apoyo para el traslado del material bélico a la zona y posibilidad de financiación.
Sin embargo, el problema que se plantea, según las fuentes consultadas por ABC, es que el trámite para modificar la ley y formar al personal se puede prolongar entre dos y tres meses. Actualmente, en España no existen empresas de seguridad autorizadas para manejar el tipo de armas. Por ello, mientras se resuelven estos trámites, los armadores han solicitado a Defensa que les autorice a contratar empresas extranjeras. Hoy podrían darle una respuesta en la segunda reunión prevista.
Al margen de las negociaciones para garantizar la seguridad, para los tripulantes del buque secuestrado su máxima preocupación es saber el motivo «por el cual el secuestro se está prolongando tanto tiempo» y se preguntan «qué está pasando que no los traen para casa», como así lo señala Silvia Alvés, esposa del marinero Pablo Costas.
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